El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se deslindó del contenido de la pregunta que se someterá a consideración de los ciudadanos, el próximo 1 de agosto en la llamada consulta popular, que busca que se investigue el actuar de los anteriores gobernantes; recordó que dicho ejercicio democrático tendrá un costo de 522 millones de pesos.
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“Quien diga que el INE está boicoteando la consulta popular, lo digo sin medias tintas, le está mintiendo a la gente”, enfatizó el consejero presidente, quien hizo énfasis en que todos los actores políticos del país, deberán apegarse al marco constitucional
Comentó que la pregunta fue determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se planteará de la siguiente forma:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
“Quien diga que el INE está boicoteando la consulta popular, lo digo sin medias tintas, le está mintiendo a la gente”, enfatizó el consejero presidente, quien hizo énfasis en que todos los actores políticos del país, deberán apegarse al marco constitucional.
Agregó que en materia de seguridad, el INE se encuentra realizando todos los mecanismos que en el pasado 6 de julio, se implementaron con todas las instancias de seguridad, con el objetivo de que se tenga un proceso ejemplar y garantizar la participación ciudadana.
Recordó que el costo que tendrá ese ejercicio democrático y de participación ciudadana, será de 522 millones de pesos.
Mencionó que a diferencia de las elecciones del pasado 6 de junio, será el mismo día de la consulta popular cuando se tenga el resultado oficial, pues el conteo rápida irá sumando el cómputo de las actas y en ese mismo momento, una vez concluida la recepción de las mismas, se podrá anunciar el resultado.
Lorenzo Córdova, añadió que el INE instalará 57 mil 124 Mesas Receptoras que serán operadas por 286 mil 380 funcionarias y funcionarios, para recibir la opinión de 93 millones 489 mil 989 ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal, con derecho a participar en la consulta popular.
