/ sábado 12 de junio de 2021

Califica CIDH como inaceptable la omisión del Estado en Choréachi

Hay órdenes de aprehensión de más de siete años que no se han ejecutado contra asesinos de rarámuris defensores de su territorio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones sobre el caso de la comunidad rarámuri de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, por la omisión del Estado mexicano sobre hechos delictivos cometidos contra sus habitantes, que van desde asesinatos, violaciones, tala ilegal, hostigamiento hasta robo de ganado, entre otros.

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Lo anterior, durante una audiencia de la Corte, en la que la Comisión valoró las medidas adoptadas por el Estado mexicano, en las que representantes de éste enumeraron acciones de desarrollo social que se brinda a la población indígena en general, pero que no atienden la problemática de violencia, despojo de territorio y asesinatos que azotan a la población de Choréachi, en la región de Pino Gordo.

La comisionada señaló que no ha identificado información que le permita distinguir que el contexto de violencia ya no se encuentra presente, ni se ha presentado un diagnóstico solicitado hace cuatro años que transcurrido el periodo; advierte que la situación de riesgo de extrema gravedad y urgencia no ha sido mitigada, y concluyó que la CIDH reitere al Estado la implementación de las medidas cautelares de protección que fueron otorgadas desde junio de 2017.

En su intervención, los jueces presentes en la audiencia virtual reprobaron que no se hayan implementado las medidas que fueron ordenadas hace cuatro años, y cuestionaron por qué no ha intervenido la autoridad federal, ante la petición de los beneficiarios. Durante esa ronda, el juez Eduardo Vio Grossi subrayó la preocupación de que no basta con que el Estado mexicano reconozca que no se ha cumplido una sentencia, lo que calificó como inaceptable, y destacó que es urgente que se implemente de forma inmediata.

En su calidad de presidente de la audiencia, la jueza Elizabeth Odio Benito destacó que es una enorme preocupación notar que muchas medidas siguen sin cumplirse.

“Mis colegas jueces lo han hecho notar en diferentes aspectos y eso será motivo de análisis, cuando nos reunamos a ver el resultado y presentar la resolución; quisiera, para finalizar, hacer un llamamiento al Estado, al Gobierno de México, en la parte federal y estatal, sobre la petición que han hecho los representantes y quienes acudan como defensores de derechos humanos que necesitan protección para volver a sus comunidades, esa protección es muy importante, y es importante que lo coordinen, entre federal y estatal, pero que la den efectivamente, que sean protegidos, para que no vaya a ocurrir uno de los episodios lamentables de violencia. Les reitero el agradecimiento y les decimos que la Corte seguirá vigilante sobre el cumplimiento de las medidas que se han tomado”, expresó

*Pueblo de Choréachi*

En su derecho de responder al informe que presentó el Estado mexicano, cuatro beneficiarios y pobladores de Choréachi manifestaron que son perseguidos y hostigados en su propia tierra, lo que les impide realizar sus prácticas culturales, como fiestas tradicionales, carreras, reuniones, y que son discriminados por no contar con un papel que avale la posesión ancestral de su territorio, por lo que sus vecinos mestizos les acusan de que no valen, por la ausencia del documento.

También dijeron que los “chabochi”, o mestizos, cambian de lugar las líneas o mojoneras, para introducirse cada vez más a su territorio, y los acosan al grado de que temen pasar por los caminos, cercar su terreno de siembra, y por la integridad de sus familias.

Representantes de organizaciones que les acompañan, como Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, manifestaron que las medidas de protección han sido insuficientes; que los 28 acuerdos que han sido derivados de las mesas de seguridad, han sido incumplidos, que no se han ejecutado las órdenes de aprehensión, de las que la más antigua es desde 2013; no se ha realizado una investigación efectiva de delitos de quema de viviendas, robo de ganado, violación a mujeres, y demandaron que se entregue el diagnóstico que se solicitó desde 2017, e información concreta sobre el caso, por lo que se señaló que el Estado mexicano ha sido cómplice por omisión.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones sobre el caso de la comunidad rarámuri de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, por la omisión del Estado mexicano sobre hechos delictivos cometidos contra sus habitantes, que van desde asesinatos, violaciones, tala ilegal, hostigamiento hasta robo de ganado, entre otros.

