/ martes 24 de noviembre de 2020

Buscan hasta 10 años de prisión a quien robe tarjetas bancarias

Se busca sancionar la sustracción, copia o almacenamiento de los datos de las tarjetas de instituciones financieras

La diputada Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa con la cual se busca sancionar la sustracción, copia o almacenamiento de los datos de las tarjetas de instituciones financieras provenientes de una transacción física para la cual haya sido empleada.

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La legisladora panista explicó que el uso de tarjetas bancarias como medio de pago, ha beneficiado tanto a la ciudadanía como a los comercios y entidades gubernamentales, sin embargo a pesar de parecer la forma más segura para comprar servicios y productos, muchas personas se han visto afectadas ya que al momento de pagar con su tarjeta, los datos de la misma son sustraídos y tal es su sorpresa que posteriormente se percatan que sus cuentas han sido vaciadas con compras por internet que desconocen.

Peor aún, cuando llaman al banco para reportar dicho acontecimiento, lo único que la entidad financiera realiza es levantar un reporte de cargo desconocido y entregar al propietario de la cuenta un número de reporte para su seguimiento, dijo la diputada.

Explicó que la forma en la que operan las personas que cometen este tipo de delitos, son diversas, como el tallado de tarjetas, el smishing consistente en enviar mensajes SMS a un teléfono con la finalidad de que se visite una página fraudulenta, el phishing, también conocido como suplantación de identidad, en este tipo de fraude el objetivo es que al hacerse pasar por una institución, envían un mensaje indicando un error en una cuenta bancaria, y al ingresar los datos, obtienen información confidencial como: números de tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, entre otros.

Por lo anterior, Bujanda Ríos, propuso que se aplique una condena de 2 a 10 años de prisión, a quien cometa robo a través de la sustracción, copia o almacenamiento de información de tarjetas de crédito, débito o cualquier forma de pago electrónico sin consentimiento y por cualquier medio proveniente de una transacción económica y presencial con tarjetas de instituciones financieras.

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La diputada Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa con la cual se busca sancionar la sustracción, copia o almacenamiento de los datos de las tarjetas de instituciones financieras provenientes de una transacción física para la cual haya sido empleada.

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La legisladora panista explicó que el uso de tarjetas bancarias como medio de pago, ha beneficiado tanto a la ciudadanía como a los comercios y entidades gubernamentales, sin embargo a pesar de parecer la forma más segura para comprar servicios y productos, muchas personas se han visto afectadas ya que al momento de pagar con su tarjeta, los datos de la misma son sustraídos y tal es su sorpresa que posteriormente se percatan que sus cuentas han sido vaciadas con compras por internet que desconocen.

Peor aún, cuando llaman al banco para reportar dicho acontecimiento, lo único que la entidad financiera realiza es levantar un reporte de cargo desconocido y entregar al propietario de la cuenta un número de reporte para su seguimiento, dijo la diputada.

Explicó que la forma en la que operan las personas que cometen este tipo de delitos, son diversas, como el tallado de tarjetas, el smishing consistente en enviar mensajes SMS a un teléfono con la finalidad de que se visite una página fraudulenta, el phishing, también conocido como suplantación de identidad, en este tipo de fraude el objetivo es que al hacerse pasar por una institución, envían un mensaje indicando un error en una cuenta bancaria, y al ingresar los datos, obtienen información confidencial como: números de tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, entre otros.

Por lo anterior, Bujanda Ríos, propuso que se aplique una condena de 2 a 10 años de prisión, a quien cometa robo a través de la sustracción, copia o almacenamiento de información de tarjetas de crédito, débito o cualquier forma de pago electrónico sin consentimiento y por cualquier medio proveniente de una transacción económica y presencial con tarjetas de instituciones financieras.

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