El dirigente nacional del Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a las autoridades en el estado, a terminar con la criminalización de los defensores del agua en la zona noroeste, ya que por 7 años han pedido que terminen con el robo de agua y en cambio actualmente se giraron 20 órdenes de aprehensión en contra de ellos.
En compañía de Martín Solís, quien es un exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Rural y quien también cuenta con una orden de captura en su contra, explicaron que han denunciado por más de 7 años el robo de agua que sufren por parte de la familia LeBarón, que ha tenido un impacto en sus cosechas e incluso secado los pozos de agua potable de al menos tres comunidades y que de momento ni una sola autoridad ha actuado en estas denuncias.
“Chihuahua sufre una grave crisis por las sequías recurrentes acentuadas en los últimos 10 años, desde el 2012 varios productores agrícolas con concesiones legales para extraer el agua del subsuelo de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, comenzaron a ver disminuidas sus cosechas por el abatimiento de los acuíferos, por lo que iniciaron un movimiento para exigir a las autoridades que cancelaran los más de 400 pozos ilegales abiertos en la Cuenca. La sobreexplotación ilegal, no sólo afecta a las familias que cuentan con concesiones para sembrar sus parcelas y producir alimentos, sino que está provocando un daño irreversible a los recursos naturales” redirigieron los miembros de El Barzón.
En conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad de México, afirman que el Ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura es uno de los principales afectados por la sobreexplotación de la Cuenca, y además desde el 2012 se enfrentan a una empresa minera canadiense que pretendía instalarse en su territorio y realizar explotación a cielo abierto.
“La defensa por el agua y los recursos naturales ha cobrado la vida de Ismael Solorio y Manuela Solís, asesinados en octubre de 2012, así como de Alberto Almeida ultimado en febrero de 2013. Desde entonces el caso es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien otorgó medidas cautelares a favor de 13 personas” compartió Martín Solís.
Por otra parte en el Ejido Constitución, del municipio de Buenaventura conformado por más de 894 ejidatarios, se ubica frente al Rancho La Mojina propiedad de la familia LeBarón, rancho que han utilizado para el cultivo de nogales aun cuando estas tierras no cuentan con permiso para la siembra, precisamente por la sobreexplotación del acuífero y la falta de disponibilidad de agua en la región; sin embargo, aseguran que la familia LeBarón sin permiso y de forma ilegal mantiene abiertos al menos 10 pozos que usan para la siembra de 300 hectáreas de nogal, afectando a más de 800 familias campesinas que sí cuentan con concesiones legales para extraer el recurso hídrico
