/ domingo 18 de febrero de 2018

Convertido en arena política el poder judicial

Panistas, Duartistas, Corralistas, priistas y académicos

El Poder Judicial de Chihuahua se ha convertido en una arena política donde se enfrentan magistrados de diferentes grupos políticos, que entre ellos son etiquetados como: priistas, panistas, duartistas, corralistas, indecisos o volubles y académicos, lo que los ha llevado a una profunda división.

Entre los magistrados con prestigio académico y sin un tinte político o de grupo están el magistrado Rogelio Guzmán Holguín, Angélica Lorena Jurado Luna, Pedro Valdez Aguirre. Y entre este grupo de académicos destaca el magistrado Pablo Héctor González, ahora integrante de la Judicatura, con fuertes raíces familiares panistas.

A los integrantes del Tribunal que ubican como “corralistas”, están la actual Secretaria del Tribunal y Secretaria Ejecutiva de la Judicatura Norma Angélica Godínez, quien tiene una cercanía con el gobernador Javier Corral. La licenciada Luz Estela Castro, también de la Judicatura del Tribunal es identificada como “barzonista-corralista”.

En las últimas semanas se han radicalizado esa confrontación con suspensiones de magistrados reconocidos como duartistas y se ha establecido una lucha jurídica que seguirá, debido a que el exgobernador César Duarte, con el pretexto de “oxigenar” el Poder Judicial, logró colocar como magistrados a varios profesionistas muy cercanos, y que ahora, por la vía jurídica y en base a observaciones y auditorías practicadas se pretende detectar irregularidades administrativas y penales.

LLEGADA DE LOS OXIGENADORES

Luego de la llegada de 13 magistrados en el 2014, quienes han sido catalogados como los “oxigenadores” del exgobernador César Duarte, hasta la fecha el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado se han disputado por los grupos políticos –como siempre ha sucedido- sin embargo ahora ha sido más notorio por el cambio del partido político en el gobierno en turno.

En el 2014, el Poder Legislativo eligió a los 13 magistrados para las salas vacantes que en ese momento existían en el TSJ, esto durante la administración estatal pasada, es decir, con César Duarte, ello bastó para que fueran etiquetados como “magistrados oxigenadores” y por el actual gobernador como los “magistrados duartistas”.

Fue en noviembre del 2014 cuando las 13 magistraturas fueron ocupadas por los nuevos magistrados nombrados por los diputados del Congreso del Estado; en ese lapso se comentó que fueron “planchados” por el PRI, pues el Revolucionario Institucional tenía la mayoría en el Legislativo, además de ser todos “palomeados” por el exgobernador, así como por negociaciones con el Partido Acción Nacional para que algunos de “sus gallos” llegaran al Pleno del TSJ. En concreto, los licenciados Luis Villegas y Rafael Quintana.

En esa fecha, los nuevos magistrados elegidos fueron:

En las salas especializadas:

Sala de Control Constitucional, Leo David Alvarado Roldán, a quien se considera como el único magistrado recomendado por el expresidente del TSJ José Miguel Salcido.

Sala de Justicia para Adolescentes, Rogelio Guzmán Holguín, reconocido como académico.

Sala de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes: duartista cien por ciento.

En Chihuahua, por lo penal;

Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvidrez: duartista de “hueso colorado”

Cuarta Sala Penal, Delia Holguín López, ya jubilada.

Quinta Sala Penal, Rafael Julián Quintana Ruiz: panista, no corralista.

Sexta Sala Penal, Héctor Javier Talamantes Abe: priista y con inclinación especial con Duarte

Primera Sala Civil, José Alfredo Fierro Beltrán: priista y ahora duartista, para escapar de posibles investigaciones. 

Tercera Sala Civil, Miriam Victoria Hernández Acosta: identificada con el grupo de Pablo Héctor González.

Séptima Sala Civil, Luis Villegas Montes: panista y anti-corralista.

Novena Sala Civil, Adela Alicia Jiménez Carrasco: en un principio era duartista y ahora se considera duartista.

En Juárez:

Segunda Sala Penal, César Fernando Ramírez Franco: duartista cien por ciento

Segunda Sala Civil, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla: duartista.

En estas fechas, los grupos políticos utilizaron al Poder Judicial como campo de batalla para posicionar a sus perfiles en alguna de las salas vacantes, hecho histórico pues se renovó el 50% del Poder Judicial, al ser renovadas 13 de las 26 magistraturas que en ese entonces existían en el Supremo Tribunal de Justicia, hoy Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, hoy de nueva cuenta, y con la creación del Consejo de la Judicatura del Estado –donde estudiosos en la materia no se explican cómo dicho consejo somete al Tribunal- el Pleno del Poder Judicial se ha convertido en un campo de batalla para que los grandes grupos políticos en el estado se disputen las magistraturas que han quedado vacantes.

