/ viernes 4 de octubre de 2024

Colectivos de familias con personas desaparecidas de seis estados se reúnen en Chihuahua

Al pie de la Cruz de Clavos, el antimonumento a la impunidad que se encuentra frente a Palacio de Gobierno, exigieron justicia y coordinación entre Fiscalías

Familiares de personas desaparecidas de Durango, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Morelos y Chihuahua acudieron a Servicios Periciales para solicitar la toma de muestras genéticas ante la falla del sistema de justicia que se ha mostrado ineficaz y negligente. Los colectivos se manifestaron para exigir la coordinación entre los estados para agilizar el cotejo de cuerpos no identificados.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que brinda acompañamiento a las familias con personas desaparecidas organizó el Encuentro de Colectivos de Experiencias de Búsqueda a fin de analizar la situación tan lacerante que viven miles de familias en México, donde coincidieron que es necesario que se les dé acceso a los Centros de Readaptación Social (CERESOS) porque podría ser un factor clave para las búsquedas.

Al pie de la Cruz de Clavos, el antimonumento a la impunidad que se encuentra frente a Palacio de Gobierno, exigieron que se realicen tomas de muestras de sangre, a fin de facilitar la identificación de las personas que se encuentran en calidad de desconocidos, a la vez que recordaron a Marisela Escobedo, madre buscadora que fue asesinada a las puertas de Palacio de Gobierno por exigir justicia.

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Representantes de Proyecto de búsqueda (Celaya, Guanajuato), Regresando a Casa (Morelos), FUNDEJ (Guadalajara, Jalisco), Verdad, memoria y justicia (Cancún, Quintana Roo), Familiares de personas desaparecidas de Durango, Colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chihuahua acompañadas por el CEDEHM provenientes de Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Namiquipa, Aldama, Juárez y Chihuahua, estuvieron compartiendo las dolorosas experiencias que enfrentan a la hora de realizar una búsqueda, así como la indiferencia que encuentran en las Fiscalías, lo que las sigue dejando con la angustia, el dolor y el grito en el alma para encontrar una respuesta.

La desaparición forzada y por particulares está constituida como crimen de lesa humanidad, el Estado Mexicano tiene una deuda 115 mil personas desaparecidas y más de 60 mil sin identificar, señaló Brenda Ramírez, del municipio de Parral en Chihuahua, quien pidió a la ciudadanía y medios de comunicación ser empáticos y unirse a la exigencia de localización.

En voz de Romana Rivera Ramírez, del colectivo Verdad, memoria y justicia, se escuchó el reclamo por la ineficiencia del Banco Nacional de Datos, por lo que se vieron en la necesidad de venir a Chihuahua para dejar sus muestras genéticas ante la imposibilidad de que las autoridades puedan realizar el cruce de datos automático.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Destacó que en Chihuahua hay más de 4800 personas desaparecidas, en Quintana Roo existe el registro de más de 1500 personas desaparecidas, Guanajuato se busca a más de 4 mil personas desaparecidas, en Morelos hay más de 2800 personas desaparecidas y en Jalisco la cifra es de más de 16 mil personas con denuncia de desaparición. A todos ellos se suman los desaparecidos cuyas familias no interponen denuncias por miedo.

Ante ello, exigieron que se haga funcionar la base de datos forense para que los cuerpos no identificados; urgieron una verdadera comunicación y coordinación entre los estados para agilizar el cotejo de cuerpos no identificados, ya que de esta manera, se podrán tener resultados en la identificación y localización.

A su vez, Febe González, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco FUNDEJ destacó que es necesario que se verifique si los Ministerios Públicos realmente están solicitando información de otros estados para avanzar en las búsquedas, ya que es imprescindible la transparencia.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Solicitó el acceso a los Centros de Reinserción Social (CERESOS), ya que en reiteradas ocasiones lo han pedido, debido a que podrían ser clave en sus búsquedas. En algunos estados ya se les ha permitido este acceso para entrevistarse con los delincuentes vinculados con delitos de desaparición, y los resultados han sido fructuosos, porque han podido localizar restos humanos inhumados.

Las buscadoras coinciden en la urgente necesidad de identificar los más de 72 mil cuerpos que permanecen como desconocidos y con sólo número en el Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC).

Son cuerpos que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, que están sin identificar en todo el país. Este número no es solo una cifra; son personas que esperan ser devueltas a sus familias, enfatizó Febe.

