Un total de cuatro personas se encuentran en el rango de las características que concentra el nuevo decreto presidencial, para que puedan obtener su libertad el próximo día 15 de septiembre, lo anterior luego de la presentación oficial que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
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En el estado de Chihuahua no hay presos que cuenten con más de diez años en no recibir una sentencia, así como detenidos por delitos no graves o víctimas de tortura, por lo cual cuatro personas que se mantienen en el rango de edad de los 65 a 75 años pueden quedar en libertad por su edad, de acuerdo a estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
De acuerdo a los registros penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), sólo cuatro personas podrían quedar en libertad el próximo 15 de septiembre por tener de 65 a 75 años de edad, quienes cometieron un homicidio, delito ambiental, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y otro más por delitos contra la salud.
El secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, dijo que el decreto presidencial no representa un cambio importante para el tema de despresurización de los centros de readaptación, ya que sólo esas cuatro personas podrían entrar en los requisitos que se han dado a conocer.
“Son muy escasos los casos, lo mejor sería que a los presos que purgan condenas ya con sentencia del fuero federal se los llevaran a los reclusorios federales, eso nos sería de bastante ayuda para evitar la sobrepoblación de los centros”, aseguró el secretario de Seguridad tres esta posible modificación en los penales en el país.
Explicó que en el estado de Chihuahua existe un registro de por lo menos 8 mil 700 internos en los penales del estado, donde la capacidad de estos centros ronda los 7 mil internos, lo cual se ha mantenido rebasado desde hace varios años por el alto número de internos de los fueros estatales y federales.
Según los datos presentados por la Secretaría de Gobernación, en total hay 220 mil 114 personas en cárceles federales, de ellas 94 mil 547 (43%) es población no sentenciada y 125 mil 567 es población sentenciada (57%); de los no sentenciados, 13% están por delitos de fuero federal y 87% por delitos de fuero común. Además, 8% se encuentran en centros federales y 92% en centros estatales.
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