De nueva cuenta la Diócesis de Tarahumara lanzó un llamado público para pedir que cese el conflicto armado en la Sierra Tarahumara, donde la sociedad no puede andar libremente, recalcando que se están terminando las garantías de los ciudadanos al vivir en un “estado de guerra”.
El documento, firmado por el obispo Juan Manuel González Sandoval y que fue retomado por la Compañía de Jesús y eclesiásticos de Argentina, cuestiona a las autoridades sobre el momento en el que perdieron el poder y la autoridad ante estos grupos criminales, e insisten en que se debe restablecer la paz, ya que no se puede frenar la vida ciudadana por el flagelo y el estallido de la violencia.
El conflicto armado dentro del municipio de Guachochi se viene a generar a cuatro meses del homicidio de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, a manos de un presunto líder criminal identificado como José Noriel P. G. “el Chueco” -perteneciente al mismo cártel que perpetró el enfrentamiento en Guachochi- quien terminó con la vida de ambos sacerdotes, esto al interior de la iglesia principal de la comunidad de Cerocahui en el municipio de Urique.
Sobre estos hechos no se ha logrado atrapar, hasta este momento, al presunto responsable y mientras continúa el paso de los días, los reclamos de justicia siguen vigentes y constantes para dar con el presunto responsable.
El enfrentamiento armado, que se registró el pasado 20 de octubre, dejó un saldo de cuatro personas sin vida, así como la detención de doce personas más, quienes al parecer son integrantes de un grupo criminal y son quienes se encuentran actualmente a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el resguardo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de la subdelegación de la corporación ubicada en la ciudad de Chihuahua.
Sólo hace tres semanas el mismo vicario de la Diócesis de Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Espinosa, recibió información y alertó que los mismos pobladores en Urique ya habían notado que la presencia de los elementos de seguridad se había disminuido, y que se habían retirado de Cerocahui, donde José Noriel “el Chueco” era buscado por cientos de elementos, y que también estaban regresando los grupos criminales a esta zona en la Sierra Tarahumara.
La Diócesis de Tarahumara publicó un llamado para las autoridades en el estado y en el resto del país, así como a los mismos criminales, les elevó una súplica para terminar con la violencia del estado, incluso los culminó a dejar las armas y terminar con los conflictos armados que están afectando a decenas de comunidades.
“Lamentamos mucho los hechos que han sucedido en nuestro querido Guachochi, Chihuahua, son situaciones que nos indignan y nos entristecen, ya que no solamente nos hacen sentir la vulnerabilidad y la impotencia que tenemos cuando por momentos pareciera que estamos en ‘estado de guerra’, donde se habla y se manda un ‘toque de queda’, ‘suspensión de clases’, ‘cierre de negocios’, ‘no salir a la calle’”, refieren a través de este comunicado.
El municipio de Guachochi, si bien es cierto no se encuentra en los límites del territorio estatal de Chihuahua, pertenece a uno de los integrantes de lo que se conoce como el “ Triángulo Dorado”, que corresponde a Durango, Chihuahua y Sinaloa, uno de los corredores de mayor importancia para los grupos del crimen organizado, según han establecido varios especialistas en seguridad del estado como del país.
La Fiscalía General del Estado estableció que en esa zona existe una amplia presencia del Cártel de Sinaloa, que a su vez tiene una extensión al sur en Durango y al oeste colinda con el municipio de Sinaloa, donde a la vez se encuentra una gran presencia del mismo grupo criminal, que era dirigido por Joaquín “el Chapo” Guzmán, actualmente extraditado en los Estados Unidos.
Estos conflictos armados, que se generaron en Guachochi el pasado jueves por la mañana, ocasionaron que prácticamente el municipio se paralizara, ya que las clases se suspendieron, los negocios no abrieron y hasta el turismo canceló 200 reservaciones para el municipio, según confirmaron las autoridades de turismo.
Por ese motivo es que la Diócesis de Tarahumara, quien tiene representantes en toda la Sierra Tarahumara, eleva el reclamo por conseguir la paz en esta zona del estado, pues incluso cuestionan sobre si “¿dónde y cómo están creciendo nuestros niños y jóvenes? ¿Qué no tenemos un Estado de Derecho? ¿Dónde como ciudadanos se nos dan nuestras garantías individuales?”.
Como Iglesia, como creyentes, como chihuahuenses y como mexicanos dijeron que quieren y exigieron una política y una estrategia de seguridad que evite la muerte, la zozobra, el espanto y la angustia de tanta gente de la Sierra Tarahumara y en general de todo el país, pidiendo así que no debe estar en manos de grupos criminales la vida de la ciudadanía, por lo cual la sociedad civil busca y quiere la paz, y que sus tres niveles de Gobierno la escuchen y respondan a los llamados que realice para buscar una pronta solución.
A los grupos criminales, como hijos, hermanos, connacionales, paisanos, les pidieron que reflexionen, que busquen otros caminos legítimos para tener y llevar una vida digna, se pongan en un estado de conversión para que se reconozcan hijos amados de Dios y eso los lleve a deponer las armas. “La Iglesia y en general la ciudadanía, ¡no somos sus enemigos ni adversarios!, somos gente de buena voluntad que queremos y exigimos vivir en paz”, abundó.
A las autoridades, gobierno y grupos armados del crimen organizado, también como Iglesia Católica y como creyentes, les ofrecen su oración para que encuentren caminos que nos llevan a todos a la cordura y racionalidad, de vivir en un país donde a todos se nos respeten nuestras garantías individuales y nuestra dignidad humana.
Al momento, los presuntos responsables siguen a la espera de que se les presente ante un juez de Distrito para que el Ministerio Público Federal pueda integrar la carpeta correspondiente y judicializar los delitos correspondientes para que sean trasladados a una prisión en Chihuahua o en cualquier parte de la República, por ser un delito del fuero federal.
