El Congreso del Estado envió un exhorto al Ejecutivo Federal para que, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se incluya a Chihuahua dentro del Acuerdo por el que se otorga a ciertas entidades un subsidio a la tarifa eléctrica ante las altas temperaturas.
Fue el diputado panista, Ismael Pérez Pavía quien presentó esta propuesta ante el Pleno del Congreso señalando que el pasado 23 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto respecto a los subsidios para las tarifas de la luz en diversos Estados de la República.
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Empero, pese a que ese subsidio se debe a las altas temperaturas que se registran durante el verano, a Chihuahua no se le contempló, por lo que demandan que se incluya al igual que las otras entidades pues mantiene las mismas características que esas regiones.
Baja California, Sinaloa, Sonora y Nayarit son las regiones que serán beneficiadas contando de manera permanente con recursos para ofrecer a su población la disminución de las tarifas a través de convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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“Lamentablemente, el Estado de Chihuahua no será beneficiado dentro de este acuerdo, a pesar de que la entidad se encuentra junto con Baja California, Sonora y Coahuila, dentro de los estados con la sequía más grave en México, esto de acuerdo con el Monitor de Sequía de México”, comentó el legislador en su exposición de motivos.
Lamentó que, a pesar de que se cumple con todos los requisitos para ser incluidos en el acuerdo en mención y de que se ha incrementado un 12 por ciento la sequía excepcional en la entidad en menos de quince días, “Chihuahua será castigado” al no contar con este apoyo.
En su exposición de motivos el panista recordó que el suministro de energía eléctrica es una necesidad básica para el desarrollo de cualquier comunidad y de todos los mexicanos que debe ser cubierta y garantizada por el Gobierno Federal.
Por tal motivo, Pérez Pavía fue contundente al exigir la urgencia y necesidad de que la Federación adopte una política pública integral que garantice la protección de todos los ciudadanos por igual, sin distinciones y preferencias políticas.