El eje del conflicto por el agua almacenada en las presas de la región del Conchos, el trasvase para abastecer a Durango y Tamaulipas, y el Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, continuó como una de las principales temáticas en el estado.
El productor lechero Andrés Valles, los agricultores de La Cruz, Rosendo Lerma, Juan Lechuga, Juan Rivera, y Jessica Silva fueron los rostros de esa batalla librada en La Boquilla y Las Vírgenes, así como las vías férreas, además el terreno político en el marco de las campañas electorales.
Candidatos a la gubernatura y alcaldías, líderes agrícolas y de organizaciones civiles hicieron suya esa bandera, que incluso inspiró un documental protagonizado por Gael García Bernal para exponer que cada uno llevaba “agua para su molino”, sin buscar una solución de fondo.
Después de las elecciones, agentes de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron en julio a Andrés Valles, uno de los líderes del movimiento de la defensa del agua en la región del Conchos, por los delitos de motín, robo de vehículo y obstrucción a las vías de comunicación, derivado de la confrontación generada en La Boquilla el 8 de septiembre de 2020. Mismos hechos por los cuales ese día, se aprehendió a Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, acusados de terrorismo.
La respuesta solidaria de los agricultores hizo que se desplazaran en tractores hasta la capital del estado para manifestarse en los juzgados federales para exigir su liberación. Al cabo de varias audiencias, se mantuvo en prisión preventiva a Andrés Valles.
Tras la toma de protesta de la gobernadora María Eugenia Campos y con el énfasis en la senda de la conciliación y el saneamiento en la relación con la Federación, en octubre suscribió un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para sacar de la cárcel a los productores detenidos, así como liberar las instalaciones de La Boquilla.
Lo segundo ocurrió de inmediato. Fue hasta el 26 de noviembre que los agricultores de La Cruz fueron puestos en libertad, si bien Valles está pendiente de ser liberado. Del mismo modo, falta aún que se haga justicia para Jessica Silva, quien murió y su esposo Jaime Torres resultó herido al ser interceptados por elementos del Ejército, tras la confrontación en la presa en octubre de 2020.
Asimismo, la relación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue siendo tensa y a pesar del nombramiento de un nuevo director, José Ángel Sánchez Félix, los usuarios de los módulos de riego reclamaron durante el año, la excesiva burocracia para tramitar los permisos y subsidios.
Mas aún, Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech) vaticinó que 2022 será otro año difícil para el sector productivo de la región centro-sur del estado, ante el incremento en los costos de los insumos y la baja disponibilidad de agua, toda vez que Conagua autorizó un volumen de 460 millones de metros cúbicos a extraer de las presas La Boquilla y Las Vírgenes. Ellos solicitaron 570 millones de metros cúbicos y la gobernadora los respaldó.
Ondean la bandera blanca
Un acuerdo entre el gobierno federal, estatal y los productores chihuahuenses de la región centro sur del estado, signado el 22 de octubre pasado, colocó una bandera blanca en el conflicto por el agua cuyo signo emblemático fue la toma de La Boquilla iniciado en diciembre de 2019.
Para ello, la gobernadora Maru Campos se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y representantes de los agricultores chihuahuenses para fijar los criterios en la reanudación del diálogo.
Al encuentro asistieron como "testigos de honor", los presidentes municipales de Camargo, Jorge Aldana Aguilar; de Delicias, Jesús Alberto Valenciano García y de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, así como los representantes de los módulos de Riego 005 y productores de la zona, quienes secundaron el propósito de trabajar de la mano con ambos gobiernos.
A partir de ello, se comprometieron a entregar las instalaciones de la presa La Boquilla, lo cual ocurrió de inmediato.
A su vez, el gobierno federal destacó que impulsaría la preliberación de los cuatro agricultores detenidos en el marco de las manifestaciones y confrontación con la Guardia Nacional.
El acuerdo también incluyó la canalización de recursos económicos para la implementación de programas de apoyo de tecnificación de riego, así como la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, en el manejo del agua.
El funcionario federal reconoció esta defensa en pro de su modo vida y la autenticidad del movimiento social, conformado en la región centro-sur y asumió con los productores, la postura de brindar todas las facilidades para la solución de conflictos.
También se indicó que entre ambos gobiernos establecieron acciones futuras para extraer el agua de la presa sin incumplir con la legislación, toda vez que ése fue precisamente el origen del conflicto.
Las protestas se generaron por la extracción de agua de las presas Las Vírgenes, La Boquilla y El Granero, ya que a México le tocaba saldar su deuda de un nuevo ciclo con el gobierno de Estados Unidos como parte del Tratado de Aguas que data de 1944; cada ciclo es de cinco años.
En 2020, las autoridades mexicanas debían entregar a sus vecinos del norte, 2 mil 158 millones de litros cúbicos, sin embargo, las presas de Tamaulipas y Coahuila –que abonan a ese pago junto con Chihuahua— tenían un bajo nivel y apenas garantizaba el uso para sus ciclos agrícolas, por lo que los agricultores locales reclamaron que la cuota a pagar se estaba cargando al estado grande y antes de tiempo, sin considerar el periodo de siembra, protestas que escalaron a una confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador sin avances hasta octubre pasado.
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