Delicias.- José Ramírez Licón, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada unidad San Pedro, salió ayer en defensa de la mesa directiva del módulo 7 al aprobar el trabajo realizado en esta asociación de usuarios, luego que parte de sus integrantes votaran el domingo por destituir al presidente y al gerente, a quienes acusan de hacer malos manejos.
El también alcalde del municipio de Rosales consideró que el módulo ha avanzado, pues recordó que la mesa directiva a la que pretendieron destituir los usuarios halló al inicio de su gestión un adeudo por siete millones de pesos, el cual se ha reducido.
“Y (Raúl Vázquez) ha hecho buen trabajo, para mí no sé, para los usuarios del módulo 7 cómo esté trabajando, tendríamos que darnos una vueltecita para allá”, dijo.
Puntualizó que el fin de semana se encontraba en los Estados Unidos, por lo que no pudo estar presente en la asamblea del módulo. Sin embargo, dijo saber que hay un conflicto entre los usuarios y la mesa directiva.
“Desconozco qué es lo que sigue, alguien comentó que estaban pidiendo la destitución de la directiva que es la que encabeza Raúl (Vázquez), pero de ahí para allá no sé”, declaró Ramírez Licón, quien además aseguró que hasta el momento, como presidente de la SRL, no ha recibido ninguna notificación en la que se desconozca a Vázquez.
“No creo que lo puedan destituir, no sé hasta qué punto traigan el problema, el conflicto, pero no creo que así puedan… tendría que ser algo bastante grande, a lo mejor movimientos por otro lado… Yo no estuve presente ahí en la reunión, pero pues creo que es difícil que pase eso (la destitución)”, externó.
De igual manera, Ramírez opinó que el conflicto dentro del módulo obedece a “razones políticas” y que los adversarios de Raúl Vázquez son los inconformes.
Usuarios del módulo denunciaron hace días la venta ilegal de derechos de agua a propietarios de lotes Padua, que no tienen derecho a recibir el recurso hídrico, lo cual motivó el descontento de una parte de los agricultores que votaron por la destitución de la mesa directiva.
Los quejosos señalaron que los integrantes de la directiva, al lucrar con la venta de derechos, habrían obtenido recursos que superan los 120 millones de pesos, por lo que han interpuesto al menos una decena de demandas penales ante la PGR.
