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En la actualidad, el 40 por ciento de la población no puede adquirir una vivienda dentro de la construcción legal, debido al alto costo de las construcciones terminadas, expuso la Dra. Edith Jiménez Huerta en la Conferencia "Asentamientos de origen irregular y política pública" ofrecida por el IMPLAN.
La catedrática de la Universidad Autónoma de Guadalajara y experta en temas de suelo y gestión territorial, destacó que incluso en las viviendas de interés social, se presentan problemas de inhabitabilidad que obligan a las familias a endeudarse con préstamos para transformar las casas, rentar o compartir espacios con personas que no son de su familia.
Agregó que además, hay un sinfín de familias que pese a adquirir una casa de interés social no la habita pues se encuentran en lugares apartados de la mancha urbana.
Destacó que además no hay apoyo para el mantenimiento y reconversión de casas y si existe es mínimo, lo que lleva a qué muchas personas opten por la vivienda informal.
Esto, explicó, se trata de terrenos en los que hay áreas restringidas o que son inseguras.
Agregó que las personas que no pueden acceder a una vivienda, optan por rentar casa, departamentos, compartiendo viviendas o compra de casas reposeídas.
En su participación, el Ingeniero José Luis Rodríguez, presidente de Canadevi, expuso que las viviendas irregulares tienen varias artistas que afectan a la sociedad en general, y la compra de vivienda irregular ha aumentado en los últimos años un 40 por ciento.
Al dar la bienvenida en conferencia “Asentamientos de origen irregular y política pública” organizada por el IMPLAN, indicó que por un lado, es la única opción de muchas familias, pero el costo es alto.
Indicó que las personas que viven este tipo de viviendas, se enfrentan al costo de una vida sin nivel social pues de alguna forma definen que las personas no avanzarán económicamente.
Además expuso No hay presupuestos que alcance para la infraestructura, y al ser pagado por los gobiernos resulta muy costoso.
El ponente agregó que además la compra de vivienda económica disminuyó en un 60 por ciento, y explicó que se trata de viviendas con un costo menor a los 550 mil pesos.
Agregó que está situación es preocupante pues no hay presupuesto que alcance.
"El reto es terminar con la vivienda irregular pero hasta la fecha no sabemos cómo", advirtió.
