/ viernes 13 de julio de 2018

Cierra por inseguridad empresa de seguridad; tenía personal sin IMSS

Tras balacera en fraccionamiento del fiscal, donde dos guardias resultaron lesionadas y permanecen en el desamparo laboral

La empresa Fuerzas Especializadas Básicas o Fuerzas Especiales Básicas, que se encontraba a nombre de Alberto Pérez Cardona, ha cerrado sus operaciones en la ciudad de Chihuahua luego de que se registró la balacera en la caseta del Fraccionamiento Cantera V, el pasado mes de abril, donde dos de sus empleadas, guardias de seguridad, resultaron gravemente lesionadas.

El procurador de la Defensa del Trabajo, Rubén Acosta Félix, quien es el encargado de las dos demandas contra Alberto Pérez Cardona, explicó que el responsable se encuentra escondido o se ha escapado del estado, ya que se le ha buscado en diferentes ocasiones en su domicilio y en lo que era su negocio y no se ha localizado su paradero.

En las investigaciones que se realizan en su contra, se determinó que Alberto Pérez no tenía inscritos al régimen de trabajadores del Seguro Social a ninguno de los trabajadores de Fuerzas Especiales, o guardias de vigilancia, quienes se encontraban laborando fuera de la legalidad bajo la instrucción de su patrón.

Tampoco contaba con sistema de nómina ni algún rastro que pudiera acreditar la responsabilidad social de la empresa, por lo cual se dijo que trabajaba fuera de la legalidad y tras el atentado de hace unos meses, el dueño cerró su agencia de guardias de seguridad y dejó a la deriva a todos los trabajadores, incluyendo a las dos jovencitas que sufrieron heridas por arma de fuego.

Las guardias de seguridad en fraccionamientos de “FEB”, MarlenYassel Varela Domínguez y Jennifer Thamara Luján Flores, fueron desprotegidas y abandonadas por la empresa que las “contrató”, después de que fueran lesionadas por impactos de arma de fuego el pasado 4 de abril en las afueras de la casa del fiscal general César Augusto Peniche.

En el caso de Marlen Varela, perdió la movilidad de ambas piernas a consecuencia de los impactos de balas, mientras que Jennifer Luján resultó lesionada al recibir un impacto en el tobillo, que le ocasionó algunas lesiones que están progresando de manera favorable, pero ninguna de las dos personas se encuentra respaldada por la empresa que las tenía laborando donde estuvieron a punto de perder la vida.

El procurador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que la empresa de guardias de seguridad recolectaba a todos los trabajadores y los llevaba a sus áreas laborales, después de la misma forma los dejaba en sus domicilios y así continuaban por el resto de los días; asimismo el día del atentado las trabajadoras fueron llevadas a Cantera V, donde fueron lesionadas por un grupo armado.

Días después de que se registraron los hechos, la Secretaría realizó una reunión interinstitucional con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fiscalía General del Estado, Instituto Chihuahuense de la Mujer, Secretaría del Trabajo, a fin de buscar una alternativa que les permita incorporar a las jovencitas al Seguro Social, a fin de que reciba todas las prestaciones laborales.

El procurador explicó que no se ha realizado alguna acción en concreto para incorporar a las jovencitas a las prestaciones laborales, ya que en primera acción se necesita ubicar al patrón para emplazarlo, posteriormente se llevará ante el juez y que cumpla con las necesidades que tienen sus trabajadoras.

“Derivado a las acciones de Marlen expresóque tienen mucho miedo del hombre porque dicen que se rodea de gente peligrosa, debido a las pláticas que tienen, tienen el temor que les pueda suceder algo”, dijo.

En repetidas ocasiones se ha intentado buscar al patrón en lo que era su negocio, el cual estaría ubicado en una zona cercana a la Deportiva “Pistolas” Meneses, donde reclutaba y contrataba a los trabajadores, pero luego de los hechos, el negocio cerró y el nombre de la empresa desapareció, al igual que su dueño.

