“Si llegara a hacerse oficial la propuesta de regularización y si realmente se quiere controlar los delitos en la frontera, pediríamos una placa distintiva diferente a todas las que existen para que estos vehículos se quedaran realmente en la frontera y no pudieran circular en el resto del estado y de la República”, declaró Víctor Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Chihuahua.
El entrevistado resaltó que la red que distribuye los automotores genera una gran cantidad de impuestos para el estado y la federación, y contribuye en la creación de empleos y que con la regularización tendrían una afectación “muy grande”.
“La regularización significaría un retroceso más a nuestra caída en ventas, por otro lado siempre se ha manejado el concepto de seguridad y de bajos ingresos de las familias para adquirir vehículos, cosa que no es real, debido a que a la hora que se anuncia la regularización se viene una avalancha de vehículos chuecos que entran indiscriminadamente al estado y desafortunadamente no se inscriben en el programa de regularización y no se logra el objetivo de tenerlos identificados”, dijo.
Fue claro al señalar que AMDA le ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que no regularice el contrabando automotriz; y señaló que los distribuidores de automotores del país consideran que los argumentos externados por el presidente para justificar la legalización del contrabando automotriz no responden a la realidad.
“Es el caso de la intención de disminuir la utilización de vehículos sin identificación para cometer delitos. La inseguridad que se vive en el país y principalmente en ciudades fronterizas se debe a la debilidad de las instituciones gubernamentales y a la corrupción imperante. La introducción y comercialización de vehículos ilegales está a cargo de bandas criminales que han contado con la tolerancia de diferentes gobiernos. Por ello la regularización de vehículos no resolverá la inseguridad pública”, expuso.
Indicó que es el mismo caso del argumento esgrimido en torno a beneficiar a familias pobres que no tienen opciones de movilidad más allá de la utilización de vehículos ilegales. En este caso –apuntó- lo que ha estado ausente es una política pública para dotar de un sistema de transporte público a las principales ciudades de México, ya que en ningún país se propone que el uso privado de los vehículos sea la base de la movilidad, mucho menos cuando se trata de vehículos desechados en su lugar de origen.
Comentó que es evidente que ante el anuncio del presidente se ha incrementado la introducción de vehículos ilegales y esto hará más grande el problema, tal como sucedió en 2006 con la regularización ordenada por Vicente Fox, por lo que prevén que haya una afectación notable en el comercio de vehículos nuevos y usados.
Añadió que después de cuatro años de disminución en la venta de vehículos nuevos en el país y después del impacto de la pandemia por Covid-19 en lo que va de enero a agosto se ha iniciado la fase de recuperación; sin embargo ésta se presenta lenta y se estima que será hasta fin de 2023 cuando se puedan tener resultados similares a los de 2019.
Finalmente comentó que la AMDA está en espera de conocer los términos del decreto de regularización para analizar la viabilidad jurídica de interponer amparos en contra de esta acción.
