/ martes 25 de mayo de 2021

Crimen organizado, amenaza para bosques; devastador como la sequía

Alianza Sierra Madre denuncia que grupos criminales provocan incendios forestales para erradicar ejidos en zona sur del estado

La asociación civil Alianza Sierra Madre alertó sobre la devastación en los bosques del estado de Chihuahua, particularmente de la zona sur, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde los predios son atacados con incendios forestales provocados, como medida para erradicar el sistema de ejidos.

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El área de trabajo es en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el extremo sur del estado de Chihuahua, que tiene como fronteras las colindancias con Durango y Sinaloa. Las áreas de mayor influencia son Coloradas de la Virgen y Choreachi.

La mayor urgencia en temas ambientales, es la falta de lluvias, lo que provoca incendios más agresivos. Además de la necesidad trabajar con las personas de las comunidades por medio de estímulos, que fomenten la autoconservación y cuidado de los bosques, que han sido el territorio ancestral de las culturas indígenas.

De acuerdo con la asociación, la tala clandestina es un problema conocido por mucha gente, con una peligrosa concentración en los municipios de Guachochi, Bocoyna, y Guadalupe y Calvo.

“Es una manera de deshacerse de los ejidos, también por eso, son los incendios que provocan –intencionalmente-, para deshacerse de los ejidos que le quedan al bosque, cuando lo derriben. Es un problema que tiene de cinco años para acá, tal vez más. Es por el comercio de la madera, no es que quieran adueñarse de los ejidos, simple y sencillamente, es la manera de tener más ingresos, en la diversificación de las actividades ilícitas de esas personas que controlan las regiones, encontraron el modo de tener un nuevo mercado”, detalló, al tiempo que acotó que las especies afectadas en la tala son de encino y pino, siendo esta última la mayor traficada.

*Justicia a medias para activistas*

La captura de los responsables materiales por las pérdidas de las vidas de activistas defensores del territorio fue calificada como una justicia a medias, pues continúan impunes los autores intelectuales, y con ellos, el riesgo de continuar sufriendo el embate del crimen organizado que descubrió en la tala clandestina una nueva forma de negocio, al comercializar las maderas de pino y encino.

En los últimos años, han perdido la vida por esta causa Juan Ontiveros, de Pino Gordo, en la región de Choreachi; Isidro Baldenegro, de Coloradas de la Virgen; y el más reciente e Julián Carrillo, también de Coloradas de la Virgen, quienes lucharon por la defensa de su territorio, en la que se incluye la protección de los bosques, su hogar ancestral y el de sus comunidades ralámuli y odame.

Ante la pregunta de si ha habido justicia por estos crímenes, una persona originaria del territorio y quien prefirió reservar su identidad, respondió que sólo justicia a medias.

“En el caso de Julián ha habido una justicia a medias, porque los autores materiales están en la cárcel con una sentencia, pero de los intelectuales no sabemos, no hablan mucho de eso. En el caso de Juan Ontiveros, está por iniciar el juicio: hay una persona detenida, falta uno de los autores, pero igual está”, informó.

En ese sentido señaló que lo que se pide a las autoridades competentes es dar con los autores intelectuales, porque si no la agresión va a continuar, y el que quiera alzar la voz va a correr el mismo riesgo. Mientras no se encuentre y castigue a los autores intelectuales, es una justicia a medias.

En la preservación del bosque, manifestó que la labor es conjunta entre gobierno y habitantes de la sierra, y destacó que se debe involucrar a las comunidades, en una creación de conciencia de cuidar el lugar donde moran.

“Nuestros abuelos sí cuidaban mucho el bosque, y desde que se crean dependencias, la gente espera que ellos hagan la labor, y las personas de los territorios, no lo hacen. Por ejemplo, en el tema de los incendios, protegían y cuidaban bien a los chavos que no provocaran incendios, y si había un incendio, lo combatían. Y ahora se esperan a que lleguen las cuadrillas que son pagadas, y que perciben un sueldo”.

