/ viernes 5 de abril de 2024

Continúa desahogo de pruebas del MP en caso de enfermero acusado de asesinar a familia

Jorge Alberto C., su esposa Lisseth C. y su hijo Jorge Alberto C., fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinto de la familia Romero en el 2018

A 20 días de que diera inicio el juicio oral 103/2023 en contra del enfermero que laboraba en la Clínica 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sigue el desahogo de pruebas por parte del Ministerio Público, informó personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En este sentido, en base a todas las pruebas que han presentado ante un tribunal de enjuiciamiento, con las cuales buscan acusar a los tres presuntos del homicidio de la familia Romero, a la cual le habían cobrado medio millón de pesos por un supuesto trasplante de riñón, el avance sería de un 50 por ciento.

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Por consiguiente, prevén que el tiempo restante para que el Ministerio Público termine en la etapa del desahogo de pruebas, sea de otros 20 días más, al menos por lo que han estado analizando.

El Tribunal Superior de Justicia explicó que el desahogo de pruebas ante un tribunal de enjuiciamiento, es el periodo más largo, ya que en este, los acusados y el ministerio público presentarán lo respectivo a su favor, para que así el Poder Judicial determine la culpabilidad o no de los tres presuntos.

La causa penal por la cual fueron detenidos corresponde a la 1614/2019, en la cual Jorge Alberto C. A., así como su esposa Lisseth C. y su hijo Jorge Alberto C.C., fueron presentados como los presuntos responsables del homicidio de María Magdalena Romero Armendáriz, Ricardo Iván Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz, en hechos ocurridos en esta ciudad en el 2018.

De acuerdo a lo presentado incluso desde la audiencia de formulación de imputación en contra de la familia del enfermero, estos tres se presentaron en el domicilio de la familia Romero una noche de viernes 30 de junio del 2018, para informarles sobre los avances del trasplante de riñón, por el cual les habían pagado $500 mil.

Al interior del domicilio en Lomas Universidad, Jorge Alberto y su familia dialogaron con la familia Romero, quien en ese momento tenía un integrante con graves daños en su salud, exigiendo que ya hicieran dicho procedimiento de trasplante de riñón, debido a que el pago lo habían hecho desde hace tiempo.

Por tal motivo, de acuerdo a las investigaciones, Jorge y su esposa Lisseth dispararon en más de 20 ocasiones, en contra de todos los integrantes de la familia Romero, quedando con vida sólo un pequeño y como único testigo un menor de edad, que en ese momento contaba con tres años.

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Jorge Alberto fue detenido por un asesinato distinto al de la familia Romero; en este caso, por el homicidio de Laura Soto López, registrado el 7 de diciembre de 2017, ya que había hecho el trato de venderle una plaza más elevada en el IMSS, pero ese día decidió asesinarla tras no poder cumplir con este objetivo y por los diversos reclamos de la ahora occisa.

Por este homicidio, Jorge Alberto C. A. fue sentenciado a 22 años de prisión en enero de 2022, además de que se le impuso una multa de casi medio millón de pesos como reparación del daño para los sobrevivientes de la víctima.

A 20 días de que diera inicio el juicio oral 103/2023 en contra del enfermero que laboraba en la Clínica 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sigue el desahogo de pruebas por parte del Ministerio Público, informó personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En este sentido, en base a todas las pruebas que han presentado ante un tribunal de enjuiciamiento, con las cuales buscan acusar a los tres presuntos del homicidio de la familia Romero, a la cual le habían cobrado medio millón de pesos por un supuesto trasplante de riñón, el avance sería de un 50 por ciento.

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Por consiguiente, prevén que el tiempo restante para que el Ministerio Público termine en la etapa del desahogo de pruebas, sea de otros 20 días más, al menos por lo que han estado analizando.

El Tribunal Superior de Justicia explicó que el desahogo de pruebas ante un tribunal de enjuiciamiento, es el periodo más largo, ya que en este, los acusados y el ministerio público presentarán lo respectivo a su favor, para que así el Poder Judicial determine la culpabilidad o no de los tres presuntos.

La causa penal por la cual fueron detenidos corresponde a la 1614/2019, en la cual Jorge Alberto C. A., así como su esposa Lisseth C. y su hijo Jorge Alberto C.C., fueron presentados como los presuntos responsables del homicidio de María Magdalena Romero Armendáriz, Ricardo Iván Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz, en hechos ocurridos en esta ciudad en el 2018.

De acuerdo a lo presentado incluso desde la audiencia de formulación de imputación en contra de la familia del enfermero, estos tres se presentaron en el domicilio de la familia Romero una noche de viernes 30 de junio del 2018, para informarles sobre los avances del trasplante de riñón, por el cual les habían pagado $500 mil.

Al interior del domicilio en Lomas Universidad, Jorge Alberto y su familia dialogaron con la familia Romero, quien en ese momento tenía un integrante con graves daños en su salud, exigiendo que ya hicieran dicho procedimiento de trasplante de riñón, debido a que el pago lo habían hecho desde hace tiempo.

Por tal motivo, de acuerdo a las investigaciones, Jorge y su esposa Lisseth dispararon en más de 20 ocasiones, en contra de todos los integrantes de la familia Romero, quedando con vida sólo un pequeño y como único testigo un menor de edad, que en ese momento contaba con tres años.

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Jorge Alberto fue detenido por un asesinato distinto al de la familia Romero; en este caso, por el homicidio de Laura Soto López, registrado el 7 de diciembre de 2017, ya que había hecho el trato de venderle una plaza más elevada en el IMSS, pero ese día decidió asesinarla tras no poder cumplir con este objetivo y por los diversos reclamos de la ahora occisa.

Por este homicidio, Jorge Alberto C. A. fue sentenciado a 22 años de prisión en enero de 2022, además de que se le impuso una multa de casi medio millón de pesos como reparación del daño para los sobrevivientes de la víctima.

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