/ martes 17 de mayo de 2022

Progresa Chihuahua en estado de derecho; ocupa el lugar 12 nacional

El índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 muestra un estancamiento

El estado de Chihuahua se encuentra en el lugar número 12 de las 32 entidades federativas, en materia de Estado de derecho, sin embargo, en todo el país se presenta un estancamiento en esa materia, al encontrarse todos por debajo de la puntuación media, esto según un estudio realizado por la organización World Justice Proyect.

Lo anterior se dio a conocer dentro de la cuarta edición del único índice subnacional producido por el WJP, el cual permite registrar avances y retos persistentes sobre el Estado de derecho en las entidades federativas, siendo este estudio, una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país.

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El resultado de la investigación, reveló que el índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 muestra un estancamiento, incluso deterioro, en materia de Estado de derecho en diferentes estados; mientras que todos los estados se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea (los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de derecho).

Esta es la primera ocasión en que el estado de Querétaro, aparece en primer lugar con 0.49 puntos, es decir, es la entidad en la que mayormente se respeta el Estado de derecho, sin embargo, no alcanza el 0.50 que sería la mitad de la puntuación que va del 0 al 1.

Le sigue Yucatán, con 0.47 puntos; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46; Sinaloa, con 0.46; Durango, Nuevo León y Zacatecas, con tres con 0.45 puntos; los lugares 9 y 10, los ocupan Baja California Sur y Coahuila, con 0.44 puntos; seguidos por Campeche, con 0.43, y Chihuahua en el puesto número 12, con 0.42 puntos en materia de Estado de derecho.

Chihuahua subió tres niveles a diferencia del estudio 2020-2021, donde se colocó el lugar número 15, sin embargo, esta posición es de índole general, pero también existen otras calificaciones y puntajes de temas relacionados con el Estado de derecho, pero especificados por rubros independientes.

El estado de Chihuahua, recibió el siguiente puntaje y posición: Límites al Poder Gubernamental, 0.47 puntos, y se posicionó en el lugar 06 de los 32 estados; Ausencia de Corrupción, 0.36 puntos y se encuentra en el lugar 14; Gobierno Abierto, 0.53, y se encuentra en el lugar 07; Derechos Fundamentales, 0.52 puntos, y Chihuahua ocupa el lugar número 4; Orden y Seguridad, 0.36 puntos, y se encuentra en el lugar 19 de 32; Cumplimiento Regulatorio, con 0.38 puntos, ubicándose en el lugar número 10; Justicia Civil, con 0.40 puntos posicionándose en el lugar 8; mientras que en Justicia Penal, obtuvo 0.37 puntos y se ubicó en la posición número 14 de entre las 32 entidades federativas.

Al respecto, el abogado y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Roberto Piñón Olivas, explicó que el Estado de derecho significa el cumplimiento de las normas jurídicas por todos los ciudadanos, pero especialmente por la autoridad; una autoridad que no respeta las normas jurídicas pierde legitimidad para imponerlas al resto de los ciudadanos. Desafortunadamente eso es lo que se vive en México, con el gobierno federal.

“Esas imágenes de los elementos castrenses, agredidos y maltratados por delincuentes, manda un mensaje de que ni la misma autoridad es capaz de imponer las normas que obligan a garantizar seguridad y protección a la integridad, a la dignidad de las personas”, lamentó el jurista y catedrático.

Explicó que, si los propios elementos de las fuerzas armadas, no pueden garantizar la seguridad, ni siquiera en protección de ellos mismos, ¿qué puede esperar el resto de los ciudadanos?

“Vemos con el Tren Maya, romper las reglas ambientales, en el Aeropuerto Felipe Ángeles, romper las reglas de cuidado al espacio aéreo, entonces son mensajes terribles de ausencia de voluntad para acatar las reglas, que viniendo de una autoridad es una autorización general para violentarlas; no es un mensaje de legalidad que quisiéramos escuchar y con el cual, por supuesto no podemos estar de acuerdo”, subrayó Roberto Piñón.

