El Consejero Jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, aseguró que este miércoles 18 de Agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver de manera favorable que el Estado de Chihuahua sea reconocido en calidad de “víctima” por el desvío de 250 millones de pesos a través del mecanismo Operación Safiro con los que se financiaron campañas priístas en 2016.
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Espinoza Cortés explicó que el Estado resintió ese daño patrimonial al haberse sustraído de manera ilícita los recursos, que inicialmente en 2018, un Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México consideró que era la Federación quien tenía la calidad de víctima, por tratarse de recursos federales.
“Es decir, la Corte va a tener que resolver en su momento si el recurso que fue desviado de las arcas del Estado efectivamente es estatal o federal. Esa es la materia del amparo que se va resolver el próximo miércoles”, señaló Espinoza Cortés.
Dijo que en caso de ser favorable la resolución, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) podrá recuperar la causa penal y continuar la etapa procesal que se tenía en contra del exsecretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, operador principal del desvío de los 250 millones de pesos.
Indicó que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez tenía la medida cautelar de prisión preventiva, antes de que la Federación arrebatara el proceso a Chihuahua, por lo que en caso de que la resolución sea positiva para el Estado, seguramente esta medida cautelar tendría que cobrar vigencia y continuarse el proceso en Chihuahua, en la etapa que corresponda.
“En este momento se encuentra a proceso, que ya tiene una sentencia según distancia que le elevó la pena de prisión a seis años sin beneficios, por lo cual, ahorita Alejandro Gutiérrez Gutiérrez presentó un amparo directo que acaba de atraer precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, detalló.
Reiteró que de darse una resolución positiva, las investigaciones continuarían también para otras personas que se pudieran estar involucradas en en esa misma investigación.
Destacó que ante la complicidad del entonces encargado de la Fiscalía General de la República, Elías Beltrán se interpuso una denuncia penal y administrativa, quien pidió la solicitud de sobreseimiento de este caso originado en Chihuahua.
Operación Justicia destapó desvíos como los que se usaron en Operación Safiro, Operación Justicia para Chihuahua destapó distintos desvíos a través de empresas fantasmas, contratos simulados y triangulaciones como las que se usaron en la “Operación Safiro”, para financiar campañas del PRI en otros estados.
Las investigaciones vincularon a exfuncionarios de alto nivel, como el exsecretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, involucrado en el desvío de 246 millones de pesos.
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre de 2017; un juez de Control lo sentenció a 3 años de prisión y posteriormente un Tribunal de Apelación amplió esa condena a 6 años, por el delito de peculado agravado, aunque luego de distintas argucias y maniobras judiciales, se le arrebató el caso a Chihuahua y un juez federal terminó por sobreseer el expediente y exonerar a Gutiérrez.
La Fiscalía General del Estado acreditó el desvío, que por órdenes del exgobernador de Chihuahua se operó en favor de Gutiérrez, hombre cercano a Manlio Fabio Beltrones y cuando el primero fungía como secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, con funciones de tesorero.
Para este desvío fueron usadas en total nueve empresas fantasma, con simulación de adquisiciones operada desde la Secretaría de Educación y Deporte y participación clave de las firmas Sisas, Sinax, Samex y Futura.
En este caso se tienen pendientes investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos”, declaró uno de los testigos de identidad reservada en el juicio contra “La Coneja”.
De acuerdo con las indagatorias, los recursos salieron de la Secretaría de Hacienda federal hacia el Gobierno del Estado, se triangularon con empresas fantasmas y terminaron en el PRI nacional, desde donde se distribuyeron a las entidades inmersas en procesos electorales.
“Es en Chihuahua donde se puso al descubierto el esquema del Gobierno de Peña Nieto para usar a través de la Secretaría de Hacienda, los recursos para campañas y el uso de empresas factureras de operaciones simuladas, las EFOS o empresas fantasmas, como también son conocidas estas factureras”, explicó el gobernador, Javier Corral Jurado, sobre el alcance de la investigación.
En el caso de Chihuahua, Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación Cultura y Deporte, fue sentenciado a cuatro años de prisión por ser actor central en el desvío de los 246 millones de pesos.
Karla Areli Jurado Bafidis, quien fungió como directora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, fue sentenciada a tres años de prisión sin beneficio a condena condicional, por el delito de peculado, ya que también participó en la elaboración de contratos simulados con cuatro empresas en este mismo desvío.
