En 2016, año en el que por primera vez Morena participó en una elección para gobernador de Chihuahua, la candidatura fue abanderada por Javier Félix Muñoz, quien obtuvo una votación de 30 mil 211 sufragios; mientras que en el proceso electoral de 2021, el partido guinda logró con el entonces candidato Juan Carlos Loera de la Rosa 444 mil 634 sufragios, es decir el 31.5% de las preferencias electorales; en esa misma elección en Ciudad Juárez, en los nueve distritos locales electorales, captaron 207 mil 550 votos.
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Sin embargo, en el ejercicio de consulta popular para enjuiciar a seis expresidentes de la República, llevado a cabo en agosto de 2021, en Chihuahua sólo se obtuvieron 90 mil 606 votos, es decir apenas el 3.1% de la lista nominal del estado grande, lo que refiere que en ejercicios de participación ciudadana la movilización entre Morena y el gobierno federal ha sido menor.
En la elección de 2018 para las diputaciones locales en los nueve distritos de Ciudad Juárez, Morena obtuvo las siguientes votaciones: en el Distrito 1 logró 17 mil 407 sufragios; en el Distrito 2, 19 mil 236; en el Distrito 3, 23 mil 047; en el Distrito 4, 20 mil 936 votos; en el Distrito 5, 2 mil 682; en el Distrito 6, 29 mil 448; en el Distrito 7, 26 mil 217; en el Distrito 8, 26 mil 173 votos; en el Distrito 9, 23 mil 054 y en el Distrito 10, 22 mil 793.
Para 2021, en los mismos distritos, el Movimiento de Regeneración Nacional logró: en el Distrito 2, 19 mil 330; en el Distrito 3, 20 676; en el 4, 21 mil 802; en el 5, 21 mil 729 votos; en el 6, 26 mil 426; en el Distrito 7, 25 mil 454; en el 8 fueron 24 mil 146 sufragios; en el 9, 24 mil 316 y en el Distrito 10, 23 mil 672 votos.
En lo que respecta al estado de Chihuahua, en los 67 municipios se instalaron mil 748 mesas receptoras de la consulta.
La pregunta que se plasmó en la papeleta, que por cierto tras el debate de si se incluían los nombres de los exmandatarios y que fue resuelta en la Suprema Corte de Justicia, fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.
