Ante la aprobación de la reforma en la cual se amplía el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, el diputado federal por el PRI, Alejandro Domínguez, refirió que esta únicamente desincentiva la labor de los ministerios públicos.
El también dirigente estatal de dicha fuerza política refirió que esta reforma solo amplía los delitos en los que se deberá de aplicar la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, externó que no están de acuerdo dadas las repercusiones que se podrían tener.
“El sistema de justicia penal acusatoria adversarial que es el que tiene México es un sistema garantista; es decir, protege los derechos humanos y la presunción de inocencia, por lo que, si el Ministerio Público no tiene la averiguación debidamente integrada, pero lo cataloga como un delito, ya la persona tiene que estar en prisión preventiva hasta por dos años”, explicó Domínguez.
Sin embargo, recalcó que eso violenta una resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que dijo que México tiene que legislar para que la prisión preventiva sea justificada.
Esta última puede ser aplicada en cualquier delito siempre y cuando se justifique que la persona se puede fugar, que se argumente como Ministerio Público la peligrosidad que implica la persona en virtud que pueda tener en riesgo a la víctima, a sus testigos o a los investigadores; o que el acusado esté siendo procesado por un delito dolosos.
“Si argumentan alguna de esas tres causas, la persona se debe quedar en prisión preventiva”, refirió; empero, recalcó que, con esta reforma validada por mayoría, se está desincentivando la profesionalización de los ministerios públicos.
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De la misma manera, se está facilitando al Ministerio Público la posibilidad de argumentación, por lo que refirió que, a su parecer, se debe de perfeccionar la capacidad de esta figura, dotarlos de mayores herramientas y de más recursos.
