Víctor Velderrain Quevedo, integrante del movimiento por la Defensa Nacional del Agua y líder del Comité de Agricultores Presos, calificó como ofensiva la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional 56/2020, en la que sobreseyeron distintos aspectos, como la utilización de la Guardia Nacional para disponer de las aguas de la presa La Boquilla.
Lo anterior, durante el análisis del recurso presentado por el municipio de Cusihuiriachi, entre otros municipios del estado de Chihuahua, sobre el manejo de recursos hídricos de La Boquilla, que continúa en discusión por el Tribunal Pleno de la SCJN, y que se programó su seguimiento en la próxima sesión.
“Las controversias constitucionales son por hechos que se llevaron a cabo en 2020, en los que se estaría avalando que la Guardia Nacional actuó conforme a derecho, en caso de que saliera a favor de ellos; o si proceden las controversias a favor de los municipios, se tendría que dar una indemnización al respecto. Evidentemente, sabemos que la Suprema Corte no actúa con la debida autonomía, tan es así, que el proyecto que estaba presentando el Ministro, toma como base al municipio de Cusihuiriachi, cuando todos sabemos que es uno de los municipios que no resulta afectado directamente con el trasvase de estas aguas; pero ellos lo hicieron con la intención de solidarizarse con nosotros”, explicó el representante de agricultores chihuahuenses de la zona centro-sur de la entidad.
En ese sentido, subrayó que hay municipios que sí resultaron afectados directamente, como es Camargo, San Francisco de Conchos, Delicias, Saucillo, Julimes, entre otros; de los que considera que tendrían mucho más validez y peso, tomando como base las controversias constitucionales que se presentaron por parte de estos municipios.
“Creo que la intención a final de cuentas, por parte del Gobierno Federal, en el análisis de estas controversias es para lavarse las manos. Resulta ofensivo para los resultamos afectados por esta situación, sobre todo para las familias de los más perjudicados por daños colaterales, como la libertad de algunas personas, como la muerte de Jessica Silva. Sea cual sea el resultado, es por hechos del 2020, que no por ello avalaría actuar de la misma manera a la Guardia Nacional, así como tampoco nos impediría a los afectados de la región volver a defender lo que creemos que por derecho nos corresponde. Si se vuelve a presentar algo similar a futuro, serían otras las circunstancias, no impediría a la gente de la región defender lo que creemos justo”, afirmó.
En relación a la Ley de Aguas Nacionales, mencionó que está fundamentada sobre un proyecto que se presentó sobre un modelo matemático que en teoría nos ayudaría a tener un mejor control y eficiencia en el manejo de los recursos hidráulicos; sin embargo, se ha estado echando mano para beneficiar a ciertos sectores, intereses personales y políticos, que perdieron de alguna manera, el sentido de la propuesta.
“Es un tema que se tiene que debatir y tomar en cuenta a los afectados y hacer una mejor propuesta a futuro”, dijo.
Víctor Velderrain manifestó que hay trabajo pendiente todavía para cerrar este capítulo de los hechos de la defensa del agua del 2020, en el que está todavía en proceso la justicia para la familia de Jessica Silva y sus deudos; todavía está pendiente el juicio de las personas que cometieron el crimen, el atentado a Jaime Torres; y la liberación del ingeniero Andrés Valles Valles.
“Se está apoyando jurídicamente por parte de una bancada de diputados de nuestro estado para darle seguimiento al caso. A la libertad de nuestros presos, todavía está pendiente la libertad de Andrés Valles, creemos que va por buen camino su proceso y esperamos que en próximas fechas podamos tener más claridad en cuanto a los avances”, finalizó.
