Por haber participado en la desaparición de dos jóvenes identificados como Óscar Jhovanny Leal Holguín y Adán Israel Gardea Barraza en el año 2021 en la ciudad de Chihuahua, fue capturado un exagente de la Policía Municipal, por su presunta participación en la detención y posterior asesinato de ambos en la zona de Carrizalillo.
Durante el Juicio Oral, la Unidad de Investigación de Desaparición Forzada de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, obtuvo una sentencia de 50 años de prisión en contra de un exelemento municipal involucrado en la desaparición de dos jóvenes, lo anterior luego de que se demostrara que la noche del 27 de febrero del 2021, el procesado identificado como Ricardo Samuel M. P., participó en la detención ilegal de los jóvenes en hechos registrados al exterior de un local comercial de la colonia Sierra Azul.
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Durante las investigaciones ministeriales, se recabaron pruebas testimoniales y documentales que demuestran que el ahora sentenciado junto a otros policías, subieron a los jóvenes a patrullas oficiales para luego trasladarlos a un lugar desconocido, sin que se informara de la detención.
Para el 28 de marzo del mismo año, los equipos de búsqueda e investigación asignados al caso, ubicaron una fosa clandestina en el lugar conocido como Ejido Carrizalillo, en donde se encontraron los cuerpos de ambas víctimas.
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Con el trabajo multidisciplinario de Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Analistas de Contexto, se logró identificar la participación de cinco elementos policiacos que, junto al ahora sentenciado, participaron en estos hechos delictivos.
Tras un año como prófugo de la justicia, Ricardo Samuel M. P. acudió voluntariamente a las instalaciones del C4 en el mes de abril de 2022, para entregarse a la autoridad ministerial, por lo que de inmediato se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada con penalidad agravada.
Por decisión unánime, los jueces que integraron el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, acordaron una sentencia de 50 años de prisión, así como el pago de un millón 451 mil 434 pesos por concepto del pago de daño material y gastos funerarios, más una suma adicional por concepto del daño moral.
Como parte de los estándares internacionales para enjuiciamiento de delitos violatorios de Derechos Humanos, la representación social solicitó medidas de rehabilitación, y compensación integral, entre las que se encuentra una disculpa pública por parte de la corporación hacia la familia de las víctimas y la inhabilitación definitiva del cargo.