En las audiencias públicas ante los jueces, se conocieron declaraciones del entonces secretario de Educación, Cultura y Deporte, sobre cómo se hicieron las transferencias con la intervención de Antonio Tarín García, quien fue director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y Gerardo Villegas Madriles, exdirector General de Administración de la misma dependencia.
Ambos personajes son clave en distintas carpetas de investigación de Operación Justicia y se encuentran en el largo listado de personas llevadas ante los tribunales.
De Yáñez fue muy conocido su testimonio, leído en audiencia pública, respecto a lo que a él le preguntó a Gutiérrez Gutiérrez cuando se enteró que la Fiscalía de Chihuahua tenía en su poder facturas entregadas por otro de los involucrados: “¿Y por qué sigue vivo ese cabrón?”
El alcance nacional de lo documentado en Chihuahua fue confirmado, en noviembre de 2018, por una investigación de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Con base en el trabajo de la Fiscalía General del Estado, MCCI descubrió un modus operandi similar en los estados de Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y en la Ciudad de México.
Incluyendo los 246 millones de Chihuahua, la investigación documentó en total un desvío de 650 millones de pesos en siete entidades federativas, aunque la propia Fiscalía de Chihuahua considera que el esquema pudo haberse replicado en más estados.
El método consistió en disponer de empresas inexistentes para facturar por servicios costosos que nunca fueron prestados. Incluso en algunas de las entidades, de acuerdo con la investigación de MCCI, se usaron las mismas empresas fantasmas.
En su investigación, MCCI acreditó que por medio de la “Operación Safiro”, del Gobierno del Estado de Durango fueron extraídos 230 millones de pesos y otros 130 millones por el de Sonora, con métodos similares y con el uso de algunas de las mismas empresas “fantasma” utilizadas en Chihuahua.
Además, el poder Legislativo del Estado de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos, el Gobierno de Colima otros 15 millones y con montos mínimos participó la hoy alcaldía de Milpa Alta de la Ciudad de México. En el caso del Estado de México, la investigación confirmó que hubo desvíos, aunque el gobierno estatal ocultó información sobre los contratos.
Según MCCI, esas cantidades fueron transferidas a cuentas del banco Santander a nombre de firmas como Sinnax, Samex, Sisas y Despacho de Profesionistas Futura (las mismas que aparecen en el expediente de Chihuahua), cuyos representantes legales resultaron ser prestanombres, parientes y amigos de éstos.
También fueron documentadas transferencias a Publicidad Recrea, Publicidad ICON, Pragmatics y Constructora Franfeca, SINEX, Franfeca, Comercializadora Vezcu, Constructora Invelco y Constructora Tocap, empresas que comparten como accionistas a vecinos de zonas populares de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
En otra parte de su investigación respecto a la “Operación Safiro”, la asociación civil encontró la participación de una empresa vinculada al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Se trató de la corporación denominada Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), fundada por Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México.
Mexicanos contra la Corrupción develó a esta empresa como operadora principal de los desvíos hacia las campañas del PRI en varias de las entidades federativas.
Cuando se publicaron los hallazgos a nivel nacional, el gobernador de Chihuahua declaró que conociendo la magnitud del saqueo y el origen de la operación, podían entenderse actuaciones de la Procuraduría General de la República y de jueces federales durante el mandato de Peña Nieto, que claramente defendieron y protegieron a políticos corruptos como Alejandro Gutiérrez.
La protección a “La Coneja”
El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia dictó el sobreseimiento de la causa en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por el delito de peculado, la noche del viernes 31 de agosto de 2018.
El sobreseimiento se derivó de que los agentes del Ministerio Público de la Federación decidieron no acusar al imputado, constituyéndose técnicamente en su defensa de oficio.
Chihuahua busca desde entonces que esa resolución quede sin efecto, además de que por medio de la Consejería Jurídica del Estado se interpusieron denuncias penales en contra de los agentes de la Procuraduría General de la República que decidieron no acusar al detenido, además de quejas administrativas ante la Función Pública y los órganos internos de control.
El caso aún está pendiente de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que hay varios amparos presentados por el Gobierno del Estado de Chihuahua.
Cuando se conoció la resolución, el gobernador Javier Corral dijo que el Gobierno Federal intentó sepultar a cualquier costo el caso de corrupción política con mayor evidencia probatoria en los últimos años en el país, “porque toca, ni más ni menos, al ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y al propio presidente de la República”.
