/ jueves 6 de enero de 2022

No había elementos para detener a Lázaro López, fabricaron todo: abogado

A casi un año, familia aún no puede recibir el cuerpo por supuesta investigación

El abogado Juan Carlos Mendoza señaló que las pruebas que se generaron en contra de Lázaro López Ramírez, exdirector del Fideicomiso para Fomentar las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech) no contaban con suficientes elementos para llevarlo a prisión y que de haberse evitado este arresto no hubiera muerto por un contagio de Covid en el Cereso 1 de Aquiles Serdán.

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Explicó que todo el proceso que motivó la detención de Lázaro en 2018 en la Ciudad de México se derivó de una serie de irregularidades que se crearon desde la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General del Estado y el propio Poder Judicial, para que el exdirector se mantuviera en prisión por un supuesto desvío de 6 millones de pesos.

Juan Carlos Mendoza demostró que no existe la figura de un desvío, pues explicó que los supuestos seis millones de pesos que desvío César Horacio D.J. en complicidad con Lázaro López, fue un recurso que se destinó al señor Néstor Baeza López, quien es presidente de la Empacadora Ganadera de Chihuahua, y que la asociación División del Norte sólo intervino para solicitar el recurso, que finalmente se entregó a dicha empacadora.

De acuerdo a los depósitos, pagos y destino que se le dio a los 6 millones de pesos que salieron de Fideapech a la Empacadora Ganadera de Chihuahua, compró activos y semovientes necesarios para la exportación de carne a Japón, lo cual tiene comprobado a través del contrato con número 07512/060.

“Por estos hechos, impusieron un proceso administrativo a Lázaro, César Horacio y Mireya, con múltiples de violaciones al proceso penal, administrativo y a la legalidad en todos los sentidos, porque el Fideapech, en ningún momento ha sido un organismo público descentralizado, ni una entidad paraestatal pública, sino que es una figura bancaria para la administración de recursos”, explicó.

Dijo que el fideicomiso tiene tres convenios modificatorios, “la esencia del Fideapech es privada, ninguno de los convenios cambió la naturaleza jurídica, otro hecho es que lo que se señala como peculado tiene dos características, primero debe involucrar un ente público y un servidor público, hay una denuncia ante la SFP contra Mireya, César y Lázaro, sólo César era funcionario, pero violan el debido proceso porque la Función Pública puede recibir quejas y dar seguimiento a las mismas, para investigar si hay faltas, cuando investigue podrá presentar denuncias ante fiscalía y nunca investigaron y la pasaron directo”.

Juan Carlos Mendoza dijo que presentaron denuncias penales sin que la Función Pública hubiera investigado y presentaron como peculado, a pesar de que Lázaro y Mireya no eran funcionarios públicos, por lo que no les importó y cuadraron el delito de peculado en los tres presuntos responsables.

Explicó que dentro de las documentales que ofrece Jesús Jordán Orozco, de todas las pruebas que presenta en ninguna de ellas ofrece el poder que él tiene como apoderado, pero no tiene nombramiento del comité técnico, es decir que la Función Pública recibió todas las denuncias sin que acredite su personalidad.

“De las pruebas que ofrece, en ninguna está el poder que lo acredita como apoderado, ni la Función Pública ni el Ministerio Público agotaron el debido proceso, tenían la obligación, tiene que tener un acto legislativo, no existe, un estatuto orgánico, que antes de que se acabara la administración de Corral, lo crearon con una serie de irregularidad más”, explicó.

El abogado Juan Carlos Mendoza a pesar de toda las pruebas que se presentaron en dos ocasiones a la juez Alejandra Ramos, ella decidió que no modificaría la causa penal de Lázaro, por lo que tres meses después se contagió de Covid-19 y murió, luego de que también le negaran la atención hospitalaria por cuatro días consecutivos.

“Jordán Orozco en complicidad de otras personas creó para sostener la mentiras por el Fideapech, vamos a presentar denuncia, porque hubo falsificación de documentos, usurpación de funciones, lo que trataron de hacer era señalar que había un desvío de dinero lo cual no se dio, el crédito por rapidez se hizo a través de la División del Norte, pero terminó en la Empacadora y eso está en la interpelación judicial”, comentó.

