Esta mañana de viernes en entrevista con el secretario General de Gobierno César Jauregui Moreno, el funcionario comentó que el exgobernador Javier Corral no obtendrá el apoyo de la gente que él cree que tendrá ante la supuesta resistencia civil que dijo, sostendrá contra el juicio político que se gesta en su contra desde el Congreso del Estado.
Agregó que es poco probable que el juicio político realmente tenga procedencia, toda vez que el Gobierno del Estado no tiene intención de "patear perros muertos", haciendo referencia a la persecución política que acusa Corral Jurado que marcha en su contra.
"Hay una fuerte animadversión por parte de la ciudadanía hacia el exgobernador, que se hizo notar en redes sociales, no tiene el apoyo que él cree, lo que el exgobernador quiere es seguir recibiendo atención que ya no tiene", comentó el funcionario.
Recordó que cuando Corral Jurado fue electo tuvo buena respuesta y apoyo de la población, sin embargo, la decepción que dio en cambio fue terrible y el llamado que hace para una resistencia social a su favor suena "cuando menos, ridículo".
Recomendó al exgobernante el "dejar ese tema" mediante el cual pretende seguir teniendo presencia política y en medios de comunicación, así como en redes sociales, refiriéndose a los ataques que desde su gobierno envía a la hoy gobernadora Maru Campos.
"Es terrible como a veces los políticos se aferran a algo que ya no tienen; mucha gente de Chihuahua observa a un exgobernador temeroso, con miedo… finalmente la historia lo va a poner en su lugar. No sé si el juicio político tendrá procedencia, de verdad les digo que en este gobierno no hay ánimo de andar pateando perros muertos", concluyó Jauregui Moreno.
Esto, luego de que el diputado local del PRI, Omar Bazán Flores, informó que están a la espera de que se integren las carpetas de investigación tanto en la Fiscalía zona norte, como en la Fiscalía Anticorrupción.
Fue el mismo legislador, quien interpuso dos denuncias en contra del exgobernador, Javier Corral Jurado, una por presunto desvío de recursos públicos y otra por la desaparición de un expediente contra el mandatario en el 2019.
La denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción, es derivada de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por un desvío de 8 mil millones de pesos.
La otra acción legal, es por el extravío de documentos en la Secretaría de la Función Pública por la probable comisión de los delitos de daños, ejercicio ilegal del servicio público, coalición, retardo en la