Lamentó entonces que se haya mantenido la intención del Gobierno de la República de liberar a cualquier costo a Gutiérrez Gutiérrez “porque el papel que juega en la operación que se conoce como Safiro, ha puesto en jaque al régimen corrupto y corruptor de Peña Nieto”.
“Y porque protegiendo a Gutiérrez, en realidad se protegen a sí mismos. El asunto toca los más altos niveles de responsabilidad política en México, ni más ni menos el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque no es posible admitir que una operación se haya dado sin el consentimiento del presidente de la República”, expresó Corral.
El mandatario estatal advirtió desde la noche del jueves 30 de agosto de ese 2018, sobre una burda treta de la Procuraduría General de la República (PGR) para que la pieza clave en el saqueo de recursos públicos para financiar campañas del PRI, obtuviera su libertad.
En un mensaje a las y los chihuahuenses, adelantó que la estrategia incluía el desistimiento de todo cargo penal por parte de la PGR ante el juez federal y recapituló la serie de acontecimientos recientes, en ese nado sincronizado a favor de Gutiérrez.
Y es que previamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió desechar el recurso presentado por el Estado de Chihuahua para que revisara la actuación irregular de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, que federalizó el caso de la triangulación de recursos al CEN del PRI que involucra a Gutiérrez.
Además, el jueves 30, un Tribunal Colegiado revocó la prisión preventiva impuesta a Gutiérrez por un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en relación al otro expediente que se le abrió por el desvío de 1 millón 740 mil pesos, un pago que se transfirió a su cuenta personal y que los fiscales identificaron como una especie de “comisión”, por la operación mayor.
En ese momento el gobernador solicitó al juzgador posponer la audiencia, hasta en tanto no se resolviera en definitiva, un amparo que interpuso el Gobierno del Estado de Chihuahua, sobre el reconocimiento de la calidad de víctima del estado, toda vez que la ley señala la conformidad de la víctima para el sobreseimiento.
Sin embargo, la audiencia se llevó a cabo y el juez de Control federal resolvió suspender el procedimiento judicial contra el dirigente partidista.
Cronología del proceso judicial de “La Coneja”
1. En febrero de 2018, la defensa de Gutiérrez presentó una solicitud de inhibitoria en la Ciudad de México por considerar que un juez federal era quien debía juzgar el caso y no uno local.
2. Para llevar a cabo esta audiencia se habían nombrado al juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, pero justo antes de iniciarla, fue sustituido por el juez y administrador del Centro de Justicia, Gerardo Moreno, señalado por haber llevado también el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, procesado por peculado y delincuencia organizada.
3. De forma irregular, sin pruebas ni base legal, el juez federal resolvió en esa primera audiencia que el dinero desviado por Gutiérrez, Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, provenía de fondos federales asignados a Chihuahua, por lo que debía conocer sobre el caso. Con ello, modificó ilegalmente los hechos para convertir el delito perseguido por la fiscalía estatal, en materia federal.
4. En su resolución, el juez Moreno García ordenó al Juez de Control que lleva los casos en Chihuahua, que pusiera a su disposición a los imputados, así como los expedientes del caso, intimidándolo con que, de no hacerlo en un máximo tres días, se le impondría una cuantiosa multa.
5. Sin esperar a que el juez local resolviera si aceptaba o rechazaba dejar de conocer del caso como se le solicitaba, el juez Moreno comenzó un conflicto competencial: solicitó a una autoridad superior, el Décimo Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, que decidiera sobre quién era el juez que tenía competencia para conocer del caso.
6. En un primer momento, el Décimo Tribunal Colegiado de la Ciudad de México integrado por Carlos López Cruz, Olga Mejía Sánchez y Silvia Estrever Escamilla, desechó el planteamiento del juez federal, coincidiendo con los criterios de que correspondía a un Tribunal Colegiado de Chihuahua resolver el conflicto de competencia.
7. Días después, de forma inusual y extralimitando los derechos y garantías de la parte agraviada, es decir, el Estado de Chihuahua, revocó su propia determinación y aceptó a trámite la solicitud, para finalmente resolver que sí correspondía conocer del asunto al Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, Gerardo Moreno García.
8. La resolución del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito se emitió en un mismo día y fuera de los horarios laborales, lo cual es inusual y evidentemente careció del tiempo necesario para ser exhaustiva e imparcial.