A los medios de comunicación solicitaron que se visibilice la falta de justicia para las personas desaparecidas en México. “Las fiscalías no están cumpliendo su función y los colectivos no podemos seguir haciendo su trabajo. Los gobernadores cierran los ojos ante nuestras peticiones, y no nos reciben ni para escuchar nuestras demandas básicas”.

Edith Hernández, de Regresando a Casa Morelos señaló que una de las prioridades es que las familias sean recibidas por la gobernadora María Eugenia Campos, que sean tratadas dignamente y no sean re-victimizadas.

A nombre de las madres buscadoras, dijo que es urgente combatir el rezago forense, que se les regrese el nombre y apellido a esas personas que están en los Semefos o cementerios como SIEC. Se pidió un informe sobre fosas comunes, porque en todo el país existen cuerpos debajo de la tierra, además de las fosas clandestinas.

“Necesitamos identificación ya, porque la crisis forense es otro crimen de Estado”, enfatizó Edith Hernández,

En Morelos, descubrieron que las fiscalías para desahogar los Semefo apilaron los cuerpos y los inhumaron en una fosa común, sin procesarlos. Situación que permanece en la impunidad.

“Vengo de donde la vida no vale nada, de Guanajuato”, señaló Blanca Patricia Torres Arredondo, quien desde hace 8 años busca a su hijo Jesús Abel Jiménez y a la fecha no existe una línea de investigación. En Guanajuato no pasa nada a todas las familias de personas desaparecidas solo les dicen que si saben algo, la fiscalía les llamará. “Nunca nos llaman, nosotros nos hacemos investigadoras, nos han cerrado las puertas una y otra vez, y la cifra de desaparecidos sigue creciendo”.

Pidió que las volteen a ver, que su desesperación crece porque hay 24 colectivos de buscadoras que agrupa cada uno más de 300 personas. Guanajuato se estremece a nivel nacional por la violencia que vive.

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En voz de Luli Hernández, mamá de Pamela, desaparecida en Chihuahua recordó a Marisela Escobedo, posteriormente se trasladaron a la placa en memoria de Marisela donde se colocó una ofrenda floral. “Por buscar justicia, nos están matando a las buscadoras”.

La madres exigieron justicia, enfatizaron que no habrá perdón ni olvido, hasta que haya castigo para los culpables.

El nombre de varios de los desaparecidos retumbó en la cantera de Palacio de Gobierno, donde estuvieron pasando lista de las personas que faltan en cada hogar y pidieron justicia por todos los y las desaparecidas en México.

Familiares de personas desaparecidas de Durango, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Morelos y Chihuahua acudieron a Servicios Periciales para solicitar la toma de muestras genéticas ante la falla del sistema de justicia que se ha mostrado ineficaz y negligente. Los colectivos se manifestaron para exigir la coordinación entre los estados para agilizar el cotejo de cuerpos no identificados.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que brinda acompañamiento a las familias con personas desaparecidas organizó el Encuentro de Colectivos de Experiencias de Búsqueda a fin de analizar la situación tan lacerante que viven miles de familias en México, donde coincidieron que es necesario que se les dé acceso a los Centros de Readaptación Social (CERESOS) porque podría ser un factor clave para las búsquedas.

Al pie de la Cruz de Clavos, el antimonumento a la impunidad que se encuentra frente a Palacio de Gobierno, exigieron que se realicen tomas de muestras de sangre, a fin de facilitar la identificación de las personas que se encuentran en calidad de desconocidos, a la vez que recordaron a Marisela Escobedo, madre buscadora que fue asesinada a las puertas de Palacio de Gobierno por exigir justicia.

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Representantes de Proyecto de búsqueda (Celaya, Guanajuato), Regresando a Casa (Morelos), FUNDEJ (Guadalajara, Jalisco), Verdad, memoria y justicia (Cancún, Quintana Roo), Familiares de personas desaparecidas de Durango, Colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chihuahua acompañadas por el CEDEHM provenientes de Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Namiquipa, Aldama, Juárez y Chihuahua, estuvieron compartiendo las dolorosas experiencias que enfrentan a la hora de realizar una búsqueda, así como la indiferencia que encuentran en las Fiscalías, lo que las sigue dejando con la angustia, el dolor y el grito en el alma para encontrar una respuesta.

La desaparición forzada y por particulares está constituida como crimen de lesa humanidad, el Estado Mexicano tiene una deuda 115 mil personas desaparecidas y más de 60 mil sin identificar, señaló Brenda Ramírez, del municipio de Parral en Chihuahua, quien pidió a la ciudadanía y medios de comunicación ser empáticos y unirse a la exigencia de localización.

