La Coalición Nacional SUMAS y Cruzada por la Familia anunciaron que emprenderán la defensa jurídica del derecho a la vida y fundamenta graves violaciones a preceptos legales contrarios a la impartición de justicia por parte de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que recurrirán a organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos.
La queja será para denunciar a los diez ministros de la SCJN, a quienes acusaron de que con sus recientes resoluciones pretenden imponer el asesinato de seres humanos en el vientre de sus madres así como la desaparición del marco legal de la objeción de conciencia del personal médico en el país que se niegue a practicar abortos.
“Queremos señalar que los ministros que integran la SCJN han cometido conductas al margen de la ley que van en contra de la impartición de justicia, al haber emitido resoluciones injustas y contrarias al espíritu de los ordenamientos legales nacionales e internacionales que protegen la vida de las personas desde el momento de la concepción y permiten el derecho humano de la objeción de conciencia”, pronunciaron.
En ese sentido, exigieron a los ministros de la Corte que en lo sucesivo eviten fundar sus resoluciones en ideologías que no forman parte sustantiva de los derechos humanos y las cuales deben estar ajenas a la impartición de justicia.
“Denunciamos públicamente que los ministros de la SCJN se han extralimitado en sus facultades al emitir una resolución que constituye una invasión a los poderes legislativos de los Estados Libres y Soberanos de Coahuila y de Sinaloa. Se insta a las autoridades competentes, para que se inicien los trámites que sean necesarios, a efecto de que se integren las indagatorias correspondientes en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se les finque la responsabilidad que haya lugar, evitando que semejantes actos queden en la impunidad”, expresaron.
Adelantaron que también denunciarán el hecho ante organismos de protección a los derechos humanos, en contra de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las autoridades mexicanas que puedan violentar los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad de creencia, a la integridad y seguridad personal y al derecho a la vida, y que solicitarán medidas cautelares a favor de todos los mexicanos que se encuentren en cualquier etapa de su gestación o están por nacer.
Lo anterior, a raíz de que el pasado 6 y 7 de septiembre de 2021, los ministros de la Corte, resolvieron por unanimidad que el artículo 196 del código penal del Estado de Coahuila y el artículo 4 Bis A fracción I de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, eran inconstitucionales al reconocer la interrupción del embarazo en mujeres y personas gestantes como un derecho, que sería incongruente penalizar.
Posteriormente, los días 13 y 14 de septiembre del presente año, al resolver la acción de inconstitucionalidad 54/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al demandar la invalidez de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero transitorios de la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 2018, resolvieron que el personal médico y de enfermería no podían ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establecía dicha ley que fueran contrarios o se antepusieran a sus convicciones personales.
