/ martes 16 de agosto de 2022

Proponen que tala ilegal amerite prisión preventiva oficiosa

Al determinarse como delito grave, las autoridades deberán decretar prisión preventiva para aquellos individuos que talen de manera ilegal con fines de enriquecimiento ilícito

México pierde su macizo forestal a una tasa de 250 mil hectáreas por año y una tasa neta de 127.8 mil hectáreas por año, Chihuahua es uno de los estados con gran afectación debido a la tala clandestina.

Ante esta situación, la diputada federal María Eugenia Hernández Pérez (Morena) presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional para incluir la tala clandestina de árboles en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

En Chihuahua la semana pasada sentenciaron a tres taladores clandestinos a dos años y ocho meses de prisión y la plantación de 150 pinos como reparación del daño. Transportaban 72 rollos de madera de pino cortados sin permiso de aprovechamiento.

Los hombres fueron encontrados penalmente responsables por delitos contra el medio ambiente, tras haber sido detenidos desde el pasado 19 de febrero en un camino de terracería que conduce del poblado de Babureachi a San Juanito, en el municipio de Bocoyna, uno de los más afectados por la tala clandestina, tanto por particulares como integrantes del crimen organizado.

Este tipo de sucesos se repite a lo largo del país, por lo que la diputada federal considera necesario que la tala ilegal se catalogue como delito grave a fin de inhibir la comisión.

La diputada mencionó que la deforestación ha dado pie al cambio climático por el cual muchas comunidades sufren al ver que el alimento se les escapa de las manos y el agua escasea.

Al determinarse como delito grave, las autoridades deberán decretar prisión preventiva para aquellos individuos que talen de manera ilegal en aras de un enriquecimiento ilícito.

Además mencionó que urge implementar reformas legislativas y políticas públicas encaminadas a enfrentar el fenómeno de la desertificación y la sequía.

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La legisladora insistió en la gravedad del tema, pues dijo que el 95% de la deforestación ocurre de manera ilegal, ya que la Semarnat solamente autoriza el cambio de uso del suelo en un promedio 12 a 13 mil hectáreas al año mientras la deforestación bruta promedio anual es de 250 a 260 mil hectáreas.

“La tala ilegal y clandestina de bosques y selvas son uno de los factores que contribuyen a la destrucción del medio ambiente y que profundizan el grave problema del cambio climático, el cual afecta a todo el planeta, porque modifica las condiciones de vida de todos los seres y altera los ecosistemas”.

México pierde su macizo forestal a una tasa de 250 mil hectáreas por año y una tasa neta de 127.8 mil hectáreas por año, Chihuahua es uno de los estados con gran afectación debido a la tala clandestina.

Ante esta situación, la diputada federal María Eugenia Hernández Pérez (Morena) presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional para incluir la tala clandestina de árboles en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

En Chihuahua la semana pasada sentenciaron a tres taladores clandestinos a dos años y ocho meses de prisión y la plantación de 150 pinos como reparación del daño. Transportaban 72 rollos de madera de pino cortados sin permiso de aprovechamiento.

Los hombres fueron encontrados penalmente responsables por delitos contra el medio ambiente, tras haber sido detenidos desde el pasado 19 de febrero en un camino de terracería que conduce del poblado de Babureachi a San Juanito, en el municipio de Bocoyna, uno de los más afectados por la tala clandestina, tanto por particulares como integrantes del crimen organizado.

Este tipo de sucesos se repite a lo largo del país, por lo que la diputada federal considera necesario que la tala ilegal se catalogue como delito grave a fin de inhibir la comisión.

La diputada mencionó que la deforestación ha dado pie al cambio climático por el cual muchas comunidades sufren al ver que el alimento se les escapa de las manos y el agua escasea.

Al determinarse como delito grave, las autoridades deberán decretar prisión preventiva para aquellos individuos que talen de manera ilegal en aras de un enriquecimiento ilícito.

Además mencionó que urge implementar reformas legislativas y políticas públicas encaminadas a enfrentar el fenómeno de la desertificación y la sequía.

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La legisladora insistió en la gravedad del tema, pues dijo que el 95% de la deforestación ocurre de manera ilegal, ya que la Semarnat solamente autoriza el cambio de uso del suelo en un promedio 12 a 13 mil hectáreas al año mientras la deforestación bruta promedio anual es de 250 a 260 mil hectáreas.

“La tala ilegal y clandestina de bosques y selvas son uno de los factores que contribuyen a la destrucción del medio ambiente y que profundizan el grave problema del cambio climático, el cual afecta a todo el planeta, porque modifica las condiciones de vida de todos los seres y altera los ecosistemas”.

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