La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió la recomendación 17/2022, dirigida a Alan Jesús Falomir Sáenz, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, por la violación de los derechos humanos de una usuaria del suministro de agua potable, a quien le fue cortado el servicio, quien se negó a reconocer el consumo que generó un adeudo de 70 mil 247.35 pesos.
La recomendación fue expedida el pasado 12 de julio de 2022, en la que se exhorta al organismo que se repare el daño de la usuaria, y se garantice el derecho al agua, en su uso doméstico. La CEDH es muy clara en que el adeudo debe cubrirse, pues es oneroso el servicio para llevar agua a los domicilios, sin embargo, argumenta el derecho humano de acceso al agua, por lo que el Estado debe garantizar que se cumpla, de modo que se limite el acceso, pero que no se deje sin él a la población.
En el relato de hechos, se explica que el consumo de agua subió alarmantemente durante el segundo semestre del año 2020, por lo que se inició con una serie de procedimientos tanto de la JMAS como de la usuaria para determinar la causa.
Se encontró una falla en una válvula de aljibe, en una vivienda de una zona de alto costo de la ciudad de Chihuahua, además de una fuga en un sanitario, lo que provocaba el consumo excesivo de agua, sin que la usuaria estuviera informada del hecho.
Luego de negociaciones, se llegó a un convenio para realizar un descuento en el adeudo; sin embargo, la usuaria se negó a pagar, y se le retiró el medidor de la vivienda. Después de un recurso de revisión, se determinó que se tendría que dar acceso al agua, sin exentarla del pago, y permitirle el suministro en tanto cuenta con medios suficientes para poder liquidar el adeudo.
Sin embargo, la víctima de violación de sus derechos humanos informó que no se le había restituido el servicio, por lo que se sometió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el caso, donde se emitió una recomendación por parte del presidente, Néstor Manuel Armendáriz Loya, el pasado 12 de julio, con un plazo de 30 días para que la JMAS emita una respuesta.
