Juan Carlos Mendoza, abogado defensor del ex gobernador César Horacio D.J. dio a conocer que durante la audiencia intermedia celebrada este 02 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia violentó el derecho a la publicidad, negando a su cliente y a la sociedad chihuahuense, el derecho de conocer de primera lo que se vivió en dicho proceso jurídico.
El jurista explicó que, en la sala de prensa, la primera parte de la audiencia intermedia fue transmitida sólo por audio, mientras que, en la segunda parte, se habilitó una pantalla en donde se transmitió una sola toma, que fue la del juez Humberto Chávez.
Por ese motivo, los representantes de los medios de comunicación no tuvieron la oportunidad de conocer a detalle quiénes eran los participantes y quiénes tomaban el uso de la palabra, pues constantemente hubo confusión si hablaba un abogado, otro, los distintos representantes del Ministerio Público o el propio imputado, así como los testigos presentados.
Esa acción originó una limitante a la hora de comunicar a los chihuahuenses lo que ocurría durante la audiencia.
“Fue un hecho extraordinario, es que por alguna razón la normal transmisión de la audiencia en la sala de prensa de la Ciudad Judicial no pudo ser vista por los representantes de los medios de comunicación que acudieron a cubrir dicha audiencia, sino que en la primera parte de la misma sólo fue transmitido el audio, mientras que en el resto de la audiencia después del primer receso sólo se transmitió el video del Señor Juez; situación que no les permitió a los reporteros el comunicar con precisión quién de los intervinientes”, expresó el jurista.
Ante dicha situación, la representación legal del ex gobernador César Horacio D.J. presentará la denuncia ante la instancia correspondiente, pues se desconoce si la falta de información y acceso a la publicidad de dicha audiencia, que violó el principio de publicidad consagrado en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se realizó con dolo.
Juan Carlos Mendoza adelantó que pudiera existir una responsabilidad administrativa grave en caso de que algún servidor público del Tribunal Superior de Justicia haya sido quien de manera dolosa, dio una probable orden para que esto ocurriera, hecho por el cual se presentará la denuncia ante la autoridad correspondiente para que sea investigado.
“Este señalamiento se hace público porque una vez más, el proceso penal de mi defendido y todo lo que le rodea, además de incumplimiento de sentencias por parte de las autoridades, violaciones al debido proceso, dilación de la justicia, resoluciones inconstitucionales y demás atropellos y violaciones a los derechos humanos siguen cada vez más en escalada, y ahora, no solo se le privan de sus derechos a él, sino incluso a la sociedad se le ha privado de su derecho al acceso al conocimiento de la impartición de justicia”, concluyó el abogado.