El Comité de Administración del Congreso del Estado, de la legislatura LXVI, debió tener conocimiento y aprobó todas las transacciones y movimientos financieros que actualmente están siendo investigados por la distracción de al menos 11 millones de pesos de estas cuentas y por lo cual se culpa a varias personas externas al Poder Legislativo.
De acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, cada tres meses el Comité de Administración debe analizar y aprobar las cuentas del Congreso del Estado, que realiza el titular de la Secretaría Administrativa, de donde la Auditoría Superior del Estado detectó movimientos ilegales hace un par de meses.
Ese comité estaba conformado por el presidente, el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez; el secretario, Fernando Álvarez Monje; los vocales, Misael Máynez Cano, Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, Rosa Isela Gaytán Díaz, Rubén Aguilar Jiménez, René Frías Bencomo y Alejandro Gloria González, de acuerdo a la información del Congreso del Estado.
En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, en el capítulo VI del Comité de Administración, dentro del Artículo 122, refiere que dentro de las atribuciones del comité antes mencionado debe “Conocer y aprobar, en su caso, el informe trimestral que le rinda el o la Titular de la Secretaría de Administración, sobre el ejercicio del Presupuesto del Congreso”.
Es decir que los ocho diputados cada tres meses recibieron y aprobaron las transacciones financieras de las cuentas del Congreso, donde actualmente existe una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el desvío de al menos 11 millones de pesos, que terminaron en diversas cuentas de personas externas del órgano legislativo.
Por su parte Jorge Luis Issa González, quien tiene su nombramiento identificado al interior del Congreso del Estado como LXVI/NOMBR/0011/2018, fue el titular de la Secretaría de Administración, por lo cual cada tres meses se hizo cargo de elaborar los informes financieros que entregaba a este comité integrado por ocho diputados.
La misma Ley Orgánica del Congreso instruye a los diputados de la Comisión de Administración a que se hagan cargo de supervisar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Congreso y vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula su aplicación y la comprobación del mismo, es decir tuvieron los informes, transacciones y todos los detalles de estos desvíos en el que se vincula a Jorge Issa y otros empleados del congreso.
La propia Auditoría Superior del Estado fue la encargada de localizar los movimientos ilegales de las cuentas del Congreso del Estado, las cuales estuvieron a cargo de Jorge Issa, y una serie de personas más que se relacionaban con un ex funcionario de la Junta de Agua, René Villarreal Pérez.
A pesar que el dinero del Congreso del Estado terminó en algunas cuentas externas como la de René Villarreal, no se ha determinado dónde quedó el resto del dinero, ya que tienen registro de varias transferencias y los diputados que integran el Comité de Administración recibieron y aprobaron estos movimientos, de acuerdo a las funciones del mismo.
Según el Código Penal del Estado de Chihuahua, en este supuesto se pudo haber violado el artículo 270, por disponer o distraer de su objeto dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo, por lo cual se sanciona con prisión de cuatro a doce años y de quinientos a dos mil días multa.
Así como el artículo 253, sobre el delito de ejercicio ilegal de servicio público a quien Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
Y el artículo 261, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, por el cual un servidor público que ilegalmente, teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.
Mientras que el artículo 262 advierte que cuando las conductas previstas en el artículo anterior produzcan beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, u otras figuras se impondrán multa y hasta 12 años de prisión.
Es de mencionar que por este caso, la Fiscalía General del Estado lleva a cabo otra investigación alterna a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esto debido a que en días pasados encontraron sin vida a uno de los involucrados en haber distraído el dinero de las cuentas del Congreso del Estado.