En voz de Romana Rivera Ramírez, del colectivo Verdad, memoria y justicia, se escuchó el reclamo por la ineficiencia del Banco Nacional de Datos, por lo que se vieron en la necesidad de venir a Chihuahua para dejar sus muestras genéticas ante la imposibilidad de que las autoridades puedan realizar el cruce de datos automático.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Destacó que en Chihuahua hay más de 4800 personas desaparecidas, en Quintana Roo existe el registro de más de 1500 personas desaparecidas, Guanajuato se busca a más de 4 mil personas desaparecidas, en Morelos hay más de 2800 personas desaparecidas y en Jalisco la cifra es de más de 16 mil personas con denuncia de desaparición. A todos ellos se suman los desaparecidos cuyas familias no interponen denuncias por miedo.

Ante ello, exigieron que se haga funcionar la base de datos forense para que los cuerpos no identificados; urgieron una verdadera comunicación y coordinación entre los estados para agilizar el cotejo de cuerpos no identificados, ya que de esta manera, se podrán tener resultados en la identificación y localización.

A su vez, Febe González, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco FUNDEJ destacó que es necesario que se verifique si los Ministerios Públicos realmente están solicitando información de otros estados para avanzar en las búsquedas, ya que es imprescindible la transparencia.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Solicitó el acceso a los Centros de Reinserción Social (CERESOS), ya que en reiteradas ocasiones lo han pedido, debido a que podrían ser clave en sus búsquedas. En algunos estados ya se les ha permitido este acceso para entrevistarse con los delincuentes vinculados con delitos de desaparición, y los resultados han sido fructuosos, porque han podido localizar restos humanos inhumados.

Las buscadoras coinciden en la urgente necesidad de identificar los más de 72 mil cuerpos que permanecen como desconocidos y con sólo número en el Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC).

Son cuerpos que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, que están sin identificar en todo el país. Este número no es solo una cifra; son personas que esperan ser devueltas a sus familias, enfatizó Febe.

A los medios de comunicación solicitaron que se visibilice la falta de justicia para las personas desaparecidas en México. “Las fiscalías no están cumpliendo su función y los colectivos no podemos seguir haciendo su trabajo. Los gobernadores cierran los ojos ante nuestras peticiones, y no nos reciben ni para escuchar nuestras demandas básicas”.

Edith Hernández, de Regresando a Casa Morelos señaló que una de las prioridades es que las familias sean recibidas por la gobernadora María Eugenia Campos, que sean tratadas dignamente y no sean re-victimizadas.

A nombre de las madres buscadoras, dijo que es urgente combatir el rezago forense, que se les regrese el nombre y apellido a esas personas que están en los Semefos o cementerios como SIEC. Se pidió un informe sobre fosas comunes, porque en todo el país existen cuerpos debajo de la tierra, además de las fosas clandestinas.

“Necesitamos identificación ya, porque la crisis forense es otro crimen de Estado”, enfatizó Edith Hernández,

En Morelos, descubrieron que las fiscalías para desahogar los Semefo apilaron los cuerpos y los inhumaron en una fosa común, sin procesarlos. Situación que permanece en la impunidad.

“Vengo de donde la vida no vale nada, de Guanajuato”, señaló Blanca Patricia Torres Arredondo, quien desde hace 8 años busca a su hijo Jesús Abel Jiménez y a la fecha no existe una línea de investigación. En Guanajuato no pasa nada a todas las familias de personas desaparecidas solo les dicen que si saben algo, la fiscalía les llamará. “Nunca nos llaman, nosotros nos hacemos investigadoras, nos han cerrado las puertas una y otra vez, y la cifra de desaparecidos sigue creciendo”.

Pidió que las volteen a ver, que su desesperación crece porque hay 24 colectivos de buscadoras que agrupa cada uno más de 300 personas. Guanajuato se estremece a nivel nacional por la violencia que vive.

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En voz de Luli Hernández, mamá de Pamela, desaparecida en Chihuahua recordó a Marisela Escobedo, posteriormente se trasladaron a la placa en memoria de Marisela donde se colocó una ofrenda floral. “Por buscar justicia, nos están matando a las buscadoras”.

La madres exigieron justicia, enfatizaron que no habrá perdón ni olvido, hasta que haya castigo para los culpables.

El nombre de varios de los desaparecidos retumbó en la cantera de Palacio de Gobierno, donde estuvieron pasando lista de las personas que faltan en cada hogar y pidieron justicia por todos los y las desaparecidas en México.

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