Tras una denuncia ciudadana, Andrea N., víctima de acoso e injusticia social, asegura que entre la agiotista Rosa Isela Chavira, el abogado César Beltrán y la juez Primero de lo Civil, María Teresa García Mata, existen negociaciones turbias; pues a pesar de la evidencia la juez insiste en quitarle, de manera indefinida, cierto porcentaje de su sueldo, siendo que la deuda quedó liquidada años atrás.
Hace cuatro años, en mayo de 2014, Andrea decidió contactar a Rosa Isela Chavira a través de Facebook, donde dicha persona se publicitaba como agiotista, con el fin de pedir prestado. “Yo le presto los 10 mil, pero pido algo a cambio y cobro el 10% de interés”, dijo Rosa. Andrea por su parte decidió dejarle la factura de su automóvil como aval del préstamo.
Ese mismo año, el esposo de Andrea, Pedro, hizo un nuevo contacto con la agiotista con el fin de pedir, bajo su nombre, otros 10 mil pesos, en dicho acuerdo se pactó el pago de mil pesos por mes hasta acabar con la deuda.
En diciembre, Andrea liquida su préstamo a través de un depósito bancario por la cantidad de 12 mil pesos y a partir de ahí tanto Andrea como su esposo no volvieron a saber nada de Rosa. “Llegado el 2015, fuimos a buscarla a su casa en Semana Santa y se había cambiado de vivienda y nadie sabía de ella. Se nos hizo muy raro porque le debíamos dinero, pero ella desapareció”, asegura Andrea.
Después de varios intentos por localizarla, en enero de 2016, Rosa se apareció sin previo aviso en el trabajo del esposo, el cual en ese momento le abonó 5 mil pesos a la cuenta pendiente. “Ella me dijo que hiciéramos un nuevo pagaré, por lo que hicimos otro por 5 mil”, asegura Pedro.
Meses más tarde, en julio de ese mismo año, la agiotista interpone una demanda en contra de Pedro con el pagaré antiguo, el cual hace cobrable alterando fechas, y números.
“Cuando hicimos contacto con ella le preguntamos por qué nos estaba demandando si nosotros siempre estuvimos en la mejor disposición de seguir pagando, pues nosotros jamás nos negamos a pagarle”, afirma Andrea.
Según Rosa, la demanda fue porque aún se le debían 15 mil pesos, a lo cual, Andrea para no involucrarse en más problemas accedió a pagárselos en mensualidades ya que por el momento no contaba con dicha cantidad, sin tener conocimiento de que a ella también la tenía demandada.
“En una conversación de WhatsApp, ella me pone: ‘En efecto, el que me debe es su esposo, usted me pagó el 19 de diciembre, yo creo que lo de su esposo fue error de dedo”, comenta Andrea.
Llegado el mes de octubre, el abogado César Beltrán decide emplazar a Andrea directamente en su trabajo, junto con una actuaria, la cual le dijo directamente a Andrea: “Yo me encargo de que a usted le retengan el 30% de su salario porque me cayó mal su actitud”.
“Me ofendieron, me maltrataron y tengo testigos de todo, sin embargo esto ya se salió de control y he perdido todo”, asegura con un nudo en la garganta la afectada. “Al hablar con la agiotista y preguntarle el porqué de sus actos me comentó que todo se haría por ley y que yo se la pela$#%”/, porque el juez, supuestamente es familiar de ella… también me dijo que había caído justo donde ella quería”.
Para Andrea, dicha situación le generó problemas de todo tipo, pues a raíz de eso, la corrieron de su trabajo, embargaron algunos artículos de su casa y cayó en una delicada situación de salud ocasionada por el estrés, terminando con un paro cerebral.
Al presentar las pruebas de pago por parte de Andrea y ver todos los comprobantes, conversaciones de texto y pagarés, la juez María Teresa García Mata, inapelablemente declinó todas las pruebas, pues según lo establecido no procedían o no daban a lugar, dando todo para atrás, inclusive cuando el abogado de la acusada pidió un amparo.
