/ viernes 1 de abril de 2022

Exgobernador sólo podría ser juzgado por el delito de peculado

La defensa de César Horacio D.J. explicó que eso pasará aunque existen decenas de carpetas de investigación creadas en la administración de Javier Corral Jurado

El abogado Juan Carlos Mendoza, quien es representante y defensor del exgobernador César Horacio D. J., compartió que su cliente no cuenta con fecha para llegar a la República Mexicana, por lo cual siguen al pendiente del proceso que se lleva en el estado de Florida para que finalice su extradición a México.

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Destacó que aunque se agotaron todas las instancias y los recursos para evitar que se llevara a cabo el proceso de extradición, el juez federal resolvió que deberá ser juzgado en México, a lo que debe esperar cierto tiempo para que se concrete el plazo y hacer el trámite necesario para enviarlo a este país.

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Comentó que aunque existen decenas de carpetas de investigación que crearon en la administración de Javier Corral Jurado, sólo puede ser juzgado por el delito de peculado por el desvío de 96 millones de pesos, no por otra carpeta más, ya que así lo recalcan las autoridades norteamericanas.

Comentó que cuando se realiza detención provisional se hace la valoración jurídica en los Estados Unidos para ver si reúne todas las condiciones para que sea extraditable y finalmente fue que se otorgó la extradición que derivó de su detención el pasado 8 de julio de 2020.

Señaló que los delitos por los que persiguen al exgobernador es por el de peculado y asociación delictuosa, que son cuantificados por 96 millones de pesos; en lo que respecta al tratado de Estados Unidos, afirmó que en el artículo 17, como regla de especialidad, la persona que sea extraditada sólo podrá ser juzgada por el delito por el que se solicitó su proceso de extradición.

“Todo el carpeterío que se ha dicho que se ha cacareado por la Fiscalía en la administración anterior, esas no tienen razón de ser, porque fue solicitado por el delito, las otras no procedieron por falta de elementos, no tuvieron elementos, por eso no se pudo justificar la extradición”, indicó el abogado.

Comentó que deberá enfrentar el procedimiento de la causa 3041, en caso de que alguna autoridad, estatal o federal, intentara imponer un procedimiento diverso a ese, que no sólo viola un derecho humano de seguridad jurídica, sino que viola un tratado con los Estados Unidos, con quien mantiene el convenio de colaboración.

Sobre el proceso de extradición del exmandatario, refirió que los Estados Unidos lo entregará al Estado Mexicano, que en este caso es representado por la Fiscalía General de la República, quien a su vez podrá ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado para que lo pueda llevar ante un juez de control.

“El derecho está en el tratado de extradición, siempre se agotaron todos los recursos, se defendió en las audiencias, presentó los recursos que tenía a su alcance, el juez señaló que no, entonces deberá ser enviado a la ciudad de Chihuahua en próximo tiempo”, agregó el abogado de César Horacio.

Refirió que en caso de que fuera llevado a una prisión, deberá ser recluido en una prisión estatal, toda vez que el mismo es señalado por una investigación que le siguen las autoridades estatales y no existe un proceso diverso en el fuero federal.

El abogado Juan Carlos Mendoza, quien es representante y defensor del exgobernador César Horacio D. J., compartió que su cliente no cuenta con fecha para llegar a la República Mexicana, por lo cual siguen al pendiente del proceso que se lleva en el estado de Florida para que finalice su extradición a México.

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Destacó que aunque se agotaron todas las instancias y los recursos para evitar que se llevara a cabo el proceso de extradición, el juez federal resolvió que deberá ser juzgado en México, a lo que debe esperar cierto tiempo para que se concrete el plazo y hacer el trámite necesario para enviarlo a este país.

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Comentó que aunque existen decenas de carpetas de investigación que crearon en la administración de Javier Corral Jurado, sólo puede ser juzgado por el delito de peculado por el desvío de 96 millones de pesos, no por otra carpeta más, ya que así lo recalcan las autoridades norteamericanas.

Comentó que cuando se realiza detención provisional se hace la valoración jurídica en los Estados Unidos para ver si reúne todas las condiciones para que sea extraditable y finalmente fue que se otorgó la extradición que derivó de su detención el pasado 8 de julio de 2020.

Señaló que los delitos por los que persiguen al exgobernador es por el de peculado y asociación delictuosa, que son cuantificados por 96 millones de pesos; en lo que respecta al tratado de Estados Unidos, afirmó que en el artículo 17, como regla de especialidad, la persona que sea extraditada sólo podrá ser juzgada por el delito por el que se solicitó su proceso de extradición.

“Todo el carpeterío que se ha dicho que se ha cacareado por la Fiscalía en la administración anterior, esas no tienen razón de ser, porque fue solicitado por el delito, las otras no procedieron por falta de elementos, no tuvieron elementos, por eso no se pudo justificar la extradición”, indicó el abogado.

Comentó que deberá enfrentar el procedimiento de la causa 3041, en caso de que alguna autoridad, estatal o federal, intentara imponer un procedimiento diverso a ese, que no sólo viola un derecho humano de seguridad jurídica, sino que viola un tratado con los Estados Unidos, con quien mantiene el convenio de colaboración.

Sobre el proceso de extradición del exmandatario, refirió que los Estados Unidos lo entregará al Estado Mexicano, que en este caso es representado por la Fiscalía General de la República, quien a su vez podrá ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado para que lo pueda llevar ante un juez de control.

“El derecho está en el tratado de extradición, siempre se agotaron todos los recursos, se defendió en las audiencias, presentó los recursos que tenía a su alcance, el juez señaló que no, entonces deberá ser enviado a la ciudad de Chihuahua en próximo tiempo”, agregó el abogado de César Horacio.

Refirió que en caso de que fuera llevado a una prisión, deberá ser recluido en una prisión estatal, toda vez que el mismo es señalado por una investigación que le siguen las autoridades estatales y no existe un proceso diverso en el fuero federal.

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