El Tribunal Estatal Electoral desechó las impugnaciones presentadas en contra de la elección a la gubernatura de Chihuahua, entre las que resalta el hecho de que María Eugenia Campos no rebasó los topes de gastos de campaña, pues el límite de gastos era de 64 millones 616 mil 266 pesos, mientras que la candidata del PAN y PRD erogó gastos por 27 millones 298 mil 825 pesos.
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Lo anterior fue resultado del dictamen emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en donde se determinó que la diferencia entre el tope máximo de gasto de campaña y lo que gastó la candidata de la coalición Nos Une Chihuahua, fue de 37 millones 317 mil 440 pesos.
En otro de los casos se denunció el supuesto uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios municipales en favor de María Eugenia Campos, motivo que se calificó como infundado, ya que no se encontró ninguna violación a la normatividad electoral; entorno a los hechos violentos suscitados al exterior del IEE el día del debate, se analizó el expediente y no se acreditaron los hechos por no probar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su ejecución.
Sobre la denuncia por la aparición de la bandera de México con la leyenda “Maru”, durante la transmisión de un partido de fútbol, también calificó como infundado debido a que no se acreditó el periodo material ya que no se trató de un acto de proselitismo ni electoral, puesto que fue una aparición televisiva de manera fortuita y aislada, así como por ser un hecho que no fue planeado ni por el personaje que llevaba la bandera ni por la candidata Campos Galván.
Otro de los señalamientos por parte de Morena, refiere a que se realizó una campaña en contra del candidato Juan Carlos Loera, en donde se incluyeron burlas, insultos y amenazas; lo que también resultó infundado debido a que las conductas denunciadas son insuficientes para decretar anulada una elección, aún y cuando se acreditaran los hechos.
Asimismo Morena denunció que María Eugenia Campos no debe tomar protesta como gobernadora, debido a que se encuentra vinculada a un proceso penal, por lo que impugnaron la declaratoria de mayoría y el nombramiento del Congreso del Estado, que la colocaron como gobernadora electa, sin embargo el planteamiento también se declaró infundado, de lo contrario se estarían violentando los derechos político-electorales, incluso la Constitución del Estado, señala que en tanto una persona no sea sentenciada, no es jurídicamente posible restringirle su derecho de asumir un cargo de elección popular y por ende tampoco la toma de protesta.
El dictamen fue realizado por la magistrada Roxana García y votado a favor por el pleno del Tribunal Estatal Electoral, motivo por el cual se confirma la declaración de mayoría y la entrega de constancia a María Eugenia Campos Galván.
