Un proyecto minero en zonas remotas potencia el desarrollo, sin embargo hay que respetar las zonas donde se encuentren comunidades indígenas y consultarlos para evitar problemas futuros, explicó Fabián Casaubon, al participar en la XIII Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2022.
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En la conferencia “La Consulta Indígena y sus implicaciones en la minería” se abordó la metodología para realizar las consultas para convencer a los habitantes de una comunidad de dar el consentimiento para realizar un proyecto de largo aliento.
Se mencionó que cuando la comunidad disfruta de los beneficios, esa comunidad se convierte en el principal defensor, pues la minería es muy dinámica al igual que las comunidades, pero desde la iniciativa privada se debe fomentar el respeto a los derechos humanos.
En la conferencia se abordó que la consulta tiene varios principios rectores entre los que se pueden mencionar la buena fe, la libertad, que la comunidad cuente con suficiente información para que las personas aprueben el proyecto.
El ponente destacó que la pertinencia cultural es de suma importancia pues ello implica aterrizar el lenguaje técnico para que el pueblo indígena entienda, incluso invitar a traductores para que se les explique en su lengua.
Ejemplificó que en Chihuahua, en uno de los proyectos mineros, se cuenta con un gobernador indígena ralámuli quien funge como traductor, quien les decía: cuando tú me hablas de barrenar, yo entiendo que quieres meterle un taladro en la cabeza a mi mamá. Ya que para ello es la madre tierra.
Se dijo que el gobernador indígena entendió que era necesario el desarrollo a fin de someter a su pueblo a la pobreza eterna.
Señaló que esa visión debe ser entendida e incluso realizar ceremonias de petición a la tierra.
Otros de los principios rectores son el acomodo y la razonabilidad.
La consulta consta de seis etapas que son delinear un plan de consulta; acuerdos previos, etapa informativa; la consultiva; deliberativa; y el seguimiento de acuerdos.
En la primera etapa es importante poner de acuerdo a todos los participantes -comunidad, gobierno federal, Semarnat y/o Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos, instituciones particulares y la empresa porque en ella recae la responsabilidad de informar.
En los acuerdos previos se debe incluir aspectos como en qué lengua será la consulta, si se permite asesores externos, así como identificar actores positivos y nocivos.
En la etapa informativa se debe de explicar el proyecto y en la consultiva la comunidad se tomará su tiempo para decidir si el proyecto se autoriza.
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