/ lunes 8 de noviembre de 2021

¿Contra derechos humanos obligar a docentes no vacunados a ir a las aulas?

Según el diputado Gustavo de la Rosa no es obligación pero el abogado Sarracino antepone la integridad de los estudiantes

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resuelva la obligación de los docentes a vacunarse, las acciones que se tomen en contra de los maestros sin vacuna, podrían caer en la violación de los derechos humanos y laborales, así lo manifestaron los abogados, el derechohumanista Gustavo de la Rosa Hickerson, y el laboralista, Franco Sarracino.

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El experto en Derecho Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson, expresó que la situación entre los docentes y la Secretaría de Educación y Deporte, debe resolverse en los mejores términos, anteponiendo el bienestar de los infantes, esto en el sentido de que se busca obligar a los profesores a acudir a las aulas de manera presencial, se hayan o no vacunado contra el Covid-19; de la Rosa Hickerson, mencionó que por la contingencia sanitaria, sería viable mantener el modelo híbrido que se ha venido manejando y evitar así un conflicto entre la institución y el gremio magisterial.

Agregó que existen posturas encontradas en que si se violentan o no los derechos de los trabajadores, pero subrayó que el bienestar de los niños, es lo único que no puede estar en interpretaciones, sino que está por encima de cualquier cosa.

Reiteró que hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha emitido alguna resolución para obligar a ninguna persona a vacunarse contra el Covid-19, y hasta que eso no ocurra, ninguna autoridad puede obligar a una persona, o a sus trabajadores, a aplicarse el biológico.

El también diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el Congreso del Estado, mencionó que desde un punto de vista muy personal, considera que la SCJN debe obligar a todos los servidores públicos a vacunarse, por la propia naturaleza de sus empleos y por las instituciones a las que pertenecen.

Por su parte el abogado laboralista, Franco Sarracino, explicó que por los anuncios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, sí se estaría violentando los derechos laborales, pues no se puede obligar a un docente a acudir a clases presenciales, sin haber sido vacunado, porque es obligación del patrón, salvaguardar la integridad del trabajador y no ponerlo en una situación de riesgo.

Manifestó que tampoco el docente puede argumentar cuestiones religiosas para no vacunarse, puesto que lo primordial es velar por la integridad de los niños, y en este caso el único motivo válido para que un profesor no se aplique la vacuna, es por cuestiones médicas, de lo contrario, la Secretaría de Salud, sí está en posición de exigirle que se vacune para proteger al alumnado de un posible contagio.

“En caso de obligarlos a asistir, habría una clara violación de los derechos, porque el patrón está obligado a tener las medidas de seguridad, tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo; en este caso, por ser servidores públicos, según el artículo 77 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, el Estado es el patrón y no puede vulnerar los derechos del trabajador, en este caso son los maestros”, detalló Sarracino.


Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resuelva la obligación de los docentes a vacunarse, las acciones que se tomen en contra de los maestros sin vacuna, podrían caer en la violación de los derechos humanos y laborales, así lo manifestaron los abogados, el derechohumanista Gustavo de la Rosa Hickerson, y el laboralista, Franco Sarracino.

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El experto en Derecho Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson, expresó que la situación entre los docentes y la Secretaría de Educación y Deporte, debe resolverse en los mejores términos, anteponiendo el bienestar de los infantes, esto en el sentido de que se busca obligar a los profesores a acudir a las aulas de manera presencial, se hayan o no vacunado contra el Covid-19; de la Rosa Hickerson, mencionó que por la contingencia sanitaria, sería viable mantener el modelo híbrido que se ha venido manejando y evitar así un conflicto entre la institución y el gremio magisterial.

Agregó que existen posturas encontradas en que si se violentan o no los derechos de los trabajadores, pero subrayó que el bienestar de los niños, es lo único que no puede estar en interpretaciones, sino que está por encima de cualquier cosa.

Reiteró que hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha emitido alguna resolución para obligar a ninguna persona a vacunarse contra el Covid-19, y hasta que eso no ocurra, ninguna autoridad puede obligar a una persona, o a sus trabajadores, a aplicarse el biológico.

El también diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el Congreso del Estado, mencionó que desde un punto de vista muy personal, considera que la SCJN debe obligar a todos los servidores públicos a vacunarse, por la propia naturaleza de sus empleos y por las instituciones a las que pertenecen.

Por su parte el abogado laboralista, Franco Sarracino, explicó que por los anuncios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, sí se estaría violentando los derechos laborales, pues no se puede obligar a un docente a acudir a clases presenciales, sin haber sido vacunado, porque es obligación del patrón, salvaguardar la integridad del trabajador y no ponerlo en una situación de riesgo.

Manifestó que tampoco el docente puede argumentar cuestiones religiosas para no vacunarse, puesto que lo primordial es velar por la integridad de los niños, y en este caso el único motivo válido para que un profesor no se aplique la vacuna, es por cuestiones médicas, de lo contrario, la Secretaría de Salud, sí está en posición de exigirle que se vacune para proteger al alumnado de un posible contagio.

“En caso de obligarlos a asistir, habría una clara violación de los derechos, porque el patrón está obligado a tener las medidas de seguridad, tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo; en este caso, por ser servidores públicos, según el artículo 77 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, el Estado es el patrón y no puede vulnerar los derechos del trabajador, en este caso son los maestros”, detalló Sarracino.


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