En diciembre del 2017 el Poder Legislativo eligió a siete magistrados de manera provisional para ocupar igual número de magistraturas, cuatro de ellas de nueva creación y las tres restantes que habían quedado acéfalas.

Los siete nuevos magistrados, algunos provisionales –esto es, que pueden ser removidos en cualquier momento- que fueron electos, y que tomaron protesta ante el Congreso del Estado, en el Hotel Casa Grande, luego de que El Barzón interviniera la máxima tribuna del estado, son:

Cuarta Sala Penal, Ana Bercely Holguín Rojas, magistrada provisional: panista

Séptima Sala Penal, Angélica Lorena Jurado Luna, magistrada provisional: académica

Cuarta Sala Penal Regional Bravos, Carlos Alberto Martínez Beltrán: panista

Quinta Sala Penal Regional Bravos, Ilián Yasel Iradiel Villanueva Pérez: panista

Primera Sala Regional Bravos, Pedro Valdez Aguirre: reconocido como académico.

Segunda Sala Familiar Bravos, Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, magistrada provisional: panista.

Tercera Sala Penal Regional Bravos, Imelda Rodríguez Díaz: panista

Magistrada Cristina Orozco, exsecretaria de la Sala de Jiménez Castro: duartista cien por ciento.

Magistrada Miriam Hernández: duartista cien por ciento.

La disputa por las magistraturas así como por los jueces, ha sido una práctica de negociación política que ha transitado por décadas a través del Poder Legislativo, donde grupos políticos empoderados se han servido de negociaciones para controlar cierto número de posiciones en el Poder Judicial.

Tal como lo escribía el magistrado Luis Villegas en uno de sus tantos artículos de opinión, donde a letra refirió “respecto de los famosos 13 magistrados (oxigenadores les llamaron los medios; y duartistas les ha llamado Corral Jurado); cabe apuntar que:

Algunos de los actuales magistrados corralistas (¡Viva, viva!) son parte de esos 13 magistrados; y por lo menos 13 de los magistrados que no son ‘oxigenadores ni ‘duartistas’, en su momento le votaron todo a César Duarte y no se quejaron de absolutamente nada frente a él”, publicó el magistrado Villegas Montes.

Además, el magistrado en mención realizó una investigación en la cual arroja datos duros con porcentajes en cuanto a la designación de jueces, resaltando que de los 59 jueces provisionales, el 1.6% se designó en la presidencia de Rodolfo Acosta Muñoz; el 15.2% se designó en la presidencia de José Alberto Vázquez Quintero; el 18.6% se designó en la presidencia de Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes; el 23.7% se designó en la presidencia de Javier Ramírez Benítez; y el 40.6% se designó en la presidencia de José Miguel Salcido Romero.

Por lo que llega a la conclusión de que es falso que los 59 jueces fueran “producto” del presidente del TSJ que acaba de concluir su periodo y más del 80% fueron nombrados durante las cuatro presidencias anteriores.

¿Cuál es la antigüedad en el Poder Judicial de los jueces provisionales?, se pregunta Villegas. De los 59 jueces provisionales, el 77.9% tiene más de 6 años de carrera judicial; y el 22.1% tiene menos de 6 años de carrera judicial, apunta.

Además, asegura que es falso que la mayoría de los 59 jueces puedan ser reconocidos como “duartistas” pues en su inmensa mayoría se trata de funcionarios con carrera judicial muy anterior a César Duarte.

Por si fuera poco, con la creación del Consejo de la Judicatura del Estado, donde el Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombró a dos magistrados para que acompañasen al magistrado presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, como presidente del Consejo de la Judicatura, sumando dos elementos más, Luz Estela Castro Rodríguez, designada como consejera por parte del titular del Ejecutivo y a Jesús Joaquín Sotelo Mesta, designado consejero por parte del Legislativo, puestos desde luego, peleados por los tres poderes.

Con la conformación de dicho consejo, se termina por cuadrar quiénes provienen de los grupos políticos del PAN, quiénes del PRI, quiénes son corralistas, quiénes son duartistas, o quiénes han sido de los dos, según sea el caso del titular del Ejecutivo en turno.

Aunado, a la restitución de los magistrados Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quienes por amparo de un juez federal regresaron a la Cuarta Sala Familiar y Primera Sala Penal, respectivamente, luego de que el Consejo de la Judicatura les pidiera dejaran su cargo, mientras se encontraban investigaciones en su contra, ambos, parte de la “oxigenación” del 2014.

