/ viernes 25 de febrero de 2022

Llevan a cabo conversatorio en contra de la Tortura

México tiene una deuda histórica para erradicar cualquier intento de tortura, pues en ocasiones la tortura es un método para obtener confesiones

Durante el “Conversatorio sobre el Registro Nacional de Tortura y su Relevancia en la Impartición de Justicia”, donde participaron organizaciones civiles, funcionarias del Gobierno Federal e integrantes de la LXV Legislatura, donde

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En su participación a diputada Andrea Chávez Treviño, enfatizó que México tiene una deuda histórica para erradicar cualquier intento de tortura, pues en ocasiones la tortura es un método para obtener confesiones, mismas que serán utilizadas en contra de las víctimas en procesos penales.

Andrea Chávez puso como ejemplo “los casos de tortura en México, además de dolorosos son injustificables, por ejemplo: Brenda Quevedo fue víctima de tortura por un delito fabricado por ordenes de Isabel Miranda de Wallace. También el caso de Israel Vallarta en aquel montaje de la Guerra contra el narco, por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ahora aprehendido por la justicia estadounidense”.

Argumentando con esto que es de suma importancia avanzar con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada desde 2017 y que desde entonces sentó las bases para la implementación del Registro Nacional de Tortura.

Así mismo celebró las acciones emprendidas por parte de la Fiscalía General de la República al publicar las Reglas de Operación del Registro Nacional de Tortura, el cual además de ser un pendiente normativo, para que se investigara la tortura desde el ámbito de violaciones a los derechos humanos.

Por otro parte en la participación de Natalia Pérez Cordero, integrante de FUNDAR, A.C. y especialista en Derechos humanos, esta mencionó que la normatividad actual que previene la tortura en México también es una conquista de las familias de los sobrevivientes y de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el tema.

Pues ellos son quienes han presionado a las autoridades encargadas de investigar e impartir justicia, pues enfatizó que “llevamos 4 años de retraso en la operación del registro”.

Pérez señala la importancia de continuar con los trabajos en la mejora del Registro Nacional de Tortura, con el fin de fortalecer la coordinación entre instituciones con las acciones para castigar la tortura y reparaciones del daño.

A continuación participó, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, quién refirió los retos que tienen las autoridades en la impartición de justicia en los casos de tortura.

Comentó que los registros que se llenan en la mayoría de los casos no cuentan con los estándares necesarios para identificar correctamente los casos de tortura, y esto ocasiona que existan incertidumbres jurídicas que no ayudan a garantizar los derechos de las víctimas de tortura.

Destacó que tanto las normatividades, como los presupuestos previstos vigentes deben mejorarse y actualizarse, pues aún existen muchas ambigüedades en la legislación que obstaculizan los procesos para que la investigación y la impartición de justicia en casos de tortura se hagan de manera optima.

Durante la participación de Denisse Aribel García Pérez, Directora de Relaciones y Coordinación Interinstitucional en SEGOB, mencionó que el Estado mexicano vive momentos históricos en la lucha contra la tortura. La directora destacó avances como la publicación de ley general contra la tortura, fiscalías especializadas en materia de tortura, y las acciones realizadas desde la presidencia de la República respecto a la amnistía y la ley correspondiente.

Por otro lado sobre el Registro Nacional de Tortura, en representación de la SEGOB, señaló que uno de los mayores retos es la comunicación de este mecanismo desde lo Federal, con otras instituciones locales y herramientas de investigación existentes. Pues el registro tiene una gran capacidad para recabar, concentrar, generar y distribuir información que ayude en la investigación del delito de tortura y a su vez, ser un instrumento estadístico de consulta.

Para culminar Aribel García, enfatizo que los datos son útiles y fundamentales, pero que lo verdaderamente importante es visibilizar las violaciones hacia las víctimas de tortura y sus familias, para que los responsables puedan ser sancionados, y que a su vez se logre la reparación del daño.

