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La legisladora de Morena Ana Carmen Estrada García, presentó una iniciativa con carácter de Decreto a fin de transparentar públicamente todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado, vinculando a la luz pública los argumentos, razonamientos y criterios para emitirlas.
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La iniciativa presentada por Morena busca reformar el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como adicionar un artículo 81 BIS para establecer las obligaciones específicas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en esta materia.
La legisladora expuso que el derecho a la información consagrado en el artículo sexto de la Carta Magna y regulado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la obliga al Poder Judicial Federal y el de las Entidades Federativas de poner a disposición de todas las personas, las versiones públicas de las sentencias que fueran de “interés público”.
Sin embargo, el concepto de “interés público” ha generado mayor opacidad judicial, pues es considerado ambiguo y vago en su interpretación, situación que ha ocasionado que cada Tribunal interprete de manera diferente y restrictiva su significado, por tal motivo el pasado 13 de agosto, se reformó a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de que todas las entidades federativas publiquen las versiones públicas de todas las sentencias emitidas y no únicamente las de “interés público”.
En este sentido, la armonización de la ley local con relación a la Ley General, se centra precisamente en reformar la fracción VII del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, con el fin de precisar que el Poder Judicial deberá poner a transparentar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.
En suma, la opacidad en la que puede llegar a operar un Poder Judicial local que no hace públicas sus resoluciones, impide a la sociedad evaluar la forma en la que se imparte la justicia, favorece la emisión de sentencias discriminatorias e impide detectar actos de corrupción.
El segundo punto tratado en la iniciativa de la legisladora busca impulsar acciones para garantizar el debido funcionamiento de todos los órganos que componen el Sistema Estatal Anticorrupción.
La legisladora solicitó incluir el artículo 81 BIS a fin de establecer en la normativa estatal sus obligaciones específicas en materia de transparencia, las cuales resultan ser necesarias para su debida labor y funcionamiento, máxime si se trata del órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa y de relevante importancia dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.
De tal manera, por mandato legal es imprescindible actualizar nuestro marco jurídico estatal en materia de transparencia y acceso a la información, para armonizarlo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como con el Sistema Estatal Anticorrupción.
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