El diputado federal Mario Mata y el senador Rafael Espino, sostuvieron diferentes opiniones en torno al decreto presidencial que busca blindar los proyectos prioritarios de su administración, como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas; pese a que sus opiniones resultan encontradas, ambos coincidieron en que es importante para los ciudadanos, el tema de la información de los proyectos.
El diputado federal Mario Mata Carrasco, calificó como un acto inconstitucional, el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende ocultar a los mexicanos la información sobre el uso de los recursos en las obras públicas federales.
El panista destacó que con esto López Obrador, se consolida cada vez más como un dictador, pues resulta sumamente ofensivo y arbitrario, que no quiera rendir cuentas del destino del dinero de los mexicanos.
“Es totalmente inconstitucional, pero es aún más falto de ética, porque los trámites que el presidente llama burocráticos, son los mismos trámites que vivimos todos los mexicanos y todos los gobiernos de los tres órdenes; con esto se evitan los daños económicos, que existan proyectos que no cumplen con una viabilidad, que cuiden el impacto social y para cumplir con la normatividad, esto para evitar que las obras sean caprichos de los gobernantes”, mencionó el legislador.
Mata Carrasco, señaló que es muy preocupante que el Ejecutivo Federal trate de evitar que se le audite y se le investigue el fondo de los componentes de las obras, sobre todo que son proyectos muy grandes que tienen subdivisiones y que se pueden prestar para muchos actos de corrupción, terminando así con el orden al ejercer los recursos de los mexicanos, esto bajo el pretexto de la seguridad nacional, aún y cuando esas obras no tienen relación con la seguridad del país.
Por su parte el senador por Morena, Rafael Espino de la Peña, manifestó que lo más viable es que se encuentre un punto medio en dicho decreto para que se logre evitar la interrupción de las obras y se pueda tener acceso a la información sobre las mismas.
Explicó que el decreto presidencial lo que busca es precisamente que no se interrumpan las obras por intereses de terceros que abusando del sistema judicial puedan interrumpir su curso.
“Desde mi punto de vista, esto no es lo deseable, porque se impide que las áreas de la administración pública con competencia especializada, realicen su función, pero señala una afirmativa ficta para que, si en cinco días no se contestan las solicitudes de los diversos permisos, se entiende que están otorgadas y se tiene de plazo 12 meses para que la autoridad acredite los requerimientos de cada obra en específico”, detalló el senador por Chihuahua.
Espino de la Peña, añadió que el tema es claro, pues lo que se busca es garantizar la continuidad de las obras, sin embargo sí existe una merma en el tema de la competencia de las áreas especializadas del Gobierno Federal, y entorno a la información que pueden solicitar los terceros para verificar el estado de las obras.
