/ miércoles 1 de septiembre de 2021

Extitular de AEI habría participado en masacre en Michoacán

En la orden de aprehensión se enlistan un total de 43 elementos de la extinta Policía Federal, quienes habrían asesinado a 42 civiles en el Rancho del Sol, en 2015

La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra del director de la Agencia Estatal de Investigación en el estado de Chihuahua, Álvaro S. E., por su presunta participación en la masacre del Rancho del Sol, en Tanhuato de Guerrero, en el estado de Michoacán, ocurrida en 2015.

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En la orden de aprehensión se enlistan un total de 43 elementos de la extinta Policía Federal, quienes habrían asesinado a 42 civiles en el rancho antes mencionado, presuntamente algunos eran miembros del denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes habrían iniciado un enfrentamiento armado en contra de los agentes.

Dentro del informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, identificado como 4VG/2016, los agentes presuntamente alteraron la escena del crimen, toda vez que existen imágenes en dicho documento donde la misma persona sale con arma de fuego, sin arma de fuego, con más o menos ropa, lo que representó una variación en la evidencia recopilada por los agentes que participaron en estos hechos.

Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado confirmaron que Álvaro S., entre las primeras horas de este día, decidió escapar del estado de Chihuahua, toda vez que en los grupos privados entre agentes de seguridad se corrió el listado de agentes que serían arrestados este día por los agentes federales.

De acuerdo con el listado, Álvaro S. sería el agente identificado con el número 11 del listado de 43 elementos distribuidos en varias partes del país que son requeridos por la Fiscalía General de la República, y a quienes se les había alertado sobre la orden de aprehensión que les ejecutarían este día.

Desde temprana hora, El Heraldo de Chihuahua intentó entablar comunicación con el titular de la Agencia Estatal de Investigación en el estado, sin embargo no hubo confirmación por parte del presunto prófugo, por lo que se confirma la versión de que se habría escapado tras conocer sobre la orden de detención.

Por su parte, el fiscal general del estado comentó que no tenía información de que Álvaro S. se habría fugado del estado, ni alguna notificación o comunicación oficial con la Fiscalía General de la República, por lo que debería estar laborando de forma ordinaria como lo ha hecho por años en la entidad.

De acuerdo con la información que concentra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo de 2015 en el estado de Michoacán, donde se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Federal, donde perdieron la vida 43 personas, entre ellos un agente y 42 presuntos civiles armados o personas que se encontraban en esa propiedad.

Tras años de análisis, recomendaciones y el seguimiento de la investigación, se reveló que los agentes federales habrían alterado las evidencias, incluso habría una gran probabilidad de que sembraron algunas armas a las personas que habían muerto en el lugar, lo que corresponde a una violación a los derechos humanos por haber incurrido en una ejecución extrajudicial en la que incurrieron al violar reglas, normas y protocolos oficiales.

Por el momento, el encargado de coordinar las tareas de inteligencia e investigación en el estado de Chihuahua se encuentra ausente de las tareas que le ha asignado el fiscal general del estado desde el pasado mes de noviembre de 2020, cuando fue nombrado titular de esta dependencia.


La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra del director de la Agencia Estatal de Investigación en el estado de Chihuahua, Álvaro S. E., por su presunta participación en la masacre del Rancho del Sol, en Tanhuato de Guerrero, en el estado de Michoacán, ocurrida en 2015.

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En la orden de aprehensión se enlistan un total de 43 elementos de la extinta Policía Federal, quienes habrían asesinado a 42 civiles en el rancho antes mencionado, presuntamente algunos eran miembros del denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes habrían iniciado un enfrentamiento armado en contra de los agentes.

Dentro del informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, identificado como 4VG/2016, los agentes presuntamente alteraron la escena del crimen, toda vez que existen imágenes en dicho documento donde la misma persona sale con arma de fuego, sin arma de fuego, con más o menos ropa, lo que representó una variación en la evidencia recopilada por los agentes que participaron en estos hechos.

Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado confirmaron que Álvaro S., entre las primeras horas de este día, decidió escapar del estado de Chihuahua, toda vez que en los grupos privados entre agentes de seguridad se corrió el listado de agentes que serían arrestados este día por los agentes federales.

De acuerdo con el listado, Álvaro S. sería el agente identificado con el número 11 del listado de 43 elementos distribuidos en varias partes del país que son requeridos por la Fiscalía General de la República, y a quienes se les había alertado sobre la orden de aprehensión que les ejecutarían este día.

Desde temprana hora, El Heraldo de Chihuahua intentó entablar comunicación con el titular de la Agencia Estatal de Investigación en el estado, sin embargo no hubo confirmación por parte del presunto prófugo, por lo que se confirma la versión de que se habría escapado tras conocer sobre la orden de detención.

Por su parte, el fiscal general del estado comentó que no tenía información de que Álvaro S. se habría fugado del estado, ni alguna notificación o comunicación oficial con la Fiscalía General de la República, por lo que debería estar laborando de forma ordinaria como lo ha hecho por años en la entidad.

De acuerdo con la información que concentra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo de 2015 en el estado de Michoacán, donde se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Federal, donde perdieron la vida 43 personas, entre ellos un agente y 42 presuntos civiles armados o personas que se encontraban en esa propiedad.

Tras años de análisis, recomendaciones y el seguimiento de la investigación, se reveló que los agentes federales habrían alterado las evidencias, incluso habría una gran probabilidad de que sembraron algunas armas a las personas que habían muerto en el lugar, lo que corresponde a una violación a los derechos humanos por haber incurrido en una ejecución extrajudicial en la que incurrieron al violar reglas, normas y protocolos oficiales.

Por el momento, el encargado de coordinar las tareas de inteligencia e investigación en el estado de Chihuahua se encuentra ausente de las tareas que le ha asignado el fiscal general del estado desde el pasado mes de noviembre de 2020, cuando fue nombrado titular de esta dependencia.


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