A pesar de que hace más de tres años se instaló el Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Chihuahua, a la fecha este modelo ha sido considerado una “simulación” por parte de las seis autoridades que integran el Comité de Participación Ciudadana, quienes ya incluso no sesionan a pesar de tener una obligatoriedad de reuniones al mes.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana, René Moreno, consideró que el sistema se ha convertido en una simulación por parte de todas las autoridades que lo integran, además de ser un comité que no tiene “dientes” para poder perseguir y sancionar la corrupción, y sólo se abocan en “hacer a que hacen” cuando en realidad no se está atendiendo la política pública, ante la falta de interés de los integrantes y los conflictos que existen en las diferentes representaciones.
“Parece el Sistema de Simulación Anticorrupción, hemos intentado hacer propuesta de política pública, discutir temas de interés, hay muchos proyectos, alertas y cuando intentamos discutir, nos bloquean la posibilidad de discutirlo, como la Torre Centinela, la reforma de las magistraturas, nombramientos, parece simulación estatal, se ha puesto más claro con el paso de los años, pero tiene fallas de diseño que vienen arrastrando desde hace años”, comentó.
Parte de este dicho lo sustenta con los “vacíos” y “alertas” que han detectado en diferentes áreas como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde el nombramiento del titular se dio de forma ilegal, así como los resultados que ha tenido esa corporación, donde cerca de 150 casos que atendió sólo cinco de ellos logró obtener una sentencia, pese a tener miles de millones de presupuesto para investigar y atender los actos de corrupción, pero no todos llegan ni siquiera a una judicialización.
“Hemos detectado que ninguna de las denuncias ciudadanas que se llegan a presentar en la Fiscalía Anticorrupción avanza a la judicialización de carpeta, de nada sirve que la ciudadanía denuncie si no la van a tomar en cuenta, eso genera más desaliento en el combate a la corrupción”, compartió René Moreno.
Consideró que algo similar pasa con los Órganos Internos de Control, que no realizan informes de responsabilidad administrativa, a pesar de ser los encargados de realizar las investigaciones y responsabilidades de los servidores públicos, atender las denuncias y todo lo relacionado con el funcionamiento público, pues incluso calculan que al año realizan cerca de 30 informes, de todo el aparato estatal, municipios, paraestatales, Judicial, Legislativo, es decir, donde se utiliza recurso público.
En el caso del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, consideró que a lo mucho en un año de labores atienden cerca de 50 casos los magistrados de este organismo, que desconoce si es por la falta de casos presentados por el resto de las autoridades o por la carga laboral misma de este organismo.
“No se trabaja como Sistema Estatal Anticorrupción, cada quien trabaja en su materia, porque no se han querido coordinar, es uno de los grandes problemas, es el problema y es lo que deberíamos estar trabajando en cómo combatir la corrupción y en cambio cualquier acción tiene que ser aprobada por los seis entes y comúnmente censuran la realidad de lo que está sucediendo”, compartió.
Dice que como representante del Comité se realizan recomendaciones claras y el resto de los integrantes las comienzan a “desmembrar”, la dejan sin peso real, matan la recomendación al quitar alcances, y considera que desde que inició el sistema es de simulación, están pasando los vacíos continuos.
“Sostengo que es desde que inició el sistema, no es sólo de este año, cuando se ha venido dando la simulación, tenemos una meta en instalar las políticas públicas de combate a la corrupción en 10 años, pero al momento queda mucho por hacer porque no existe la voluntad para continuar con esta estrategia”, abundó.
En el Sistema Estatal de Corrupción está representado por la Auditoría Superior del Estado, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