9. El Gobierno del Estado de Chihuahua interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura y un Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, a diferencia de las rápidas resoluciones anteriores, estos recursos presentados en marzo y abril de 2018, ni siquiera fueron admitidos.
10. Una vez asumida la competencia, el juez Moreno ordenó al director del Cereso Aquiles Serdán en Chihuahua, le entregara a los imputados Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas para ser trasladados a un reclusorio de la Ciudad de México.
11. La Consejería del Estado interpuso una demanda de Amparo, solicitando que se suspendiera el traslado de los detenidos a otra ciudad, ya que podría afectar al menos 6 juicios adicionales.
12. El Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado de Chihuahua, en un solo día resolvió que se dejara sin efectos la suspensión provisional.
13. El juez Moreno celebró dos audiencias extraordinarias los viernes 4 y 11 de mayo, fuera de los horarios laborales y a través de videoconferencia desde la Ciudad de México.
14. Desde esa primera audiencia, impidió que el Gobierno del Estado estuviera representado, incluso expulsó de la sala a sus representantes jurídicos, lo que demuestra una evidente parcialidad hacia los imputados.
15. Además, pretendió invalidar actuaciones que están en el expediente y eliminar la reserva de identidad y criterios de oportunidad a los que se han acogido personas que son testigos clave en los hechos delictivos vinculados con la administración de César Duarte.
16. El viernes 11 de mayo a las 9 de la noche, el juez Moreno García celebró una audiencia, él desde la Ciudad de México vía videoconferencia, con la presencia de los imputados en las instalaciones del Poder Judicial Federal en Chihuahua.
17. Antes de que terminara la audiencia, solicitó a la Policía Federal que condujera a los detenidos hasta el Aeropuerto Roberto Fierro, para que fueran puestos materialmente a su disposición y trasladados a la Ciudad de México, en un jet de la Secretaría de Gobernación que ya los esperaba.
18. En esa misma audiencia, en una decisión inconstitucional y violatoria de todo derecho, el juez Moreno García ordenó que el otro proceso penal contra Alejandro Gutiérrez –por el desvío de 1 millón 740 mil pesos– fuera atraído también por ese juzgado federal para resolver al respecto en la Ciudad de México.
19. Ante las evidentes artimañas jurídicas para sacar de Chihuahua a como diera lugar a personajes clave en las investigaciones contra el prófugo de la justicia, César Duarte Jáquez, la Policía Estatal impidió el traslado de los imputados hacia el aeropuerto y aseguró su regreso al Cereso local.
20. La SCJN resuelve desechar el recurso presentado por el Estado de Chihuahua para que revisara la actuación irregular de un Tribunal Colegiado de la CDMX, que federalizó el caso de la triangulación de recursos al CEN del PRI que involucra a Gutiérrez.
21. El 30 de agosto de 2018 el Tribunal Colegiado revocó la prisión preventiva que enfrentaba Gutiérrez, en el proceso penal del fuero local, también por desvío de recursos, que lo mantenía interno en el Estado de Chihuahua. Después sólo le restó librar la prisión preventiva del proceso federal por la triangulación de recursos.
Aunque pudo evadir el encierro porque se le revocó la prisión preventiva, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue declarado culpable, el 6 de mayo de 2019, del delito de peculado agravado por 1 millón 740 mil pesos.
La Fiscalía General del Estado obtuvo el fallo condenatorio al demostrar ante el Tribunal que recibió el recurso estatal en sus cuentas personales y simuló la prestación de un servicio.
La representación social mostró más de 50 pruebas de cargo, incluyendo cerca de 30 testimonios de servidores públicos, expertos financieros, peritos y personas que presenciaron y operaron el acto de corrupción, además de múltiples pruebas documentales, como las cuentas bancarias en las que se recibió el dinero.
La sentencia es relevante porque el caso está vinculado al desvío de mayor cuantía en la “Operación Safiro” (246 mdp), cargo del que Gutiérrez fue exonerado por un juez federal.
El 27 de noviembre de 2020, un Tribunal de Apelación del Poder Judicial en el Estado de Chihuahua, confirmó la sentencia condenatoria por el delito de peculado agravado, revocó la pena impuesta de tres años y la incrementó a seis años, aunque la protección federal libró de la cárcel a “La Coneja”, de nuevo por la vía del amparo.
