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El Gobierno del Estado interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que revise la actuación del Juez de Distrito que vinculó a proceso a los tres jóvenes detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional el 7 de septiembre, luego de participar en la manifestación en la presa La Boquilla.
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La información la compartió el gobernador Javier Corral Jurado, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado y al responder las inquietudes y denuncias que sobre este caso fueron planteadas ante el Pleno por la diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos.
El mandatario dijo que instruirá al Consejero Jurídico para que el Gobierno del Estado de Chihuahua presente la queja y se revise la actuación del Juez de Distrito que ha hecho la vinculación a proceso de los tres jóvenes detenidos.
“Tenemos que decir las cosas como son –añadió– reconocer cuando se actúa bien, pero también cuando las actuaciones son muy forzadas o están a contracorriente o contra Constitución o Ley, y en este caso también en contra de los Tratados Internacionales que México ha suscrito”.
Javier Corral señaló que también se preparará un escrito de queja ante el Consejo de la Judicatura para que se revise el dictamen pericial que clasificó las latas de humo como armas de fuego, ante lo que consideran una investigación forzada.
“Creemos que desde la selección misma del perito, que proviene fundamentalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha conducido una investigación de manera forzada, y esto no lo podemos permitir”, explicó.
En su intervención, la legisladora Georgina Bujanda exigió al Gobierno Federal que dé explicaciones en torno al expediente de los jóvenes, caso por el cual aún no hay responsables detenidos.
“Todos los derechos y disposiciones legales les fueron violados a Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Lechuga Márquez, y no los vamos a olvidar”, destacó.
Señaló que el Gobierno Federal no solo ha pretendido obligar al estado de Chihuahua a lo imposible en el tema del agua, también suma graves violaciones al Pacto Federal, al federalismo cooperativo, a la democracia, pero principalmente a los Derechos Humanos, a la seguridad ciudadana, a la paz y al acceso a la justicia.
El gobernador Javier Corral dijo coincidir plenamente con el planteamiento de la diputada del PAN en torno de la preocupación en materia de seguridad pública y la descoordinación que se ha formulado por parte del Gobierno de la República.
“Este es el tema, insisto, que también me preocupa de manera trascendental, el de la seguridad pública. La decisión del Gabinete de Seguridad tiene una trascendencia y una significación no solo para el sistema federal sino para el régimen democrático”, enfatizó el mandatario estatal.
La diputada Bujanda consideró que se vive una situación insólita, donde un mandatario federal, la más alta figura política del país, lejos de condenar los ataques a su pueblo y defenderlo, lo sigue embistiendo.
“Primero han vaciado nuestras presas, han criminalizado las protestas, se cometió una presunta ejecución extrajudicial, así como homicidio en grado de tentativa y tenemos tres detenidos injustamente”, expresó la diputada.
Calificó como graves los hechos y condenó que la Guardia Nacional custodie las presas en lugar de abonar en la seguridad para el estado de Chihuahua
“Nos han dado la espalda en materia de Seguridad Ciudadana faltando al mandato constitucional que obliga la coordinación contenida en el Artículo 21. Lo que queremos las y los chihuahuenses es que se nos informe el estado que guardan las carpetas de investigación contra los elementos de la Guardia Nacional que atacaron a la pareja Torres Silva”, explicó.
Bujanda sugirió acudir ante instancias internacionales para que se garantice la coordinación y el derecho de todos a la seguridad.
“Incluso se requiere checar quién ordenó el abandono de las autoridades de la Mesa de Coordinación y Construcción de la Paz en el estado, porque eso implicaría una responsabilidad porque el abandono no es a la autoridades del estado sino contra la población civil”, destacó.
Recordó que el día 7 de septiembre 2020 se detuvo arbitrariamente a tres chihuahuenses, que ejerciendo su derecho a manifestarse fueron privados de su libertad.
Dijo que al analizar los hechos, los agricultores estuvieron 13 horas detenidos e incomunicados.
Consideró que este hecho hubiera bastado para que se cayera el caso, incluso para que se les aplicara el Protocolo Estambul y para que se integraran carpetas de investigación en contra de los elementos de la Guardia Nacional que los tenían retenidos sin ponerlos a disposición del Ministerio Público.
El informe policial homologado –indicó–contiene una serie de absurdos que la defensa de los tres chihuahuenses combatió con argumentos y donde propuso que se tratara de una medida cautelar distinta, fueron desestimados por el juez de control.
“A pesar de todas esas violaciones, el movimiento de las y los agricultores no solo no se ha parado, sino que se ha sostenido heroicamente. Unámonos a los chihuahuenses en esta lucha”, expresó.
Reiteró que las y los integrantes del Congreso del Estado exigen justicia y no se van a quedar de brazos cruzados.
“No vamos a permitir presos políticos, no vamos a descansar hasta que sean liberados”, dijo la diputada.
Conminó al gobernador a ir juntos en esta lucha contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la defensa legítima del agua, la autonomía y el derecho a la seguridad.