De igual forma, en el domicilio donde vivía, en la colonia Loma Monte Carlo Etapa II, sobre la calle Árbol de la Llama, no se ha ubicado al patrón Alberto Pérez, quien hasta el momento se desconoce el paradero, pero ya la Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para dar con su ubicación.

“La demanda también se ha puestoen contra de la zona residencial o de la agrupación residencial, ubicada en la avenida Tomás Valles, porque si de alguna manera la asociación de residentes recibía los servicios laborales de las señoritas, tendrán responsabilidades laborales como patrones solidarios o patrones sustitutos, ya lo determinará el tribunal; nuestra misión es perseguir, estamos agotando todos los recursos y presentando las pruebas necesarias”, comentó Rubén Acosta.

Por parte de los derechos laborales de las dos afectadas, dijo que tienen derecho a reclamar una indemnización constitucional a tres meses de su salario, el pago de su antigüedad, pago de vacaciones y aguinaldo proporcional al tiempo que laboraron, seguimiento a la atención médica y si quedan con lesiones permanentes, tendrán derecho a que se les otorgue pensión por incapacidad total o parcial, con cargo a la parte patronal que subroga el Seguro Social.

En la parte del patrón de la empresa FEB, se planea llevar a cabo un laudo en materia laboral, para que se ordene el pago de todas las prestaciones de las trabajadores, así como la indemnización de quien así lo requiera y si el patrón no cuenta con el recurso financiero, los vecinos como clientes del servicio deberán ayudar a cubrir las necesidades, explicó.

En relación con los nuevos trabajadores que desconozcan de sus intereses laborales, el procurador de la Defensa del Trabajo comentó que es necesario acudir a las instalaciones del Seguro Social para verificar que sí estén inscritos en el IMSS con su salario diario establecido, así como pedir el contrato para verificar las cláusulas laborales.

En caso de ver alguna irregularidad, pidió que se acercaran a la Secretaría del Trabajo para recibir asesoría legal de las situaciones de los trabajadores, a fin de esclarecer o resolver las cuestiones que se llegaran a presentar.


La empresa Fuerzas Especializadas Básicas o Fuerzas Especiales Básicas, que se encontraba a nombre de Alberto Pérez Cardona, ha cerrado sus operaciones en la ciudad de Chihuahua luego de que se registró la balacera en la caseta del Fraccionamiento Cantera V, el pasado mes de abril, donde dos de sus empleadas, guardias de seguridad, resultaron gravemente lesionadas.

El procurador de la Defensa del Trabajo, Rubén Acosta Félix, quien es el encargado de las dos demandas contra Alberto Pérez Cardona, explicó que el responsable se encuentra escondido o se ha escapado del estado, ya que se le ha buscado en diferentes ocasiones en su domicilio y en lo que era su negocio y no se ha localizado su paradero.

En las investigaciones que se realizan en su contra, se determinó que Alberto Pérez no tenía inscritos al régimen de trabajadores del Seguro Social a ninguno de los trabajadores de Fuerzas Especiales, o guardias de vigilancia, quienes se encontraban laborando fuera de la legalidad bajo la instrucción de su patrón.

Tampoco contaba con sistema de nómina ni algún rastro que pudiera acreditar la responsabilidad social de la empresa, por lo cual se dijo que trabajaba fuera de la legalidad y tras el atentado de hace unos meses, el dueño cerró su agencia de guardias de seguridad y dejó a la deriva a todos los trabajadores, incluyendo a las dos jovencitas que sufrieron heridas por arma de fuego.

Las guardias de seguridad en fraccionamientos de “FEB”, MarlenYassel Varela Domínguez y Jennifer Thamara Luján Flores, fueron desprotegidas y abandonadas por la empresa que las “contrató”, después de que fueran lesionadas por impactos de arma de fuego el pasado 4 de abril en las afueras de la casa del fiscal general César Augusto Peniche.

