/ martes 12 de octubre de 2021

Al menos 50 personas se acogieron a criterio de oportunidad

Colaboraron con los “expedientes X” para no pisar la cárcel

Al igual que las cinco personas que decidieron revelar el método de tortura e interrogación que mantenía la pasada administración para obtener información o posiblemente “fabricar” casos por la denominada Operación Justicia para Chihuahua, la Fiscalía General del Estado mantiene por lo menos 50 personas que tuvieron que aceptar el criterio de oportunidad para evitar pisar la cárcel.

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Los criterios de oportunidad que entregó el gobierno de Javier Corral comprendían regresar el dinero y declarar todo lo que supieran conforme a las investigaciones que llevaba la Fiscalía General del Estado, para reforzar o indagar sobre nuevas posibles causas penales que tuvieran pendientes.

De igual forma, se otorgó alrededor de 10 testigos protegidos, quienes fueron los que iniciaron con todas las investigaciones al iniciar la administración estatal, entre los que se encontraba el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien entregó toda información del movimiento del dinero y estuvo protegido durante toda la gestión pasada.

A inicios de este año, la Fiscalía General del Estado habría anunciado que producto de estas figuras de colaboradores en proceso penales se había logrado recuperar por lo menos 17 millones 78 mil 660 pesos, de la reparación del daño que han entregado algunos de los involucrados, entre los que se encontraban políticos, empresarios y otros sectores de la sociedad.

De acuerdo a varias de las personas que entraron en ese criterio de oportunidad, era obligatorio declarar toda la información que conocieran de presuntos actos de corrupción, para reforzar las carpetas de investigación y algunos casos que se encontraban pendientes por judicializar ante las autoridades estatales.

En algunas ocasiones, de acuerdo a la información que publicó La Jornada, las entrevistas de estas personas se llevaban a cabo en la Casa de Gobierno que se encuentra sobre la avenida Zarco, donde según varias víctimas eran presionados para hacer las declaraciones que requería la Fiscalía General.

Se desconoce el número exacto de personas que se vieron presuntamente involucradas en estos mecanismos de presión y amenaza, sin embargo, decenas de los detenidos por el Operativo Justicia para Chihuahua denunciaron en diferentes ocasiones ser víctimas de juicios políticos de parte de las autoridades estatales.


Al igual que las cinco personas que decidieron revelar el método de tortura e interrogación que mantenía la pasada administración para obtener información o posiblemente “fabricar” casos por la denominada Operación Justicia para Chihuahua, la Fiscalía General del Estado mantiene por lo menos 50 personas que tuvieron que aceptar el criterio de oportunidad para evitar pisar la cárcel.

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Los criterios de oportunidad que entregó el gobierno de Javier Corral comprendían regresar el dinero y declarar todo lo que supieran conforme a las investigaciones que llevaba la Fiscalía General del Estado, para reforzar o indagar sobre nuevas posibles causas penales que tuvieran pendientes.

De igual forma, se otorgó alrededor de 10 testigos protegidos, quienes fueron los que iniciaron con todas las investigaciones al iniciar la administración estatal, entre los que se encontraba el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien entregó toda información del movimiento del dinero y estuvo protegido durante toda la gestión pasada.

A inicios de este año, la Fiscalía General del Estado habría anunciado que producto de estas figuras de colaboradores en proceso penales se había logrado recuperar por lo menos 17 millones 78 mil 660 pesos, de la reparación del daño que han entregado algunos de los involucrados, entre los que se encontraban políticos, empresarios y otros sectores de la sociedad.

De acuerdo a varias de las personas que entraron en ese criterio de oportunidad, era obligatorio declarar toda la información que conocieran de presuntos actos de corrupción, para reforzar las carpetas de investigación y algunos casos que se encontraban pendientes por judicializar ante las autoridades estatales.

En algunas ocasiones, de acuerdo a la información que publicó La Jornada, las entrevistas de estas personas se llevaban a cabo en la Casa de Gobierno que se encuentra sobre la avenida Zarco, donde según varias víctimas eran presionados para hacer las declaraciones que requería la Fiscalía General.

Se desconoce el número exacto de personas que se vieron presuntamente involucradas en estos mecanismos de presión y amenaza, sin embargo, decenas de los detenidos por el Operativo Justicia para Chihuahua denunciaron en diferentes ocasiones ser víctimas de juicios políticos de parte de las autoridades estatales.


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