El Poder Judicial de Chihuahua se ha convertido en una arena política donde se enfrentan magistrados de diferentes grupos políticos, que entre ellos son etiquetados como: priistas, panistas, duartistas, corralistas, indecisos o volubles y académicos, lo que los ha llevado a una profunda división.

Entre los magistrados con prestigio académico y sin un tinte político o de grupo están el magistrado Rogelio Guzmán Holguín, Angélica Lorena Jurado Luna, Pedro Valdez Aguirre. Y entre este grupo de académicos destaca el magistrado Pablo Héctor González, ahora integrante de la Judicatura, con fuertes raíces familiares panistas.

A los integrantes del Tribunal que ubican como “corralistas”, están la actual Secretaria del Tribunal y Secretaria Ejecutiva de la Judicatura Norma Angélica Godínez, quien tiene una cercanía con el gobernador Javier Corral. La licenciada Luz Estela Castro, también de la Judicatura del Tribunal es identificada como “barzonista-corralista”.

En las últimas semanas se han radicalizado esa confrontación con suspensiones de magistrados reconocidos como duartistas y se ha establecido una lucha jurídica que seguirá, debido a que el exgobernador César Duarte, con el pretexto de “oxigenar” el Poder Judicial, logró colocar como magistrados a varios profesionistas muy cercanos, y que ahora, por la vía jurídica y en base a observaciones y auditorías practicadas se pretende detectar irregularidades administrativas y penales.

LLEGADA DE LOS OXIGENADORES

Luego de la llegada de 13 magistrados en el 2014, quienes han sido catalogados como los “oxigenadores” del exgobernador César Duarte, hasta la fecha el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado se han disputado por los grupos políticos –como siempre ha sucedido- sin embargo ahora ha sido más notorio por el cambio del partido político en el gobierno en turno.

En el 2014, el Poder Legislativo eligió a los 13 magistrados para las salas vacantes que en ese momento existían en el TSJ, esto durante la administración estatal pasada, es decir, con César Duarte, ello bastó para que fueran etiquetados como “magistrados oxigenadores” y por el actual gobernador como los “magistrados duartistas”.

Fue en noviembre del 2014 cuando las 13 magistraturas fueron ocupadas por los nuevos magistrados nombrados por los diputados del Congreso del Estado; en ese lapso se comentó que fueron “planchados” por el PRI, pues el Revolucionario Institucional tenía la mayoría en el Legislativo, además de ser todos “palomeados” por el exgobernador, así como por negociaciones con el Partido Acción Nacional para que algunos de “sus gallos” llegaran al Pleno del TSJ. En concreto, los licenciados Luis Villegas y Rafael Quintana.

En esa fecha, los nuevos magistrados elegidos fueron:

En las salas especializadas:

Sala de Control Constitucional, Leo David Alvarado Roldán, a quien se considera como el único magistrado recomendado por el expresidente del TSJ José Miguel Salcido.

Sala de Justicia para Adolescentes, Rogelio Guzmán Holguín, reconocido como académico.

Sala de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes: duartista cien por ciento.

En Chihuahua, por lo penal;

Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvidrez: duartista de “hueso colorado”

Cuarta Sala Penal, Delia Holguín López, ya jubilada.

Quinta Sala Penal, Rafael Julián Quintana Ruiz: panista, no corralista.

Sexta Sala Penal, Héctor Javier Talamantes Abe: priista y con inclinación especial con Duarte

Primera Sala Civil, José Alfredo Fierro Beltrán: priista y ahora duartista, para escapar de posibles investigaciones. 

Tercera Sala Civil, Miriam Victoria Hernández Acosta: identificada con el grupo de Pablo Héctor González.

Séptima Sala Civil, Luis Villegas Montes: panista y anti-corralista.

Novena Sala Civil, Adela Alicia Jiménez Carrasco: en un principio era duartista y ahora se considera duartista.

En Juárez:

Segunda Sala Penal, César Fernando Ramírez Franco: duartista cien por ciento

Segunda Sala Civil, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla: duartista.

En estas fechas, los grupos políticos utilizaron al Poder Judicial como campo de batalla para posicionar a sus perfiles en alguna de las salas vacantes, hecho histórico pues se renovó el 50% del Poder Judicial, al ser renovadas 13 de las 26 magistraturas que en ese entonces existían en el Supremo Tribunal de Justicia, hoy Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, hoy de nueva cuenta, y con la creación del Consejo de la Judicatura del Estado –donde estudiosos en la materia no se explican cómo dicho consejo somete al Tribunal- el Pleno del Poder Judicial se ha convertido en un campo de batalla para que los grandes grupos políticos en el estado se disputen las magistraturas que han quedado vacantes.