A pesar de tener testigos presenciales, y las pruebas correspondientes, la juez aceptó un pagaré alterado, levantando sospechas de una posible corrupción por parte de ellos.
“El embargo que me hicieron se realizó con violencia, los policías interrumpieron a mi casa con maltrato y empujones, especificando que el embargo era por la situación de mi esposo, pero que tarde o temprano caería yo con ellos, que porque la gente del juzgado era muy allegada al abogado”, comenta la afectada.
“Nosotros ya no teníamos nada, nos quedamos sin trabajo, y a raíz de eso el abogado nos seguía a todos lados, a la escuela de nuestros hijos, de repente se nos aparecía en el supermercado, nos acosaba todo el tiempo. Cuando no estábamos en la casa llegaba con mi hija y le decía que nos dijera que pagáramos, que le iba a cargar la fregada y quería saber dónde trabajábamos”, asegura.
“Yo no tengo problemas, yo no tenía problemas, hasta que comenzó a acosarme, y ahorita se me perforó el oído, no tengo fuerza en mi mano izquierda y mi pierna se me enchueca por lo que tengo que usar bastón. Ahorita mi situación está muy complicada porque nadie me ayuda, nadie me dice qué hacer para salir de esta situación construida en una farsa. Inclusive nosotros hablamos con el abogado y le dijimos que le pagamos ya esos 10 mil que según debemos, que es preferible a que me retengan mi sueldo de manera indefinida, mi esposo no trabaja y mi empleo es con lo que mantengo a mis hijos y a la casa y aunque no es mucho, nos alcanza”, comparte Andrea.
Ante la situación, el abogado respondió que no, que él sacaría el triple o más de los 10 mil de la deuda original. Al hablar nuevamente con la agiotista, para tratar de hacerla entrar en razón, por todo lo que esto había ocasionado, Rosa Isela aseguró que ella pensó que ya se había acabado, pues según ella la demanda ya no seguía.
“Es algo que quieren cobrar que yo no debo. No sé si la juez se dedique a esto, que se preste a llevar más casos y no sé cuántos más tenga. Esto ya mermó mi salud, la tranquilidad de mis hijos y ya no puedo más. Ya no sé qué hacer, con quién ir, yo sólo quiero vivir mi vida tranquila”, dice angustiada.
En diferentes pruebas, tanto gráficas como auditivas que obran en poder de esta redacción se escucha a dicha jueza asegurar que el pagaré sí está alterado, pero aún así continuarían con la demanda.
Hace algunos años acusaron por primera vez a la juez civil ante Supremo Tribunal por legitimar pagaré alterado
Según información publicada, el comerciante Francisco Javier Guevara Fernández, y su esposa, Norma Arreola Lugo, interpusieron un recurso de queja ante la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), en contra de la juez Primero de lo Civil, María Teresa García Mata, a quien señalaban de haber saboteado todas las pruebas presentadas en el juicio ejecutivo mercantil (220/2012), la cita juzgadora realizó, entre ellas, desechar totalmente un peritaje que arrojó que el pagaré que fue firmado como aval por la señora Norma Arreola Lugo, fue alterado.
En el escrito, la pareja declara que la juez García Mata mostró una notoria parcialidad a favor de la contraparte (quienes se dedican a prestar dinero con altos intereses), además de una entrañable amistad con el abogado Fidel León Pérez, quien representa a la C. Norma Alicia Contreras Tavárez, prestamista y a quien le fue firmado el citado pagaré el 18 de agosto de 2010.
Cabe mencionar que no obstante, tras haber saboteado como pudo las pruebas presentadas, a la parte contraria se le admitió pruebas a destiempo, facilitando todas las cuestiones necesarias para llevar una defensa más adecuada de su caso.
Tal pareciera ser el mismo caso, pero con fechas y personas diferentes. Una pareja que pide dinero a un agiotista, quien después desecha un pagaré, el cual, más tarde sería alterado y legitimado como prueba en un tribunal.
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