Finalmente, la diputada Andrea Chávez agradeció la presencia de las diputadas Amairany Peña, Yolanda de la Torre; también del diputado Manuel Vázquez y el Director General en SEGOB, Félix Santa.

Durante el “Conversatorio sobre el Registro Nacional de Tortura y su Relevancia en la Impartición de Justicia”, donde participaron organizaciones civiles, funcionarias del Gobierno Federal e integrantes de la LXV Legislatura, donde

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En su participación a diputada Andrea Chávez Treviño, enfatizó que México tiene una deuda histórica para erradicar cualquier intento de tortura, pues en ocasiones la tortura es un método para obtener confesiones, mismas que serán utilizadas en contra de las víctimas en procesos penales.

Andrea Chávez puso como ejemplo “los casos de tortura en México, además de dolorosos son injustificables, por ejemplo: Brenda Quevedo fue víctima de tortura por un delito fabricado por ordenes de Isabel Miranda de Wallace. También el caso de Israel Vallarta en aquel montaje de la Guerra contra el narco, por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ahora aprehendido por la justicia estadounidense”.

Argumentando con esto que es de suma importancia avanzar con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada desde 2017 y que desde entonces sentó las bases para la implementación del Registro Nacional de Tortura.

Así mismo celebró las acciones emprendidas por parte de la Fiscalía General de la República al publicar las Reglas de Operación del Registro Nacional de Tortura, el cual además de ser un pendiente normativo, para que se investigara la tortura desde el ámbito de violaciones a los derechos humanos.

Por otro parte en la participación de Natalia Pérez Cordero, integrante de FUNDAR, A.C. y especialista en Derechos humanos, esta mencionó que la normatividad actual que previene la tortura en México también es una conquista de las familias de los sobrevivientes y de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el tema.

Pues ellos son quienes han presionado a las autoridades encargadas de investigar e impartir justicia, pues enfatizó que “llevamos 4 años de retraso en la operación del registro”.

Pérez señala la importancia de continuar con los trabajos en la mejora del Registro Nacional de Tortura, con el fin de fortalecer la coordinación entre instituciones con las acciones para castigar la tortura y reparaciones del daño.

A continuación participó, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, quién refirió los retos que tienen las autoridades en la impartición de justicia en los casos de tortura.

Comentó que los registros que se llenan en la mayoría de los casos no cuentan con los estándares necesarios para identificar correctamente los casos de tortura, y esto ocasiona que existan incertidumbres jurídicas que no ayudan a garantizar los derechos de las víctimas de tortura.

Destacó que tanto las normatividades, como los presupuestos previstos vigentes deben mejorarse y actualizarse, pues aún existen muchas ambigüedades en la legislación que obstaculizan los procesos para que la investigación y la impartición de justicia en casos de tortura se hagan de manera optima.

Durante la participación de Denisse Aribel García Pérez, Directora de Relaciones y Coordinación Interinstitucional en SEGOB, mencionó que el Estado mexicano vive momentos históricos en la lucha contra la tortura. La directora destacó avances como la publicación de ley general contra la tortura, fiscalías especializadas en materia de tortura, y las acciones realizadas desde la presidencia de la República respecto a la amnistía y la ley correspondiente.

Por otro lado sobre el Registro Nacional de Tortura, en representación de la SEGOB, señaló que uno de los mayores retos es la comunicación de este mecanismo desde lo Federal, con otras instituciones locales y herramientas de investigación existentes. Pues el registro tiene una gran capacidad para recabar, concentrar, generar y distribuir información que ayude en la investigación del delito de tortura y a su vez, ser un instrumento estadístico de consulta.

Para culminar Aribel García, enfatizo que los datos son útiles y fundamentales, pero que lo verdaderamente importante es visibilizar las violaciones hacia las víctimas de tortura y sus familias, para que los responsables puedan ser sancionados, y que a su vez se logre la reparación del daño.

Finalmente, la diputada Andrea Chávez agradeció la presencia de las diputadas Amairany Peña, Yolanda de la Torre; también del diputado Manuel Vázquez y el Director General en SEGOB, Félix Santa.

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