En diciembre del 2017 el Poder Legislativo eligió a siete magistrados de manera provisional para ocupar igual número de magistraturas, cuatro de ellas de nueva creación y las tres restantes que habían quedado acéfalas.

Los siete nuevos magistrados, algunos provisionales –esto es, que pueden ser removidos en cualquier momento- que fueron electos, y que tomaron protesta ante el Congreso del Estado, en el Hotel Casa Grande, luego de que El Barzón interviniera la máxima tribuna del estado, son:

Cuarta Sala Penal, Ana Bercely Holguín Rojas, magistrada provisional: panista

Séptima Sala Penal, Angélica Lorena Jurado Luna, magistrada provisional: académica

Cuarta Sala Penal Regional Bravos, Carlos Alberto Martínez Beltrán: panista

Quinta Sala Penal Regional Bravos, Ilián Yasel Iradiel Villanueva Pérez: panista

Primera Sala Regional Bravos, Pedro Valdez Aguirre: reconocido como académico.

Segunda Sala Familiar Bravos, Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, magistrada provisional: panista.

Tercera Sala Penal Regional Bravos, Imelda Rodríguez Díaz: panista

Magistrada Cristina Orozco, exsecretaria de la Sala de Jiménez Castro: duartista cien por ciento.

Magistrada Miriam Hernández: duartista cien por ciento.

La disputa por las magistraturas así como por los jueces, ha sido una práctica de negociación política que ha transitado por décadas a través del Poder Legislativo, donde grupos políticos empoderados se han servido de negociaciones para controlar cierto número de posiciones en el Poder Judicial.

Tal como lo escribía el magistrado Luis Villegas en uno de sus tantos artículos de opinión, donde a letra refirió “respecto de los famosos 13 magistrados (oxigenadores les llamaron los medios; y duartistas les ha llamado Corral Jurado); cabe apuntar que:

Algunos de los actuales magistrados corralistas (¡Viva, viva!) son parte de esos 13 magistrados; y por lo menos 13 de los magistrados que no son ‘oxigenadores ni ‘duartistas’, en su momento le votaron todo a César Duarte y no se quejaron de absolutamente nada frente a él”, publicó el magistrado Villegas Montes.

Además, el magistrado en mención realizó una investigación en la cual arroja datos duros con porcentajes en cuanto a la designación de jueces, resaltando que de los 59 jueces provisionales, el 1.6% se designó en la presidencia de Rodolfo Acosta Muñoz; el 15.2% se designó en la presidencia de José Alberto Vázquez Quintero; el 18.6% se designó en la presidencia de Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes; el 23.7% se designó en la presidencia de Javier Ramírez Benítez; y el 40.6% se designó en la presidencia de José Miguel Salcido Romero.

Por lo que llega a la conclusión de que es falso que los 59 jueces fueran “producto” del presidente del TSJ que acaba de concluir su periodo y más del 80% fueron nombrados durante las cuatro presidencias anteriores.

¿Cuál es la antigüedad en el Poder Judicial de los jueces provisionales?, se pregunta Villegas. De los 59 jueces provisionales, el 77.9% tiene más de 6 años de carrera judicial; y el 22.1% tiene menos de 6 años de carrera judicial, apunta.

Además, asegura que es falso que la mayoría de los 59 jueces puedan ser reconocidos como “duartistas” pues en su inmensa mayoría se trata de funcionarios con carrera judicial muy anterior a César Duarte.

Por si fuera poco, con la creación del Consejo de la Judicatura del Estado, donde el Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombró a dos magistrados para que acompañasen al magistrado presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, como presidente del Consejo de la Judicatura, sumando dos elementos más, Luz Estela Castro Rodríguez, designada como consejera por parte del titular del Ejecutivo y a Jesús Joaquín Sotelo Mesta, designado consejero por parte del Legislativo, puestos desde luego, peleados por los tres poderes.

Con la conformación de dicho consejo, se termina por cuadrar quiénes provienen de los grupos políticos del PAN, quiénes del PRI, quiénes son corralistas, quiénes son duartistas, o quiénes han sido de los dos, según sea el caso del titular del Ejecutivo en turno.

Aunado, a la restitución de los magistrados Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quienes por amparo de un juez federal regresaron a la Cuarta Sala Familiar y Primera Sala Penal, respectivamente, luego de que el Consejo de la Judicatura les pidiera dejaran su cargo, mientras se encontraban investigaciones en su contra, ambos, parte de la “oxigenación” del 2014.

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