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Lo anterior, durante una audiencia de la Corte, en la que la Comisión valoró las medidas adoptadas por el Estado mexicano, en las que representantes de éste enumeraron acciones de desarrollo social que se brinda a la población indígena en general, pero que no atienden la problemática de violencia, despojo de territorio y asesinatos que azotan a la población de Choréachi, en la región de Pino Gordo.

La comisionada señaló que no ha identificado información que le permita distinguir que el contexto de violencia ya no se encuentra presente, ni se ha presentado un diagnóstico solicitado hace cuatro años que transcurrido el periodo; advierte que la situación de riesgo de extrema gravedad y urgencia no ha sido mitigada, y concluyó que la CIDH reitere al Estado la implementación de las medidas cautelares de protección que fueron otorgadas desde junio de 2017.

En su intervención, los jueces presentes en la audiencia virtual reprobaron que no se hayan implementado las medidas que fueron ordenadas hace cuatro años, y cuestionaron por qué no ha intervenido la autoridad federal, ante la petición de los beneficiarios. Durante esa ronda, el juez Eduardo Vio Grossi subrayó la preocupación de que no basta con que el Estado mexicano reconozca que no se ha cumplido una sentencia, lo que calificó como inaceptable, y destacó que es urgente que se implemente de forma inmediata.

En su calidad de presidente de la audiencia, la jueza Elizabeth Odio Benito destacó que es una enorme preocupación notar que muchas medidas siguen sin cumplirse.

“Mis colegas jueces lo han hecho notar en diferentes aspectos y eso será motivo de análisis, cuando nos reunamos a ver el resultado y presentar la resolución; quisiera, para finalizar, hacer un llamamiento al Estado, al Gobierno de México, en la parte federal y estatal, sobre la petición que han hecho los representantes y quienes acudan como defensores de derechos humanos que necesitan protección para volver a sus comunidades, esa protección es muy importante, y es importante que lo coordinen, entre federal y estatal, pero que la den efectivamente, que sean protegidos, para que no vaya a ocurrir uno de los episodios lamentables de violencia. Les reitero el agradecimiento y les decimos que la Corte seguirá vigilante sobre el cumplimiento de las medidas que se han tomado”, expresó

*Pueblo de Choréachi*

En su derecho de responder al informe que presentó el Estado mexicano, cuatro beneficiarios y pobladores de Choréachi manifestaron que son perseguidos y hostigados en su propia tierra, lo que les impide realizar sus prácticas culturales, como fiestas tradicionales, carreras, reuniones, y que son discriminados por no contar con un papel que avale la posesión ancestral de su territorio, por lo que sus vecinos mestizos les acusan de que no valen, por la ausencia del documento.

También dijeron que los “chabochi”, o mestizos, cambian de lugar las líneas o mojoneras, para introducirse cada vez más a su territorio, y los acosan al grado de que temen pasar por los caminos, cercar su terreno de siembra, y por la integridad de sus familias.

Representantes de organizaciones que les acompañan, como Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, manifestaron que las medidas de protección han sido insuficientes; que los 28 acuerdos que han sido derivados de las mesas de seguridad, han sido incumplidos, que no se han ejecutado las órdenes de aprehensión, de las que la más antigua es desde 2013; no se ha realizado una investigación efectiva de delitos de quema de viviendas, robo de ganado, violación a mujeres, y demandaron que se entregue el diagnóstico que se solicitó desde 2017, e información concreta sobre el caso, por lo que se señaló que el Estado mexicano ha sido cómplice por omisión.


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