El diputado Gabriel García Cantú, propuso que se aplique una pena de uno a tres años de cárcel, a quienes sin justificación alguna, realicen disparos con armas de fuego; para tal efecto dijo que se deberá integrar en el Código Penal, el delito de disparo de arma de fuego.
Con esto se busca proteger la integridad de los ciudadanos, ya que el solo hecho de realizar disparos de arma de fuego, contrae un peligro para la sociedad; de aprobar dicha modificación a la ley, ya no será necesario causar la muerte o lesiones para que se pueda ser juzgado por dicha acción.
“Este delito busca dar más herramientas a los Ministerios Públicos, para que se pueda castigar a aquellas personas que realizan disparos de arma de fuego y no precisamente causan homicidio, lesiones o daños; muchas veces las conductas no encuadran en la tentativa, es decir; si no existe un riesgo de causar lesiones o de la muerte, en ese sentido este delito ayudará a que no haya impunidad”, dijo el diputado panista.
Agregó que existe una laguna legal que permite a que muchas personas logren su libertad al no acreditar que con disparos, pretendieron ocasionar lesiones o privar de la vida a alguien; señaló que esto podría prevenir tragedias.
García Cantú, mencionó que un ejemplo es en la noche de fin de año, donde se hacen disparos al aire con afán de diversión, sin ningún pudor y la estadística arroja que son niños los que más han perdido la vida a causa de los disparos.
El legislador propone en dicho documento, la pena de uno a tres años de prisión, de quince a 60 días multa y trabajo a favor de la comunidad a quien, sin causa justificada, realice disparos de arma de fuego en el interior de domicilio particular o en la vía pública, o fuera de un campo de tiro debidamente autorizado, o en algún lugar concurrido.
“Se entiende causa justificada a la realización de disparos para salvaguardar la integridad física, la vida, el patrimonio o por el ejercicio de sus funciones, y en el caso de quien realice disparos sin causa justificada, pertenece alguna corporación de seguridad pública o privada, se aumentarán las penas en dos terceras partes y la inhabilitación del cargo hasta por seis meses”, explicó.