Diputados de la fracción parlamentaria del PAN informaron que el dictamen de la Comisión de Niñez y Juventud del Congreso del Estado, el cual se bajó durante la sesión del miércoles, relativo a la derogación del derecho a corregir de padres a hijo, se presentará hasta que se haya sensibilizado y dialogado con agrupaciones de la sociedad civil organizada.
El coordinador de los diputados locales del PAN, Fernando Álvarez Monje, explicó que existe una incompleta socialización del dictamen “de cómo está el contenido del dictamen en términos jurídicos, más que éticos o morales, no estaba bien entendido, el tema es conceptual desde el punto de vista jurídico”.
Por lo anterior, aseguró que la diputada Marisela Terrazas, presidente de la Comisión de Niñez y Juventud, estará llevando a cabo reuniones con agrupaciones civiles e interesados en cuanto al dictamen de la reforma a diferentes artículos del Código Civil del Estado, relativo a la derogación del derecho de corregir.
Luego de la socialización y sensibilización del dictamen referido, comentó que pudiera ser en septiembre cuando regresen a periodo ordinario, para que sea votado ante el Pleno, enfocándose por ahora en el diálogo con los interesados.
Uno de los artículos que proponen reformar es el 400 del Código Civil del Estado, el cual quedaría: “Quienes ejerzan la patria potestad o tengan niñas, niños o adolescentes bajo su guarda y custodia o tutela tienen la obligación de otorgarles disciplina positiva y los cuidados necesarios, por lo que queda prohibido imponer, ejercer o utilizar castigos corporales o cualquier otro tipo de trato humillante que atente contra la dignidad humana, como forma de corrección disciplinaria. Dicha obligación también aplica para el personal de instituciones públicas y privadas que tengan a su cargo el cuidado o la asistencia de niñas, niños y adolescentes”.
A lo que el coordinador de Cruzada por la Familia, José Medrano, explica: “Esta facultad de corregir un mal comportamiento es otorgada por la Constitución del Estado a padres y tutores, pero también a instituciones educativas, albergues, entre otros, y está estipulada en los artículos 256 Bis, 400 y 471 del Código Civil del Estado, pero los diputados pretenden eliminarla obedeciendo una serie de recomendaciones no vinculantes emitidas por el llamado ‘Comité de Derechos del Niño’ de la ONU y que fueron formuladas al Estado mexicano”.
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