La secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, dijo que al hacer un balance de dependencia a su cargo lograron detectar que la pasada administración tuvo una nula acción en 25 denuncias que le fueron entregadas por parte de la Auditoría Superior del Estado, las cuales equivalen a 236 millones 278 mil pesos.
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Compartió que derivado del proceso de entrega y recepción, fue que la Función Pública logró ubicar y detectar que más de 25 denuncias que había interpuso la Auditoría Superior del Estado en 2019, se encontraban sin avance y en aparente estado de abandono, a pesar de la gran cantidad de recursos que mantiene irregularidades.
En compañía del sub secretario de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Osiel Torres Molina, informaron que el total de las denuncias que se localizaron sin tratamiento, la dependencia ya dio vista e interpuso su denuncia correspondiente, para que se investigue el motivo por el cual no se resolvieron estas denuncias.
“Los 25 por norma y actuación, no corresponden a que le de seguimiento la Función Pública, se remitieron en enero a la ASE, en consecuencia de este envío, la Auditoría analiza la información, revisa que no se le dio seguimiento y es cuando ellos también interponen denuncia al Órgano Interno de Control, que es el órgano facultado para dar atención a este tipo de asuntos”, compartió el sub secretario de Fiscalización.
Comentó que dentro de los casos emblemáticos existen posibles irregularidades de adjudicaciones directas, indebidas, en contratación, que pueden ser desde el proceso de contratación, la contratación o el término final de lo que representa un contrato, como los “entregables”, entrega de bienes, entre otros más.
Dijo que también había algunos casos de presuntos pagos indebidos en la pasada administración, que se pagó a proveedores cuando no les correspondía haber recibido ese pago, así como la falta de documentos de la normatividad aplicable donde no se fundamentó y la excepción para adjudicar.
“Había muchos contratos que indebidamente se adjudicaron, a pesar de las limitantes que la misma ley marca, estos 25 expedientes pudieran tener un grado de responsabilidad, pero la autoridad correspondiente será quien determine la participación o el grado de responsabilidad que hayan cometido”, agregó.
Por su parte la secretaría María de los Ángeles Álvarez dijo que entre estos expedientes podría caer la responsabilidad en 81 personas, entre ex servidores públicos, que van desde titulares de secretarías, hasta el grado de directores de área, según se logró constatar en los diferentes expedientes.
“Podría haber una negligencia administrativa, hasta un abuso de funciones, como acción u omisión, por no haber dado atención debida en los expedientes, todo lo que determinamos es presuntamente en las diferentes irregularidades, pero el que determina son las autoridades como el Órgano Interno de Control, según lo faculta la Ley de Responsabilidades”, abundó.
El pasado lunes 2 de mayo, la ASE informó que dio vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública para que se investigaran las posibles omisiones en que pudieran haber incurrido servidores públicos de esa dependencia, durante la administración de Javier Corral Jurado.
Esto luego de que se detectara una actividad procesal nula de más de dos años en la tramitación de las mencionadas 25 denuncias administrativas presentadas por ese organismo en contra de ex empleados que colaboraron en el gobierno de César Duarte Jáquez.
