La directora ejecutiva de la asociación Alianza Sierra Madre, Aída Isela González Díaz, dijo que es necesario que se apruebe una ley para que las personas que están siendo desplazadas de manera forzada por la violencia que se vive en la Sierra Tarahumara, sean reconocidos como víctimas, ya que muchos de ellos no están siendo atendidos porque no interponen una denuncia en contra de los presuntos criminales, a pesar del entorno y contexto en el que se encuentran.
La activista compartió que los desplazamientos de estas comunidades van a continuar, toda vez que sólo hace un par de días recibió la información de un nuevo desplazamiento en Guadalupe y Calvo, donde las familias se han cansado de estar presenciando los enfrentamientos armados y a la par mantener la incertidumbre sobre su integridad.
Refiere que el desplazamiento en los diferentes municipios de la Sierra Tarahumara ha sido constante, y se ha detonado por lo que llama “pseudo” combate al crimen organizado, que se realizó en sexenios pasados, tanto en el país como en el estado de Chihuahua, que sólo desató más los indicadores de violencia.
“Nosotros hemos tenido conocimiento, aunque no los acompañamos directamente, tenemos tres periodos de desplazamientos, en Guadalupe y Calvo, ignoramos quién los acompañe y también hubo uno en Coloradas de la Virgen; en el municipio de Morelos, los desplazamientos continúan, lamentamos mucho que a pesar del problema que hay de desplazamiento forzado, es fecha que no sale una ley para atender a las víctimas de desplazamiento interno”, señaló.
La directora ejecutiva de la asociación Alianza Sierra Madre afirmó que las comisiones de víctimas federal o estatal no consideran como víctimas a las personas que han sido desplazadas de sus comunidades porque no han interpuesto una denuncia, ya que muchas de ellas temen que los grupos criminales puedan tener represalias en su contra.
Dijo también que tiene conocimiento de que los afectados no están siendo atendidas y tampoco existe una ley que los proteja, por eso muchos se mudan a otros municipios para reiniciar de nuevo y desde cero, donde en muchas ocasiones son acogidos por asociaciones civiles que les brindan hogar y alimento.
“Es una crisis de derechos humanos, considero que es una crisis de violación de los derechos humanos, porque son personas que salen de sus lugares de origen sin pertenencias, sin un lugar seguro, quienes tienen redes familiares pueden amortiguar la salida, pero hay quienes no tienen familiares y se van acogiendo a algunas asociaciones, rehacen su vida desde cero”, argumentó.
Dice que la principal causa de que abandonen sus domicilios es por el temor a perder la vida, toda vez que existen enfrentamientos entre grupos criminales y nadie se quiere quedar en un pueblo en medio del fuego cruzado, en medio de los enfrentamientos, toda vez que hay constantes ataques selectivos a personas y recalcó uno de los casos como el de Julián Carrillo, donde toda su familia se tuvo que desplazar de su lugar de origen.
Aída Isela González agregó que todas las familias en donde su pueblo se convierte en un infierno no les queda de otra más que salir del lugar para resguardar su integridad y que se ha convertido en una problemática que no ha sido atendida por el Estado en ninguna de sus dos niveles de gobierno, que son el estatal y federal.
“Ya está una ley, falta aprobarla, que el Senado apruebe la ley que dé derecho a las víctimas de desplazamiento forzado interno y a nivel estatal, la Ceave, el Congreso del Estado le asigne el presupuesto suficiente para atender esta crisis de derechos humanos, ya que sufrieron un recorte muy importante en esta administración”, refirió.
