El especialista en Delincuencia Organizada e Investigación Criminal José Carlos Hernández dio a conocer que en Chihuahua como en el resto de México es necesario implementar protocolos, incrementar el recurso económico, coordinación y la prevención para combatir la macrocriminalidad.
Lo anterior luego de que activistas que representan a migrantes desaparecidos en la frontera de Ojinaga y Juárez pidieran intervenir el caso como un caso de macrocriminalidad en Chihuahua, por el comportamiento y tratamiento que ha tenido esta desaparición de más de 30 personas y que a la fecha ni una sola prenda se ha podido recuperar de alguno de ellos.
“Entender la macrocriminalidad no se refiere a muchos delitos, sino son las acciones delictivas que son del conocimiento, o coparticipación directa o indirecta por parte del Estado, que son consumadas las acciones, dolosamente por una pluralidad de personas activas, y multiplicidad de víctimas, que por su alto grado de atrocidad causan un gran impacto, dentro de un colectivo humano, en franca violación de sus más preciados derechos humanos”, explica el especialista.
Comentó que el concepto de “macrocriminalidad” nació en 2016 en Chihuahua, por hechos que laceran a la comunidad y que causan un impacto al colectivo humano, en este caso a la población, pero que no significa que sean millones de delitos, sino que tenga un impacto donde el Estado interviene.
El especialista en criminología compartió que existen tres formas donde el Estado mexicano interviene, que el primero es cuando es coparticipante, el segundo cuando es víctima directa y la tercera que es cuando funge como simple espectador de los del delitos de alto impacto, en esta ocasión, en la desaparición de decenas de personas migrantes en las fronteras del estado.
“El caso de los migrantes, es un problema de Estado, porque tiene impacto en políticas públicas en materia de seguridad, pública y nacional, porque la migración viene empoderada, agresiva, el Estado ha faltado políticas públicas para prevenir y contener los efectos de la migración, porque el Estado es coparticiparte, víctima directa o simple espectador”, señaló.
Compartió que en caso de los migrantes desaparecidos, el Estado es víctima directa y simple espectador, no estado de Chihuahua, sino el Estado mexicano, considerando que falta trabajo en materia de migración, faltan políticas preventivas, tangibles para la migración masiva, “México no está preparado para una migración masiva y no lo quiere estar”.
“Por lo tanto se convierte en víctima que calla, en simple espectador, pueden buscar, pero no es una política preventiva, es una forma de demostrar que están haciendo algo, pero se necesita una política de contención, realizable con respeto a los derechos humanos, con una migración cada vez más agresiva y empoderada”, agregó.
Juan Carlos Hernández añadió que dentro del comportamiento de los grupos migrantes que no logran llegar a los Estados Unidos se convierten en presas fáciles para enrolarse en los grupos del crimen organizado, ya que en su mayoría hombres son cooptados al aprovechar sus necesidades de dinero y alimentación.
“Las formas de migración han cambiado de diez años a la fecha, no era una migración tan agresiva y delictuosa, los patrones de conducta, en su afán de pernoctar en México o como objetivo llegar a Estados Unidos, se ha convertido en una migración empoderada y delictiva, con la omisión de las autoridades”, argumentó el especialista.