“El gobierno no ha sido capaz de sentarse a platicar en serio con la gente de las comunidades y el rezago es inmenso”, señaló Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización que brinda acompañamiento a las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara.
Desde la aprobación del Decreto 409/96 I.P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 10 de diciembre de 1996, por el cual se autorizó al gobierno del estado de Chihuahua a celebrar un fideicomiso de manera general para la realización del proyecto turístico denominado Plan Maestro del Proyecto Turístico Barrancas del Cobre, inició la lucha por ser incluidos en los planes de desarrollo.
Tras varios amparos y recursos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite sentencia en favor de la comunidad indígena.
Desde 2012 la SCJN emitió una sentencia que obliga al gobierno a realizar un plan de desarrollo con participación y consulta indígena, han pasado varias administraciones gubernamentales y la omisión permanece.
La sentencia ordena que se constituya el Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, que se tome en cuenta a las comunidades y que se asegure la participación de todas las 11 comunidades.
Además asienta que se debe de realizar un plan de desarrollo anual con las comunidades que les permita una mejor calidad de vida. Éste debe ser financiado por la autoridad gubernamental.
A 10 años de la sentencia, ésta sigue sin cumplirse, por tal motivo sigue siendo una sentencia en ejecución.
Las 11 comunidades beneficiarias del Fideicomiso Barrancas del Cobre han presentado el plan de desarrollo regional Nátiga Busuré -soñar juntos-, con el que se busca que realmente se atiendan las necesidades y problemáticas que han generado un rezago.