En el caso de Marlen Varela, perdió la movilidad de ambas piernas a consecuencia de los impactos de balas, mientras que Jennifer Luján resultó lesionada al recibir un impacto en el tobillo, que le ocasionó algunas lesiones que están progresando de manera favorable, pero ninguna de las dos personas se encuentra respaldada por la empresa que las tenía laborando donde estuvieron a punto de perder la vida.

El procurador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que la empresa de guardias de seguridad recolectaba a todos los trabajadores y los llevaba a sus áreas laborales, después de la misma forma los dejaba en sus domicilios y así continuaban por el resto de los días; asimismo el día del atentado las trabajadoras fueron llevadas a Cantera V, donde fueron lesionadas por un grupo armado.

Días después de que se registraron los hechos, la Secretaría realizó una reunión interinstitucional con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fiscalía General del Estado, Instituto Chihuahuense de la Mujer, Secretaría del Trabajo, a fin de buscar una alternativa que les permita incorporar a las jovencitas al Seguro Social, a fin de que reciba todas las prestaciones laborales.

El procurador explicó que no se ha realizado alguna acción en concreto para incorporar a las jovencitas a las prestaciones laborales, ya que en primera acción se necesita ubicar al patrón para emplazarlo, posteriormente se llevará ante el juez y que cumpla con las necesidades que tienen sus trabajadoras.

“Derivado a las acciones de Marlen expresóque tienen mucho miedo del hombre porque dicen que se rodea de gente peligrosa, debido a las pláticas que tienen, tienen el temor que les pueda suceder algo”, dijo.

En repetidas ocasiones se ha intentado buscar al patrón en lo que era su negocio, el cual estaría ubicado en una zona cercana a la Deportiva “Pistolas” Meneses, donde reclutaba y contrataba a los trabajadores, pero luego de los hechos, el negocio cerró y el nombre de la empresa desapareció, al igual que su dueño.

De igual forma, en el domicilio donde vivía, en la colonia Loma Monte Carlo Etapa II, sobre la calle Árbol de la Llama, no se ha ubicado al patrón Alberto Pérez, quien hasta el momento se desconoce el paradero, pero ya la Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para dar con su ubicación.

“La demanda también se ha puestoen contra de la zona residencial o de la agrupación residencial, ubicada en la avenida Tomás Valles, porque si de alguna manera la asociación de residentes recibía los servicios laborales de las señoritas, tendrán responsabilidades laborales como patrones solidarios o patrones sustitutos, ya lo determinará el tribunal; nuestra misión es perseguir, estamos agotando todos los recursos y presentando las pruebas necesarias”, comentó Rubén Acosta.

Por parte de los derechos laborales de las dos afectadas, dijo que tienen derecho a reclamar una indemnización constitucional a tres meses de su salario, el pago de su antigüedad, pago de vacaciones y aguinaldo proporcional al tiempo que laboraron, seguimiento a la atención médica y si quedan con lesiones permanentes, tendrán derecho a que se les otorgue pensión por incapacidad total o parcial, con cargo a la parte patronal que subroga el Seguro Social.

En la parte del patrón de la empresa FEB, se planea llevar a cabo un laudo en materia laboral, para que se ordene el pago de todas las prestaciones de las trabajadores, así como la indemnización de quien así lo requiera y si el patrón no cuenta con el recurso financiero, los vecinos como clientes del servicio deberán ayudar a cubrir las necesidades, explicó.

En relación con los nuevos trabajadores que desconozcan de sus intereses laborales, el procurador de la Defensa del Trabajo comentó que es necesario acudir a las instalaciones del Seguro Social para verificar que sí estén inscritos en el IMSS con su salario diario establecido, así como pedir el contrato para verificar las cláusulas laborales.

En caso de ver alguna irregularidad, pidió que se acercaran a la Secretaría del Trabajo para recibir asesoría legal de las situaciones de los trabajadores, a fin de esclarecer o resolver las cuestiones que se llegaran a presentar.


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