La extradición del exgobernador César Horacio D. J. reactivó el recurso legal interpuesto por el Gobierno del Estado para que se reconozca a Chihuahua como víctima u ofendido por el desvío de 250 millones de pesos que se desviaron de las participaciones federales a algunas campañas políticas del PRI en 2016.
Fuentes consultadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicaron que la revisión del juicio de amparo que se quedó pendiente desde 2020, sin duda ahora se reactivará a propósito de la llegada de César Horacio D. J. a la entidad para enfrentar los procesos judiciales en su contra.
De esa definición lo que resultará es si un tribunal estatal o federal deberá atraer el caso que se sigue contra el exmandatario, se precisó.
Para el abogado penalista, Francisco Martínez Valles, la radicación de la causa en un tribunal estatal o federal no altera el resultado final para judicializar las acusaciones de peculado y asociación delictuosa ya que la ley establece que ambos delitos pueden enfrentarse en libertad.
“No procede la prisión preventiva oficiosa ya que el artículo 19 constitucional establece en qué delitos aplica (la prisión preventiva oficiosa) y el peculado así como la asociación delictuosa no forman parte de esta lista”.
Como se ha informado, desde que el Gobierno del Estado interpuso el amparo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena lo que resolverá es si el dinero que presuntamente se desvió pertenecía o no al estado, ya que el debate se centró en si el quebranto fue para las arcas estatales de manera directa o se debe privilegiar el origen de los recursos, que provenían de la Secretaría de Hacienda.
Bajo este criterio, Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, detenido en diciembre de 2017 por la Fiscalía General de Chihuahua radicó la acusación en su contra ante un tribunal federal en 2018, lo que le permitió continuar el proceso en libertad.
Actualmente, ese juicio de amparo ha sido motivo de revisiones por tribunales colegiados hasta llegar a la SCJN, mientras la Fiscalía General de la República se ha mantenido al margen de involucrarse en la investigación que ramificaba como involucrados no sólo al exgobernador, sino a la Secretaría de Hacienda y al partido político.
Sobre la operación zafiro
El estado de Chihuahua inició una investigación entre 2016 y 2017 dentro de las finanzas estatales, donde se detectó un faltante de 250 millones de pesos que serían destinados a programas educativos pero que supuestamente terminaron en el financiamiento de campañas electorales en otros estados.
De ahí que la administración entonces a cargo de Javier Corral pedía que la FGR atrajera la carpeta de investigación, incluso cuando se quedó con el caso de Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”, sin embargo la Fiscalía no lo hizo.
De hecho, en enero de 2018 la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales anunció entonces que atraería la “operación zafiro”, toda vez que se vinculaba con recursos para financiar campañas políticas en por lo menos ocho estados de la República Mexicana. No obstante, la investigación se estancó.
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