Hizo énfasis en que la apuesta es seguir protegiendo el respeto a las leyes como normas de convivencia indispensables, por encima de caprichos personales o políticos.

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El estado de Chihuahua se encuentra en el lugar número 12 de las 32 entidades federativas, en materia de Estado de derecho, sin embargo, en todo el país se presenta un estancamiento en esa materia, al encontrarse todos por debajo de la puntuación media, esto según un estudio realizado por la organización World Justice Proyect.

Lo anterior se dio a conocer dentro de la cuarta edición del único índice subnacional producido por el WJP, el cual permite registrar avances y retos persistentes sobre el Estado de derecho en las entidades federativas, siendo este estudio, una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país.

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El resultado de la investigación, reveló que el índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 muestra un estancamiento, incluso deterioro, en materia de Estado de derecho en diferentes estados; mientras que todos los estados se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea (los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de derecho).

Esta es la primera ocasión en que el estado de Querétaro, aparece en primer lugar con 0.49 puntos, es decir, es la entidad en la que mayormente se respeta el Estado de derecho, sin embargo, no alcanza el 0.50 que sería la mitad de la puntuación que va del 0 al 1.

Le sigue Yucatán, con 0.47 puntos; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46; Sinaloa, con 0.46; Durango, Nuevo León y Zacatecas, con tres con 0.45 puntos; los lugares 9 y 10, los ocupan Baja California Sur y Coahuila, con 0.44 puntos; seguidos por Campeche, con 0.43, y Chihuahua en el puesto número 12, con 0.42 puntos en materia de Estado de derecho.

Chihuahua subió tres niveles a diferencia del estudio 2020-2021, donde se colocó el lugar número 15, sin embargo, esta posición es de índole general, pero también existen otras calificaciones y puntajes de temas relacionados con el Estado de derecho, pero especificados por rubros independientes.

El estado de Chihuahua, recibió el siguiente puntaje y posición: Límites al Poder Gubernamental, 0.47 puntos, y se posicionó en el lugar 06 de los 32 estados; Ausencia de Corrupción, 0.36 puntos y se encuentra en el lugar 14; Gobierno Abierto, 0.53, y se encuentra en el lugar 07; Derechos Fundamentales, 0.52 puntos, y Chihuahua ocupa el lugar número 4; Orden y Seguridad, 0.36 puntos, y se encuentra en el lugar 19 de 32; Cumplimiento Regulatorio, con 0.38 puntos, ubicándose en el lugar número 10; Justicia Civil, con 0.40 puntos posicionándose en el lugar 8; mientras que en Justicia Penal, obtuvo 0.37 puntos y se ubicó en la posición número 14 de entre las 32 entidades federativas.

Al respecto, el abogado y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Roberto Piñón Olivas, explicó que el Estado de derecho significa el cumplimiento de las normas jurídicas por todos los ciudadanos, pero especialmente por la autoridad; una autoridad que no respeta las normas jurídicas pierde legitimidad para imponerlas al resto de los ciudadanos. Desafortunadamente eso es lo que se vive en México, con el gobierno federal.

“Esas imágenes de los elementos castrenses, agredidos y maltratados por delincuentes, manda un mensaje de que ni la misma autoridad es capaz de imponer las normas que obligan a garantizar seguridad y protección a la integridad, a la dignidad de las personas”, lamentó el jurista y catedrático.

Explicó que, si los propios elementos de las fuerzas armadas, no pueden garantizar la seguridad, ni siquiera en protección de ellos mismos, ¿qué puede esperar el resto de los ciudadanos?

“Vemos con el Tren Maya, romper las reglas ambientales, en el Aeropuerto Felipe Ángeles, romper las reglas de cuidado al espacio aéreo, entonces son mensajes terribles de ausencia de voluntad para acatar las reglas, que viniendo de una autoridad es una autorización general para violentarlas; no es un mensaje de legalidad que quisiéramos escuchar y con el cual, por supuesto no podemos estar de acuerdo”, subrayó Roberto Piñón.

Hizo énfasis en que la apuesta es seguir protegiendo el respeto a las leyes como normas de convivencia indispensables, por encima de caprichos personales o políticos.

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