Por parte de la Alianza Sierra Madre, ha brindado acompañamiento e impulsado medidas de protección desde el año 2013. Además, durante el pasado 2020 se tuvo una intervención de educación ambiental en una zona de control. Sin embargo, por la pandemia resultó imposible dar seguimiento a la capacitación en prevención y control. El acercamiento es con integrantes de comunidades indígenas ralámuli y ódame.

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El área de trabajo es en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el extremo sur del estado de Chihuahua, que tiene como fronteras las colindancias con Durango y Sinaloa. Las áreas de mayor influencia son Coloradas de la Virgen y Choreachi.

La mayor urgencia en temas ambientales, es la falta de lluvias, lo que provoca incendios más agresivos. Además de la necesidad trabajar con las personas de las comunidades por medio de estímulos, que fomenten la autoconservación y cuidado de los bosques, que han sido el territorio ancestral de las culturas indígenas.

De acuerdo con la asociación, la tala clandestina es un problema conocido por mucha gente, con una peligrosa concentración en los municipios de Guachochi, Bocoyna, y Guadalupe y Calvo.

“Es una manera de deshacerse de los ejidos, también por eso, son los incendios que provocan –intencionalmente-, para deshacerse de los ejidos que le quedan al bosque, cuando lo derriben. Es un problema que tiene de cinco años para acá, tal vez más. Es por el comercio de la madera, no es que quieran adueñarse de los ejidos, simple y sencillamente, es la manera de tener más ingresos, en la diversificación de las actividades ilícitas de esas personas que controlan las regiones, encontraron el modo de tener un nuevo mercado”, detalló, al tiempo que acotó que las especies afectadas en la tala son de encino y pino, siendo esta última la mayor traficada.

*Justicia a medias para activistas*

La captura de los responsables materiales por las pérdidas de las vidas de activistas defensores del territorio fue calificada como una justicia a medias, pues continúan impunes los autores intelectuales, y con ellos, el riesgo de continuar sufriendo el embate del crimen organizado que descubrió en la tala clandestina una nueva forma de negocio, al comercializar las maderas de pino y encino.

En los últimos años, han perdido la vida por esta causa Juan Ontiveros, de Pino Gordo, en la región de Choreachi; Isidro Baldenegro, de Coloradas de la Virgen; y el más reciente e Julián Carrillo, también de Coloradas de la Virgen, quienes lucharon por la defensa de su territorio, en la que se incluye la protección de los bosques, su hogar ancestral y el de sus comunidades ralámuli y odame.

Ante la pregunta de si ha habido justicia por estos crímenes, una persona originaria del territorio y quien prefirió reservar su identidad, respondió que sólo justicia a medias.

“En el caso de Julián ha habido una justicia a medias, porque los autores materiales están en la cárcel con una sentencia, pero de los intelectuales no sabemos, no hablan mucho de eso. En el caso de Juan Ontiveros, está por iniciar el juicio: hay una persona detenida, falta uno de los autores, pero igual está”, informó.

En ese sentido señaló que lo que se pide a las autoridades competentes es dar con los autores intelectuales, porque si no la agresión va a continuar, y el que quiera alzar la voz va a correr el mismo riesgo. Mientras no se encuentre y castigue a los autores intelectuales, es una justicia a medias.

En la preservación del bosque, manifestó que la labor es conjunta entre gobierno y habitantes de la sierra, y destacó que se debe involucrar a las comunidades, en una creación de conciencia de cuidar el lugar donde moran.

“Nuestros abuelos sí cuidaban mucho el bosque, y desde que se crean dependencias, la gente espera que ellos hagan la labor, y las personas de los territorios, no lo hacen. Por ejemplo, en el tema de los incendios, protegían y cuidaban bien a los chavos que no provocaran incendios, y si había un incendio, lo combatían. Y ahora se esperan a que lleguen las cuadrillas que son pagadas, y que perciben un sueldo”.

Por parte de la Alianza Sierra Madre, ha brindado acompañamiento e impulsado medidas de protección desde el año 2013. Además, durante el pasado 2020 se tuvo una intervención de educación ambiental en una zona de control. Sin embargo, por la pandemia resultó imposible dar seguimiento a la capacitación en prevención y control. El acercamiento es con integrantes de comunidades indígenas ralámuli y ódame.

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