Detalló que a casi un año de que murió, el cuerpo de Lázaro no puede ser entregado a su familia, pues la juez de Control instruyó a que se investigara el motivo de su muerte, a pesar de que el Servicio Médico Forense emitió el certificado en el que aseguró que murió a raíz de una insuficiencia respiratoria por Covid-19.

El abogado comentó que la familia buscaba llevarse a Lázaro a la Ciudad de México, pero hasta el momento no le han permitido cremar el cuerpo para otorgarle un descanso acorde, ya que se mantiene la investigación de parte de la autoridad para determinar la causa de su muerte, lo cual no ha tenido ni un solo avance.

El abogado Juan Carlos Mendoza señaló que las pruebas que se generaron en contra de Lázaro López Ramírez, exdirector del Fideicomiso para Fomentar las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech) no contaban con suficientes elementos para llevarlo a prisión y que de haberse evitado este arresto no hubiera muerto por un contagio de Covid en el Cereso 1 de Aquiles Serdán.

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Explicó que todo el proceso que motivó la detención de Lázaro en 2018 en la Ciudad de México se derivó de una serie de irregularidades que se crearon desde la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General del Estado y el propio Poder Judicial, para que el exdirector se mantuviera en prisión por un supuesto desvío de 6 millones de pesos.

Juan Carlos Mendoza demostró que no existe la figura de un desvío, pues explicó que los supuestos seis millones de pesos que desvío César Horacio D.J. en complicidad con Lázaro López, fue un recurso que se destinó al señor Néstor Baeza López, quien es presidente de la Empacadora Ganadera de Chihuahua, y que la asociación División del Norte sólo intervino para solicitar el recurso, que finalmente se entregó a dicha empacadora.

De acuerdo a los depósitos, pagos y destino que se le dio a los 6 millones de pesos que salieron de Fideapech a la Empacadora Ganadera de Chihuahua, compró activos y semovientes necesarios para la exportación de carne a Japón, lo cual tiene comprobado a través del contrato con número 07512/060.

“Por estos hechos, impusieron un proceso administrativo a Lázaro, César Horacio y Mireya, con múltiples de violaciones al proceso penal, administrativo y a la legalidad en todos los sentidos, porque el Fideapech, en ningún momento ha sido un organismo público descentralizado, ni una entidad paraestatal pública, sino que es una figura bancaria para la administración de recursos”, explicó.

Dijo que el fideicomiso tiene tres convenios modificatorios, “la esencia del Fideapech es privada, ninguno de los convenios cambió la naturaleza jurídica, otro hecho es que lo que se señala como peculado tiene dos características, primero debe involucrar un ente público y un servidor público, hay una denuncia ante la SFP contra Mireya, César y Lázaro, sólo César era funcionario, pero violan el debido proceso porque la Función Pública puede recibir quejas y dar seguimiento a las mismas, para investigar si hay faltas, cuando investigue podrá presentar denuncias ante fiscalía y nunca investigaron y la pasaron directo”.

Juan Carlos Mendoza dijo que presentaron denuncias penales sin que la Función Pública hubiera investigado y presentaron como peculado, a pesar de que Lázaro y Mireya no eran funcionarios públicos, por lo que no les importó y cuadraron el delito de peculado en los tres presuntos responsables.

Explicó que dentro de las documentales que ofrece Jesús Jordán Orozco, de todas las pruebas que presenta en ninguna de ellas ofrece el poder que él tiene como apoderado, pero no tiene nombramiento del comité técnico, es decir que la Función Pública recibió todas las denuncias sin que acredite su personalidad.

“De las pruebas que ofrece, en ninguna está el poder que lo acredita como apoderado, ni la Función Pública ni el Ministerio Público agotaron el debido proceso, tenían la obligación, tiene que tener un acto legislativo, no existe, un estatuto orgánico, que antes de que se acabara la administración de Corral, lo crearon con una serie de irregularidad más”, explicó.

El abogado Juan Carlos Mendoza a pesar de toda las pruebas que se presentaron en dos ocasiones a la juez Alejandra Ramos, ella decidió que no modificaría la causa penal de Lázaro, por lo que tres meses después se contagió de Covid-19 y murió, luego de que también le negaran la atención hospitalaria por cuatro días consecutivos.

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