El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya, dijo que a las más de 400 personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado en diferentes comunidades en la Sierra Tarahumara se les debe restituir a sus comunidades garantizándole protección y seguridad de parte del estado o federación, según sea el caso.
“Se debe regresar las cosas a como estaban antes de ser víctimas de desplazamiento, se debe garantizar un retorno seguro a sus comunidades de origen, es obligación del estado y los municipios de brindar las condiciones, si no pueden retornar, queda inconclusa la reparación del daño y existe otro factor que en caso de comunidades indígenas se pierde la identidad cultural por emigrar de sus hogares”, detalló.
Dijo que la intención de generar un protocolo de atención a personas desplazadas, no es sólo atenderlas y trasladarlas a un lugar seguro, sino que es sólo una medida provisional, sin embargo, el fondo del asunto debe ser que se esclarezcan los hechos y se les brinde seguridad para garantizar su retorno seguro, en el lugar donde existe su identidad cultural.
“Si el estado o municipio no garantiza la seguridad o protección de una persona, se trata de un desplazamiento forzado, a diferencia de lo que se pensaba hace unos años, que sólo en algunos lugares de Europa occidental, oriental y África, pero ahora esto es el desplazamiento forzado, y es lamentable, se da en comunidades de la región serrana”, comentó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Comentó que en ocasiones las comunidades indígenas son obligadas a trabajar de forma obligatoria para el crimen organizado, luego a ceder sus tierras, cuando no acceden, es cuando ejercen violencia contra ellos o sus familias, y en ocasiones se ven obligados a emigrar de sus hogares de origen.
“Hemos tenido casos en Guadalupe y Calvo, en Uruachi, Guazapares, por primera vez en la historia de la Comisión se trató como un acto violatorio el desplazamiento forzado, en una recomendación que se cumplió el año pasado, derivado del asunto donde pierde la vida el activista Julián Carrillo y otros familiares, porque tuvieron que emigrar a pesar de que tuvieron medidas cautelares”, indicó.
El presidente aseguró que es lamentable que las autoridades no han podido garantizar la estabilidad de una comunidad en Chihuahua, por lo que exhortó a las víctimas de este delito a interponer su queja ante el organismo para que se busque investigar de tajo cada uno de los casos a través de la Fiscalía General y la Comisión de Víctimas.
Julián Carrillo Martínez y 14 personas no lograron ser protegidas por el estado
A pesar de que el activista Julián Carrillo contaba con protección del estado como medida cautelar por los constantes abusos del crimen organizado en Guadalupe y Calvo, en octubre de 2018 fue privado de la vida, por lo que organismos internacionales mantienen abierta la recomendación 030/2020 en la que se instruye al Estado mexicano a reparar el daño y garantizar la protección para dicha comunidad.
De acuerdo con la recomendación, Julián vivió una serie de abusos y acoso de grupos criminales, por el tema de las tierras y cultivos, esto desde 2014, sin embargo tiempo después se le brindó protección y teléfonos satelitales para que tuviera comunicación continua con las autoridades para prevenir cualquier tipo de abuso.
En la recomendación, Michael Forst y David Kaye, ambos en su carácter de relatores especiales de la ONU, refirieron que en la entidad existía una grave situación de violencia hacia los defensores de derechos humanos que generalmente quedaba impune y que “los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponen a proyectos a gran escala, se enfrentan a actos de violencia que a menudo impune y cuenta tácita o abiertamente con el apoyo de las autoridades locales”.
Por estos hechos, la CEDH insiste en que se repare el daño a los afectados, se restablezca la identidad cultural, se garantice el retorno seguro, se brinde atención gratuita médica, psicológica, jurídica, educativa y se investigue de forma exhaustiva los motivos por los cuales fueron privados de la vida.
Asimismo en la recomendación se solicita sustanciar y dilucidar un procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la FGE que tenían la obligación y responsabilidad de salvaguardar la vida de Julián Carrillo y se implementen medidas de no repetición.
Sin embargo, a pesar de que la solicitud fue entregada en noviembre de 2020, a un año de esta recomendación, no se ha atendido ni uno de los puntos que fueron comunicados por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos e incluso los actos de desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo continúan sumando más de 300 personas desplazadas por grupos criminales.
