Un total de 55 observaciones se detectaron en la fiscalización al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar 2020, mismo que se implementó en la pasada administración gubernamental para atender la pandemia por el virus SARS CoV2.
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Desde el pasado mes de marzo se entregó a la Comisión de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado el documento denominado "Reporte de fiscalización al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar 2020" por parte de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
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De acuerdo a los resultados de la fiscalización se desprenden 21 recomendaciones; 3 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) en el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua; 26 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y 2 solicitudes de aclaración.
En la auditoría financiera se desprende que se presentó una denuncia penal por parte de la Secretaría de Hacienda porque a un proveedor se le asignaron contratos por el orden de 27 millones 399 mil 523 pesos con 06 centavos y 37 millones 788 mil 886 pesos con 34 centavos a pesar de que en su expediente existen documentos falsos relativos a la opinión positiva de obligaciones fiscales.
Además se detectó que en el Plan Emergente de Ocupación Temporal algunos beneficiarios trabajaron en más de un proyecto, lo cual contravenía las reglas de operación.
En el mismo informe se asienta que en la auditoría forense realizada en el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua se realizaron 10 observaciones, 2 recomendaciones y 6 PRAS. Entre las observaciones está haber brindado apoyos económicos superiores a los establecidos por las reglas de operación. Se benefició a mil 043 personas que recibieron apoyos por arriba de 2 mil pesos.
Se otorgaron apoyos a trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de manera injustificada, ya que durante la contingencia ellos contaban con un trabajo remunerado.
En la revisión a uno de los beneficiarios se detectó que se incurrió probablemente en la utilización de información falsa por presentar documentación o información falsa o alterada, simulando el cumplimiento de requisitos o reglas establecidas en el Programa Emergente, con el propósito de lograr la autorización de un subsidio por 34 mil 100 pesos.
Además se detectó un probable abuso de funciones y conflicto de intereses en la entrega de subsidios a beneficiarios debido a que existe una presunta relación familiar, personal y de negocios por un monto de 67 mil 260 pesos.
De la revisión se desprende que la entidad fiscalizada no verificó la aplicación de los recursos otorgados en los programas emergentes, por lo que presuntamente los apoyos no fueron destinados a lo solicitado por el beneficiario.
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